La asambleísta de Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, cuestionó los vínculos empresariales del esposo de Mishel Mancheno, legisladora de ADN e impulsora de la Ley Antimafias. Según Palacios, Álvaro Ignacio Guivernau Becker asumió la presidencia de Noboa Trading en diciembre de 2024, empresa del conglomerado familiar del presidente Daniel Noboa.
Pero los antecedentes de la compañía van mucho más allá de una denuncia política. En agosto de 2020 se encontraron aproximadamente 150 kilos de cocaína en un contenedor de banano con destino a Croacia. En junio de 2022 se detectaron alrededor de 278 kilos ocultos en un sistema de refrigeración y, en abril de 2024, otros 76 kilos fueron descubiertos en un techo falso de un contenedor que se dirigía a Italia.
A esto se suma una investigación internacional de OCCRP, KRIK y el Investigative Journalism Bureau, que documentó tres envíos de banano utilizados por redes criminales de los Balcanes para transportar un total de 535 kilos de cocaína entre 2020 y 2021. Los periodistas contrastaron conversaciones cifradas de presuntos narcotraficantes con registros reales de exportación.
Y existe otro antecedente que involucra directamente al entorno empresarial del esposo de Mancheno. En marzo de 2025, las autoridades encontraron aproximadamente 2,6 toneladas de cocaína en un contenedor vinculado a Blasti S. A., empresa de la que Guivernau era gerente general cuando ocurrió el operativo. Según registros societarios publicados posteriormente, dejó ese cargo en febrero de 2026.
Estos hallazgos no demuestran por sí mismos que los directivos de las compañías, Mishel Mancheno o su esposo hayan participado en actividades de narcotráfico. Noboa Trading ha negado vínculos con el tráfico de drogas y Daniel Noboa ha sostenido que la empresa colaboró con las autoridades.
La controversia también llegó a la justicia: Mancheno presentó una querella por presuntas calumnias contra Palacios, pero en marzo de 2026 la Asamblea no autorizó levantar la inmunidad parlamentaria de la legisladora correísta. La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable: ¿qué resultados están dando los controles contra el narcotráfico en las exportaciones ecuatorianas y qué responsabilidades han logrado establecer las investigaciones?
Porque combatir a las mafias no debería limitarse a aprobar leyes: también exige investigaciones independientes, controles efectivos y resultados verificables.
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