En abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió modificar el calendario de las Elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), adelantando la jornada de votación del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.
En aquel momento, la medida fue respaldada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa bajo el argumento técnico de resguardar el derecho al voto en las zonas rurales costeras frente a la amenaza del Fenómeno de El Niño, basándose en informes que alertaban sobre 218 recintos electorales con posibles afectaciones.
Sin embargo, el pasado 15 de septiembre, el panorama dio un giro sustancial cuando el organismo electoral expuso de manera oficial que la cifra de establecimientos en riesgo se incrementó a 368 a nivel nacional, lo que representa un aumento del 68,87% en comparación con la proyección inicial.
De esta nueva nómina, 257 recintos enfrentan peligro inminente de inundación en provincias de la Costa y Amazonía como Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Orellana, mientras que otros 111 registran amenazas de deslizamientos y movimientos en masa en la cordillera.
¿Causas climáticas o decisión política?
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), señala que las precipitaciones más severas e intensas asociadas a El Niño se concentrarán justamente entre noviembre y diciembre de 2026, ubicando la jornada democrática en el periodo de mayor impacto climático.
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Ante esta encrucijada, las posibilidades reales de prever con exactitud las condiciones atmosféricas cuentan con limitaciones científicas. Según explicó Javier Macas, técnico del Inamhi, la institución solo emite informes meteorológicos con un alto grado de certeza con una semana de anticipación, por lo que formular un pronóstico definitivo para finales de noviembre desde meses previos resulta inviable.
En este escenario, el abogado y analista político Mauro Andino sostiene que el adelanto electoral constituyó una “decisión política” influenciada por el Ejecutivo para favorecer a la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Andino advirtió que cambiar la fecha establecida en la convocatoria electoral vulneraría el artículo 143 del Código de la Democracia. Según explicó, esta disposición establece la nulidad de las votaciones realizadas en días u horarios distintos a los fijados originalmente.
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