PUBLICIDAD EN LAS SENTENCIAS DE MÉXICO

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Desde el mes de abril del año 2019, se colocó sobre la Tribuna la propuesta de reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (cuyo objeto es establecer las bases y los principios generales al procedimiento para garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información) a efecto de darle publicidad a todas las sentencias para garantizar el acceso a toda la información y la transparencia de las sentencias contribuyendo así a ventilar y prevenir violaciones y conductas contrarias a la ley brindando una mejor impartición de justicia, sobre todo a grupos vulnerables carente de medios suficientes, consolidando así el derecho a la información.  

Recordemos que en México las únicas sentencias públicas son las que se emiten en materia de Amparo y que pueden ser consultadas en la página del Consejo de la Judicatura, y aquellas que se emiten en los juicios orales, las cuales pueden escuchar aquellos que estén presentes en la sala de audiencia al momento de que se dé lectura a la sentencia; de ahí en fuera, las sentencias sólo pueden ser consultadas por las partes y por sus mandatarios judiciales o representantes legales, sin que exista forma o medio en que el público en general se pueda enterar de ellas.  

Este año, el 29 de julio de 2020 para ser precisos, se aprobó dicha reforma a la fracción II del artículo 73 de la citada Ley, dando paso a la máxima publicidad de las sentencias y obligando así a los impartidores de justicia federales y locales a poner a disposición de todo el público el texto íntegro de todas las sentencias que emitan, omitiendo los datos personales para salvaguardarlos; con ello los gobernados contarán con más instrumentos para vigilar el trabajo que desempeñan los Órganos Jurisdiccionales. 

Sin duda alguna, se espera que esta reforma genere un gran cambio en el dictado de sentencias, ya que los juzgadores se deberían ver obligados a estudiar a fondo las pruebas desahogadas en juicio y todo el trámite del asunto en general para ser ellos mismos, quienes elaboren las sentencias, ya que, como es bien sabido por todos los litigantes, en la vía ordinaria de primera instancia, e incluso de segunda instancia y de Amparo, no son los jueces quienes realizan las sentencias, son los proyectistas del juzgado y a veces incluso los meritorios o los pasantes del juzgado son los que terminan elaborando algo tan relevante como lo es una sentencia. Tremenda aberración jurídica éste hecho, sin embargo, a los juzgadores se les ha hecho fácil relegar su trabajo a terceros, limitándose sólo a dar una hojeada rápida a la sentencia ya elaborada, para sólo plasmar su firma, incluso hay quienes ni se dignan a leer lo que su personal hace, firmando las sentencias sin revisarlas.  

Esto ha ocasionado un gran detrimento en los juicios, ya que hay sentencias que carecen de toda lógica jurídica, que no estan siquiera debidamente fundadas ni motivadas, tanto que de acuerdo con los resultados del ranking de justicia abierta todos los poderes jurisdiccionales del país, en materia de transparencia están reprobados, en especial el Estado de México, ya que ninguno cuenta con los mecanismos necesarios para la participación ciudadana.  

Esta situación dentro de los órganos jurisdiccionales ha sido un foco rojo y sumamente alarmante para todos los litigantes y las partes que han clamado por justicia y que han sido víctimas de los propios juzgadores al emitir sentencias contrarias al Derecho; se han visto sentencias que carecen de toda prueba y que aún así son condenatorias y, por el contrario, aquellas sentencias que a pesar de que obran en autos pruebas suficientes, pertinentes e idóneas resultan absolutorias.  

Es así que el objetivo de ésta reforma es precisamente prevenir estos actos contrarios al derecho, obligando a los juzgadores a apegarse al debido proceso dictando sentencias que estén debidamente motivadas y fundamentadas, basados en una adecuado estudio y profundo análisis de los asuntos. 

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Respuestas

  • Triste pero cierto. Todos los litigantes hemos pasado por una o varias sentencias sin sentido y carentes de motivación hechas por el personal deficiente que labora en los juzgados que, en su mayoría, ni siquiera tienen la licenciatura en derecho. Deberían de renovar la contratación del personal que opera en los órganos de justicia y supervisar que todos cumplan con estándares de calidad en conocimiento y práctica jurídica.

  • Un artículo interesante. Crítico. Dignamente explicado y con hidalguía documentado. No siempre habrá dinero para un condenado que le pueda liberar en Casación o Revisión de Causa de los vicios ético-procesales de estos juzgadores, quien ignoran voluntariamente la importancia de ser justos para con el o los acusados. Firmar por firmar sin revisar, simplemente es una cobardía, pues no se puede dejar en manos de aprendices el trabajo de Maestros, que esto siga ocurriendo en México (y posiblemente en casi todas las cortes del mundo) es una verguenza tremenda.

    Ignoro también si esta reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública generará algún cambio d eimportancia, si al fin de cuentas ¿quién supervisa a los jueces?

    Excelente artículo Licenciado Antonio Mancilla, así deben ser las propuestas en este Foro Internacional, críticas, bien armadas y apuntando a la Vigilancia y Mejoras del Sistema Judicial.

    Roberto González Short / Coolaborador.

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