El Pleno determinó que cobrar una tarifa mayor por asignar un número oficial a inmuebles comerciales o industriales, frente a los de uso general, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. El criterio se refiere a disposiciones de las leyes de ingresos municipales de Puebla para 2026.
Un trámite municipal puede tener una tarifa, pero ¿debe costar más porque el inmueble será destinado al comercio o a la industria? La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió que no, al menos cuando se trata del servicio de asignación de número oficial y la diferencia en el cobro se basa en el destino del inmueble o en la actividad de quien lo solicita, en lugar de relacionarse con el costo de la prestación.
La jurisprudencia P./J. 224/2026 (12a.), publicada el 13 de noviembre de 2026, establece que esas tarifas diferenciadas vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. El criterio surgió de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra disposiciones de las leyes de ingresos de municipios de Puebla para el ejercicio fiscal 2026.
La controversia: ¿cuánto cuesta asignar un número oficial?
Según los antecedentes de la tesis, las normas impugnadas establecían una cuota para el público en general y otra, más elevada, para las solicitudes relacionadas con inmuebles destinados a actividades industriales o comerciales. La CNDH argumentó que esa distinción vulneraba el principio de proporcionalidad tributaria.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 7/2026, el Pleno analizó si el uso del inmueble o la actividad económica de quien solicita el trámite podían justificar un cobro distinto por la asignación del número oficial.
La respuesta fue negativa: la naturaleza de ese servicio individualizado no cambia por el hecho de que el inmueble se destine a casa habitación, comercio o industria. Por tanto, el uso del inmueble y la calidad de la persona solicitante no constituyen, por sí solos, factores válidos para establecer una tarifa más alta.
Derechos por servicios: el costo es un elemento central
La tesis parte de una distinción importante: los derechos por servicios que presta el Estado tienen una naturaleza distinta de los impuestos. Para determinar si el cobro de un derecho respeta los principios de proporcionalidad y equidad, debe considerarse, entre otros elementos, el costo que representa para la autoridad prestar el servicio.
Desde esa perspectiva, el monto no debería aumentar simplemente porque el trámite esté relacionado con una actividad comercial o industrial. Si la prestación municipal es la misma, esas circunstancias no demuestran, por sí solas, que el municipio incurra en un costo mayor al asignar el número oficial.
El criterio también examina la igualdad entre quienes solicitan el servicio. Las personas que requieren la asignación de un número oficial se encuentran, para efectos de ese trámite, en una situación equivalente. Una tarifa distinta exige una justificación objetiva y razonable vinculada con el servicio; de lo contrario, puede generar un trato desigual sin sustento suficiente.
Lo que dice y lo que no dice el criterio
La jurisprudencia no debe interpretarse como una declaración de que el trámite de asignación de número oficial no pueda cobrarse. El punto central es otro: las tarifas diferenciadas según el uso del inmueble o la actividad económica de quien solicita el servicio resultan inconstitucionales cuando esos elementos son ajenos al costo de la prestación.
Por ello, el criterio tampoco permite concluir, sin revisar cada disposición y su aplicación, que todos los cobros municipales por este trámite desaparecen o que una cuota uniforme sea automáticamente válida en cualquier circunstancia. La tesis se refiere a las diferencias tarifarias que analiza y a los principios constitucionales que deben observarse al establecer derechos por servicios.
Su ámbito también está delimitado: se relaciona con disposiciones de las leyes de ingresos de municipios de Puebla para el ejercicio fiscal 2026. Por tanto, no debe trasladarse automáticamente a cualquier municipio, trámite o legislación sin analizar las normas correspondientes.
Lo bueno, lo malo y lo feo
Lo bueno: El criterio establece un límite a las diferencias de cobro basadas únicamente en que el inmueble será destinado al comercio o a la industria. También enfatiza que el monto de un derecho por servicio debe guardar relación con la prestación municipal y que quienes solicitan el mismo servicio deben recibir un trato equitativo, salvo que exista una razón objetiva para establecer una distinción.
Lo malo: La decisión no convierte necesariamente el trámite en gratuito ni resuelve, por sí sola, cómo debe fijarse una tarifa uniforme. El análisis del Pleno se concentra en la improcedencia de utilizar el destino del inmueble o la calidad de la persona solicitante como factores ajenos al costo del servicio. Para conocer los efectos concretos en cada municipio, es necesario revisar las disposiciones impugnadas y el alcance de la resolución.
Lo feo: Cuando una ley de ingresos establece cuotas distintas sin justificar su relación con el costo del servicio, las personas pueden enfrentar cobros desiguales por un trámite cuya prestación no varía según el uso del inmueble. Además, esas diferencias tarifarias pueden generar controversias sobre su justificación constitucional, el alcance de la resolución y las consecuencias para las disposiciones municipales involucradas.
Una discusión sobre igualdad y costo del servicio
El Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 7/2026 por unanimidad de nueve votos, de acuerdo con la información de la tesis. El criterio coloca el foco en una pregunta concreta para las autoridades municipales: si dos personas solicitan el mismo servicio, ¿la diferencia en la tarifa corresponde a un costo distinto para el municipio o se basa en características que no modifican la prestación?
La respuesta de la jurisprudencia es que el destino del inmueble —casa habitación, comercio o industria— y la actividad económica de quien solicita la asignación no justifican, por sí solos, un cobro mayor. Para el Pleno, la tarifa debe atender a elementos vinculados con el servicio y garantizar un trato equitativo a quienes se encuentran en circunstancias equivalentes.
Así, la discusión no se limita a la asignación de un número oficial. El criterio recuerda que, al establecer derechos por servicios, las autoridades municipales deben justificar las diferencias de cobro mediante razones relacionadas con la prestación, y no únicamente con la actividad económica o el uso que se dará al inmueble.
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