Por ANTONIO MOLINA.
• Como pocas veces, estamos a un tris de una dictadura por la terquedad de políticos ambiciosos de poder, por un indolente presidente y una Asamblea que se precia de construir “inteligentemente” una canallada jurídica.
O sea que, porque este país es una Republiqueta de Papel donde impera el principio del “Qué chu…”, un Saquicela cualquiera y los nueve predestinados integrantes de lo que hacen llamar “la Corte de Cortes”, pueden hacer y deshacer de la Constitución y leyes de la república y poner patas arriba a toda una nación porque a un par de pillos redomados se les ocurrió la genialidad jurídica de dar un golpe de Estado usando la misma ley y utilizando al Parlamento, que es la principal fuente del Derecho. ¡Por Dios!
La norma vigente determina que “la Corte Constitucional (CC) es el máximo órgano de control e interpretación de la Constitución y de la administración de justicia constitucional encargada de garantizar la supremacía y vigencia de la Constitución”: el relato es uno, la inacción, otra. Saquicela y el resto de asambleístas saben que esta norma rige, ahora, en estos momentos, pese a lo cual convoca al Plenario para tratar el juicio político (No el informe motivado que ya había sustanciado el juicio) contra el presidente de la República y decidir, por mayoría simple, como así ocurrió (88 votos a favor, 23 en contra y cinco abstenciones).
Debió abrir los debates y decidir qué hacer con el Informe de la Comisión de Fiscalización que ordenaba NO enjuiciar a Lasso políticamente por peculado porque, durante la sustentación del proceso, o sea en la presentación de pruebas, NO presentaron el CONTRATO a través del cual fue consumado el peculado para beneficio del presidente o de terceros. El plenario debió decidir qué hacer con un Informe NO aprobado, cuyo texto señala que durante el trámite del juicio no se pudo demostrar que el presidente Lasso haya sido parte de una estructura delictuosa para la alzarse con los fondos del Estado.
Con esta jugada política –pero anti jurídica— el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela , se garantiza su cargo por 2 años más, figurando desde ya como candidato de UNES, partido de Rafael Correa y del PSC “correísta”, que esperan echarlo a Lasso del cargo hasta el sábado 20 de mayo próximo.
Este atentado al Derecho, consumado por el Parlamento, es una canallada jurídica jamás registrada en el país, que tiene la garantía plena de una Corte Constitucional, también contaminada por la corrupción a la que se la puede acusar de prevaricato, porque sabiendo que Saquicela y los legisladores coludidos están violando la Constitución y su propio Dictamen de Admisibilidad del juicio, donde hace observaciones y recomendaciones, que NO se han cumplido y que, más bien, con ellas se han limpiado el trasero.
De qué ha valido que la CC, en su Dictamen de Admisibilidad (Punto 98), haya dispuesto que “bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad, la CC exhorta a la Asamblea Nacional actuar con extrema responsabilidad en observancia de la Constitución y la ley en este juicio político”, si el plenario --en su resolución de continuar tratando el juicio político para juzgar al presidente Lasso-- dice que “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos “pools” de empresas” con las que FLOPEC mantenía relaciones contractuales… Ese texto es ya de por sí una sentencia, emitida antes de volver a analizar el enjuiciamiento a Lasso. ¿Para qué iniciar el juicio?
Si la CC no obliga a la Asamblea Nacional a respetar la Constitución y las leyes orgánicas de la Función Legislativa y de Garantías jurisdiccionales y control constitucional, no nos quejemos de que el mismo día que la Asamblea renueve sus autoridades, la soldadesca desaloje Carondelet y el Palacio Legislativo porque no nos gusta vivir en democracia o estamos agotados del sainete.
