¿Falsa paz en las cárceles? Gobierno reorganiza prisiones, pero las muertes y denuncias de abandono continúan.
ECUADOR.- La crisis penitenciaria ecuatoriana vuelve a poner bajo cuestionamiento la estrategia de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa. Mientras el Ejecutivo anuncia nuevos centros de máxima seguridad y la reclasificación de miles de internos, las muertes, el hacinamiento y las denuncias de falta de atención médica siguen marcando la realidad carcelaria.
Durante 2025 fallecieron 1.220 personas privadas de libertad, de las cuales al menos 206 murieron por hechos violentos, según datos oficiales difundidos por Reuters. En octubre de 2026, seis internos fueron encontrados sin vida en la cárcel de Turi, en Cuenca. Las autoridades relacionaron estos hechos con el rechazo a las medidas de reorganización penitenciaria.
El Gobierno puso en marcha un plan de clasificación que contempla a 9.214 internos de seis centros carcelarios. Sin embargo, especialistas advierten que trasladar y separar reclusos no resuelve por sí solo la influencia de las organizaciones criminales ni las deficiencias estructurales del sistema.
El penalista Fernando Gaón cuestionó las condiciones de rehabilitación y denunció la falta de profesionales especializados, entre ellos psicólogos y trabajadores sociales. Una investigación de Radio Pichincha también recoge graves denuncias sobre dificultades para acceder a medicamentos, alimentación y atención sanitaria, especialmente en los centros femeninos.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿de qué sirve anunciar cárceles más seguras si el Estado no logra garantizar la vida de quienes permanecen bajo su custodia? La seguridad penitenciaria exige controles efectivos, atención médica, rehabilitación y transparencia sobre cada fallecimiento.
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