RESPONSABILIDAD PENAL EN MATERIA FISCAL

9047991064?profile=RESIZE_710xDr. (c) José Rafael Rojas Calvillo 

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad es una obligación de responder por el cumplimiento de un deber o de otra obligación. En este sentido, la responsabilidad se entiende como una obligación de segundo grado pues surge de un hecho ilícito. La responsabilidad surge cuando se ha realizado una conducta contraria a una ley, cuando se ha incumplido con una obligación o cuando se ha afectado el derecho de terceros. La responsabilidad, por lo tanto, implica la reparación de los daños y perjuicios causados como consecuencia del hecho ilícito, cualquiera que sea su origen. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Es la obligación de cumplir con la sanción impuesta por las autoridades administrativas, nacida de la culpa por transgredir normas de la administración pública o de un ramo gubernativo, en especial las relacionadas con el servicio público. 

RESPONSABILIDAD PENAL

La responsabilidad penal es la que tienen las personas en la materia penal, que a su vez es la rama del derecho que estudia y norma los delitos y sus sanciones; por lo tanto, podemos decir que la responsabilidad penal es aquella responsabilidad que deriva de la comisión de un delito. El derecho penal fiscal establece normas y principios sustanciales y procesales de carácter general, aplicables para sancionar violaciones específicas de la legislación tributaria general.

En todo orden jurídico las normas que lo conforman imponen al Estado y a las gobernadas obligaciones de diversa índole, ya sean de dar, de hacer, de no hacer o de tolerar, cuyo cumplimiento es indispensable para satisfacer la necesidad jurídica que determinó la creación y contenido de esas normas. Por lo tanto, el incumplimiento de los deberes que imponen las normas jurídicas debe tener como consecuencia la aplicación de una sanción que discipline al incumplido y estimule a la observancia de la norma y al cumplimiento pleno y oportuno del deber que impone para la eficacia de la norma.

El incumplimiento de las obligaciones fiscales, sustantivas o formales, que las normas Jurídicas tributarias imponen a los contribuyentes debe traer consigo, y en efecto lo trae, como consecuencia la aplicación dé una sanción, lo cual da origen al llamado Derecho Penal Fiscal que establece normas y principios sustanciales procésales de carácter general, aplicables para sancionar violaciones específicas de la legislación tributaria general.

Al hablar de Derecho Penal Fiscal, se ha discutido si este es autónomo del Derecho Penal como si solo es parte de él. Sobre este problema, definitivamente no consideramos que el Derecho Penal Fiscal sea autónomo; sino que estimamos que el Derecho Penal es uno solo, cuya finalidad es la de satisfacer una necesidad jurídica consistente en sancionar toda violación del orden jurídico.

Desde luego, cuando el Derecho Penal se aplica en materias que originalmente corresponden a otras ramas del Derecho, estas imprimen a esa aplicación de las condenas al fin que persiguen que persiguen, pero ello de ninguna manera es suficiente para hablar de autonomía, es decir, para hablar de diversos derechos penales autónomos, pues en general el Derecho Penal común tutela los bienes fundamentales del individuo, de la colectividad y del estado y en esos tres aspectos encuadra toda la regulación penal.

Como ejemplo de las características que el Derecho Fiscal imprime a la aplicación del Derecho Penal en el campo impositivo podemos citar, que en un mismo campo legal este regulada la sanción y la reparación del daño; se sancionan tanto los delitos como las faltas de las personas morales y las físicas; el incapaz es susceptible de ser sancionado; se sanciona a personas ajenas a la relación tributaria; es de mayor importancia la reparación del daño.

En materia administrativa el principio de tipicidad, aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, exige que las conductas generadoras de sanciones previstas en las leyes se encuentren descritas con conceptos claros, de manera que los juzgadores, al realizar el proceso de adecuación de la actuación a la norma, conozcan su alcance y significado, lo que, además de brindar seguridad jurídica al servidor público sobre los actos u omisiones que tiene prohibido realizar, en atención al puesto, cargo o comisión que desarrolle, impide a la autoridad sancionadora incurrir en arbitrariedad, al no ser quien define el comportamiento ilícito que se recrimina. No obstante, es innecesario que la conducta reprochable se encuentre detallada, en forma de catálogo, en una norma u ordenamiento legal, en tanto que el comportamiento negativo de los servidores públicos también puede derivar del incumplimiento de las funciones propias e inherentes al servicio encomendado, por lo cual, aunque el derecho administrativo sancionador, al igual que el derecho penal se rige, entre otros, por los principios de exacta aplicación de la ley y de tipicidad, eso no significa que la inexistencia de un dispositivo normativo que especifique cuáles son todas las actividades que a aquéllos corresponden y en qué casos, de no cumplirlas, incurren en responsabilidad administrativa, sea motivo suficiente para estimar que ésta no se actualiza, sobre todo si se tiene presente que muchas de esas funciones o comportamientos que la sociedad espera y demanda de los servidores públicos se hallan implícitas en el cargo que desarrollan; de ahí que no requieran mayor descripción.

El vínculo existente entre el servidor público y el Estado, acorde al sistema constitucional y legal que lo rige, involucra una diversidad de aspectos jurídicos en sus relaciones, entre los que destacan ámbitos legales de naturaleza distinta, como son el laboral, en su carácter de trabajador, dado que efectúa una especial prestación de servicios de forma subordinada, el administrativo, en cuanto a que el desarrollo de su labor implica el de una función pública, ocasionalmente el político cuando así está previsto acorde a la investidura, y además el penal y el civil, pues como ente (persona), sujeto de derechos y obligaciones debe responder de las conductas que le son atribuibles, de manera que al servidor público le pueda resultar responsabilidad desde el punto de vista administrativo, penal, civil e inclusive político en los supuestos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución Local correspondiente y así mismo la laboral, y por lo tanto, no se incurre en la imposición de una doble sanción cuando éstas, aunque tienen su origen en una misma conducta, sin embargo tienen su fundamento y sustento en legislación de distinta materia (administrativa, laboral, penal, etc.). 

Para que exista la responsabilidad tiene que existir un bien jurídico que vincule al sujeto activo con el bien jurídicamente tutelado, en el caso que nos ocupa los ingresos públicos o el patrimonio del estado. En materia fiscal la obligación no solo consiste en pagar contribuciones sino en cumplir con otras diversas como la de llevar contabilidad ajustada a la ley de la materia, proporcionar informes al fisco, o documentos, aunque no sea el sujeto pasivo de la obligación, retener y enterar obligaciones de terceros, en materia fiscal implica obligaciones civiles y penales. 

Un delito en materia fiscal el acto u omisión que es determinado como tal y sancionado por las leyes fiscales. Y en especial por el CFF, el cual es el ordenamiento fiscal que estipula qué conducta podría ser considerada como delito, y sus correspondientes sanciones.

En materia fiscal, el bien jurídico tutelado no es solamente el patrimonial; es más, ni siquiera ése sería el bien jurídico a proteger; más bien, es el interés público el que se protege. En efecto, por mandato constitucional es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos tanto de la federación como de los estados y de los municipios, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, es decir, la obligación que tienen los mexicanos de realizar dicha contribución a los gastos públicos, es de interés nacional; ya que con los ingresos que se lleguen a recaudar, el estado los encausará para satisfacer las necesidades y prioridades de la Nación, tales como creación de infraestructura energética, de vías y medios de comunicación, educación, salud, cultura, deporte, etcétera. Por tal motivo, el hecho de no contribuir con los gastos públicos es considerado como una infracción –dicho en lato sensu- extremadamente grave; como dirían los romanos, una falta de lesae maiestatis; de tal manera que esta falla, en nuestro Derecho, es considerada como un delito. 

INFRACCIONES FISCALES

En términos de derecho fiscal, una infracción es toda conducta de hecho u omisión que tiene como resultado la violación o incumplimiento de una disposición tributaria. En base a lo anterior y atendiendo al principio de seguridad jurídica, es necesario que la conducta que tiene como consecuencia la infracción, se encuentre previamente tipificada en la ley y que sea declarada antijuridica.

Clasificación de las infracciones.
En función de las distintas características que tienen los diferentes tipos de infracciones se han Elaborado diversas clasificaciones:

  • Delitos y faltas. Los delitos son clasificados y sancionados por la autoridad judicial y las faltas por la autoridad administrativa. 
  • Instantáneas y continuas. Las instantáneas son aquellas en que la conducta se manifiesta como un acto único, por lo que se consuman al momento de cometerse, las continuas se caracterizan en que le conducta se prolonga en el tiempo, por lo que no se agotan en el momento de cometerse sino hasta que cesa la conducta. 
  • Simples y complejas. Es simple cuando con una conducta se transgrede una sola disposición legal; las segundas son aquellas en que con una conducta se viola dos o más disposiciones legales.
  • Leves y graves. Son consideradas leves aquellas infracciones que por negligencia o descuido del contribuyente sé viola la ley, pero no constituyen la evasión de un crédito fiscal, son graves aquellas donde se cometen las conductas conscientemente, con pleno conocimiento y con dolo al pretender evadir el cumplimiento de la obligación fiscal, también cuando se presenta por negligencia o descuido, pero tienen como consecuencia la evasión de un crédito fiscal.

La infracción fiscal es considerada como la transgresión o incumplimiento de las normas tributarias que a su vez facultan al Estado para aplicar al infractor una sanción. La sanción puede entenderse como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. 

La sanción se encuentra condicionada a la existencia de un hecho que actualice un supuesto que traiga consigo la inobservancia de una obligación establecida por una norma. En consecuencia, de lo anterior, el incumplimiento del deber jurídico genera, para el infractor, un nuevo deber, constitutivo de la sanción. Para realizar una clasificación de las sanciones es necesario analizar la finalidad que persiguen y la relación que existe entre la conducta planteada por la norma infringida y la que constituye el contenido de la sanción. Atendiendo a lo anterior existen dos posibilidades para una clasificación general de las sanciones; las de coincidencia y las de no coincidencia.

Sanciones de coincidencia
El contenido de la sanción coincide con el de la obligación condicionante, por ejemplo, el caso del cumplimiento forzoso, que es el más frecuente en el Derecho Privado. 

Sanciones no coincidentes
Existen supuestos, donde no es posible lograr de manera coactiva la observancia de una obligación, pero existe la posibilidad de exigir oficialmente al contribuyente que realice una prestación equivalente a la que se dejó de realizar. Aquí la sanción tiene como objetivo asegurar el estado reciba una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, sin embargo, ya no hay coincidencia de la conducta obligatoria con el contenido de la sanción, pero si debe existir entre ellas una relación de equivalencia.

La infracción es el género de lo ilícito, el delito es una especie de ese género; la infracción fiscal, según el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación amerita una pena económica, en forma de multa; el delito amerita pena corporal; la multa la aplica la autoridad fiscal, la pena corporal, la autoridad judicial.

Los delitos fiscales, dentro del Derecho Penal, se clasifican como delitos especiales, que son aquellos que no se encuentran regulados en el Código Penal Federal (o en algún otro código penal local) sino en una Ley Especial o un Tratado Internacional (artículo 6 del Código Penal Federal). Lo que se traduce en que, a pesar de su naturaleza, estos son investigados por el Ministerio Público y sancionados por la el Juez Penal, como todos los delitos; dejando a la autoridad fiscal únicamente como víctima u ofendido en los procedimientos penales respectivos (artículo 92 del Código Fiscal de la Federación), siendo indispensable que esta solicite la persecución del delito a través de la querella correspondiente.

Aunque la amplitud de la materia Fiscal pueda incluir ordenamientos diversos como todos los que rigen todos los impuestos que existen, así como la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita, por lo que todos los delitos señalados en estas normas podrían considerarse fiscales, dentro de este artículo solo nos referiremos como Delitos Fiscales a aquellos a los que expresamente se refiere el Código Fiscal de la Federación.

Es pertinente hacer la aclaración de que los castigos por desobedecer la Ley Fiscal se dividen en dos categorías las primeras son las infracciones, que son aquellas que por su gravedad únicamente se castigan con multas u otras sanciones económicas y los delitos que se castigan con prisión.

Dentro de los delitos fiscales de mayor relevancia podríamos señalar:

  1. El contrabando, que consiste en introducir o extraer mercancías de manera ilegal dentro del país (artículo 102 del Código Fiscal de la Federación en adelante CFF). Las sanciones por este delito van de los tres meses a los nueve años de prisión (artículo 104 CFF).
  2. La defraudación fiscal, es la denominación correcta de lo que conocemos como evasión fiscal, consiste en no pagar algún impuesto haciendo uso de engaños o aprovechando errores de la autoridad fiscal (artículo 108 CFF) y sus sanciones van de los tres meses a los nueve años de prisión.
  3. La falsificación de facturas, que no es como tal una falsificación, sino que se trata de documentos que amparan operaciones que no ocurrieron, castiga de dos a nueve años de prisión (artículo 113 BIS). 

Se pueden observar las siguientes características que distinguen al Derecho Penal Fiscal:

Reúne en sus disposiciones los supuestos tanto de naturaleza delictiva como también de carácter convencional o infracciones.

Las penas dispuestas como consecuencia de los ilícitos son tan diversas como las señaladas por el Derecho Penal Ordinario, por ejemplo, la privación de la libertad, la multa, la pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas, la perdida de la personalidad jurídica, la cancelación del Registro Público, la intervención permanente, entre otras. 

La diferencia con otras ramas penales administrativas es que su objetivo es proteger el patrimonio del Estado. Todos los hechos ilícitos señalados por las leyes tributarias, tienen el elemento de antijuridicidad al momento de construirse las conductas sancionadas por el ordenamiento jurídico. En cuanto al proceso de creación Legislativo y normalmente para su estudio se le considera parte del Derecho Fiscal Financiero.

El Derecho Penal Fiscal puede ser definido como el conjunto disposiciones de carácter jurídico que relacionan una sanción o una pena especifica al incumplimiento de las disposiciones fiscales que tienen como objetivo garantizar la recaudación de ingresos fiscales para satisfacer las necesidades de la Administración Pública. 

El incumplimiento de las obligaciones fiscales, impuestas a los contribuyentes mediante las normas Jurídicas tributarias tienen como consecuencia directa la aplicación dé una sanción o infracción, la cual da nacimiento al Derecho Penal Fiscal, el cual tiene como función, establecer normas y principios aplicables dirigidos a regular las consecuencias de las violaciones específicas de las disposiciones tributarias.

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Respuestas

  • Me quedó grande este artículo. Después de leerlo, releerlo y hacer mis anotaciones, encuentro que es un estupendo estudio sobre el tema del Derecho Fiscal, el Espíritu de la ley y sobre todo una buena herramienta para quienes estudian Derecho. Gracias Rafael, en alguna conversación aparentaré ser inteligente, comentando estos trabajos.

    • lo que se ve no se juzga, siempre un hombre brillante y asertivo, te agradezco el concepto

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