Un llamado al Dr. Alí Lozada Prado
CORTE CONSTITUCIONAL PERSISTE EN FALLO INMORAL CONTRA JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Un hecho que repudia todo el país, es la sentencia de los magistrados de la anterior Corte Constitucional -que presidió Hernán Salgado- al dejar sin jubilación complementaria a centenas de ex docentes y empleados administrativos de la Universidad de Guayaquil, que laboraron más de 30,40 y 50 años en la institución.
Esta situación demuestra -entre otros casos- la amoralidad del sistema judicial de la nación, puesto que es inconcebible que los llamados a “administrar” justicia, irrespeten la Constitución y Leyes de la república; pero la practican a su antojo, perjudicando a los pobres de la patria, que dedicaron sus vidas por el desarrollo de la nación.
¡Y no es justo que nos paguen así!!
Los ancianos jubilados de la gloriosa Universidad de Guayaquil, públicamente, demandan al Doctor Alí Lozada Prado y los tres nuevos miembros de este organismo, la REVISIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL, ILEGAL Y ARBITRARIA RESOLUCIÓN, emitida por su antecesor, porque perjudica a cientos de adultos mayores, algunos con enfermedades catastróficas.
Uno de los más perjudicados en esta perversa resolución, es el doctor Vicente Cruz Ordóñez, quien trabajó 34 años en la docencia secundaria y universitaria, hoy jubilado y enfermo, operado 16 veces, entre ellas una prostatectomía radical por cáncer, una peritonitis, 5 uretrotomías internas, 2 menisceptomías, 3 por dos fallas médicas, 2 prótesis y otras que no recuerda, que, ahora mismo, le impiden caminar y como resultado del covid-19, está sordo.
Son muchos los jubilados que han muerto porque no tuvieron como comprar las medicinas para su tratamiento, porque las “genéricas” que da el gobierno a través del IESS, no sirven para nada y no hay en la farmacia porque se las robaron.
A situaciones así, la Corte Constitucional responde con tozudez e indiferencia al trabajador, al hombre común, que es el sujeto de justicia, cuando son los llamados, a hacer cumplir lo estipulado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aprobada el 10 septiembre 2009 y publicado en el Registro Oficial el 22 de octubre del mismo año, con el fin de garantizar justicia y paz social en el sistema laboral ecuatoriano.
Los mediocres que viven “vendiendo” justicia para sus propios intereses, deben ser destituidos de inmediato pues son y fueron escogidos a dedo, gente sin escrúpulos y sin conocer los sagrados postulados del derecho, por eso es que se dedican a llenarse los bolsillos con dinero mal habido descomponiendo la sociedad e irrespetando la Ley.
El reglamento de Jubilación institucional lo aprobó el Consejo universitario de la Universidad de Guayaquil, en el año 1990, hace 32 años, y jamás mereció observación alguna de parte de la Contraloría, porque su accionar estaba direccionado responsablemente bajo la observancia irrestricta de la Carta Magna y leyes vinculantes de un estado de Derecho, por lo tanto, es justo que se nos cancele lo que por Ley nos corresponde.
¿Cómo es posible, que quienes se reúnen en la Corte Constitucional, decidan a quiénes pagar la jubilación complementaria y a quiénes no, poniendo un tope de períodos, cuando es al patrono quién le corresponde?
Exigimos la revocatoria inmediata de esta sentencia discriminatoria, considerando que los ecuatorianos necesitamos transparencia en sus resoluciones.
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