IMPUNIDAD O DELITO DE LESA HUMANIDAD.

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IMPUNIDAD O DELITO DE LESA HUMANIDAD.

         Desde hace mucho tiempo, y en muchos países se viene sucediendo o cometiendo abusos y violaciones a los derechos humanos que no llegan a ser considerados como “crímenes de lesa humanidad”, ni conocidos por la comunidad internacional y menos condenados o repudiados. Se trata de los abusos o delitos, que se cometen desde los estamentos del estado de una nación, o provincia, en donde en concordancia con la justicia local, los poderes públicos o el gobierno, abusan de una persona o de una entidad empresaria, haciendo uso de su poder de gobierno con privación ilegítima de su libertad, embargo de sus bienes, condena o descalificación social; armando en su contra, desde  causas judiciales falsas, para detener, amedrentar a sus adversarios u opositores o quitarle sus bienes a las personas o empresas que quieren perjudicar o destruir, sin que esto esté caracterizado como delito.   

         Por eso creo, qué, así como los asesinatos o crímenes cometidos por un estado, sin un debido proceso, son considerados crímenes de lesa humanidad, y son imprescriptibles; y son debidamente procesados y condenados; estos delitos, que se cometen desde organismos del estado o por el estado mismo, y de los que las personas o instituciones no se pueden defender, deben ser considerados como “delitos de lesa humanidad” , y tratados como tal; de igual forma que los crímenes de lesa humanidad; comenzando un debido proceso ante la denuncia de la persona o personas afectadas, o el conocimiento de la opinión pública, nacional o internacional. Comenzando por recibir o recabar información, para después seguir con el debido proceso hasta aclarar o condenar el abuso de autoridad. Para juzgar y condenar cuando el sindicado no ejerza el poder.

        Este es el caso de lo que viene sucediendo en la argentina, por parte de algunos gobiernos provinciales y del gobierno nacional anterior, que, haciendo uso de su poder, y hacer lo que ellos quisieran, organizaron una justicia adicta, local y nacional, incluida la corte suprema; que aparece como servil a los intereses del gobierno anterior, porque no hacen nada por juzgar y condenar los delitos que cometió la anterior administración, o se hacen los distraídos porque estuvieron de acuerdo con lo que ellos hicieron.  

       Aquí, en argentina tenemos emblemático en la provincia de Jujuy, el caso de Milagros Sala; una dirigente indígena, del norte argentino; que el gobernador Gerardo Morales desde que asumió en diciembre del 2015, se ensañó con Milagro Sala, pues desde los primeros días de su gobierno, a solo un mes de asumir pidió la detención de Milagro Sala, el 16 de enero de 2016, día en que fue arrestada, por participar de una protesta, contra medidas tomadas por su gobierno en contra de las cooperativas indígenas y campesinas. Desde entonces, la dirigente social está privada de su libertad sin condena firme.

       Milagros Sala, es una dirigente política, social e indígena, y parlamentaria del Mercosur. Condenada por los siguientes delitos: por escrache. (arrojar huevazos, al gobernador); acusada de tentativa de homicidio, por amenazas a policías; acusada de asociación ilícita por pertenecer al movimiento campesino indígena “Túpac Amaru”, por fraude a la administración pública, acusada por el desvío de $60 millones originalmente destinados a la construcción de 8.000 viviendas sociales, de las cuales solo construyó 6200 y que el dinero de las 1.800 viviendas restantes, lo utilizó para su campaña política. Dinero que fue otorgado por el anterior gobierno a las cooperativas que dirigía Sala. Debido a toda esta situación irregular, muchos organismos de derechos humanos, como el “Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte medidas cautelares “para garantizar la libertad de Milagro Sala y el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy”. Pero esto no bastó para parar el abuso del gobernador en esta provincia, y la violación de los derechos humanos de Sala, ya que el gobierno nacional no ha querido pronunciarse o intervenir la provincia, por el costo político y la condena de sus opositores.

 

 

 

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César Tellería Oliva

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