Escudo las Américas: ¿Seguridad o un alineamiento con Washington?

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Doce países solicitan convocar al órgano de consulta de la OEA para abordar el narcotráfico transnacional y el terrorismo. La iniciativa, promovida bajo el liderazgo de Donald Trump, plantea interrogantes sobre sus verdaderos alcances, la autonomía de los Estados latinoamericanos y el trasfondo de la disputa de Washington con otras potencias.

La iniciativa denominada Escudo de las Américas comienza a pasar de las declaraciones políticas a las gestiones institucionales. Chile, junto con otros once países, solicitó convocar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para poner en marcha el mecanismo de consulta contemplado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

La reunión fue solicitada para el próximo 19 de noviembre y tendrá como propósito examinar una respuesta regional frente a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico transnacional y al terrorismo. La petición representa un paso significativo para una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, que busca articular a gobiernos del continente alrededor de una agenda común de seguridad, cooperación económica y coordinación política.

Sin embargo, detrás de la convocatoria aparece una pregunta que trasciende el combate al crimen organizado: ¿se está construyendo un nuevo mecanismo de cooperación hemisférica o se está configurando una plataforma de alineamiento político y estratégico con Washington?

La diferencia no es menor. El documento presentado ante la OEA invoca disposiciones de un tratado de defensa continental firmado en 1947, en un escenario internacional marcado por la competencia entre Estados Unidos y China y por las disputas sobre la influencia política, económica y estratégica en América Latina.

Una solicitud que va más allá de la seguridad

La petición está respaldada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Otros tres países —Bolivia, Ecuador y Guyana— manifestaron su apoyo, aunque no son integrantes del TIAR.

La distinción es importante: los doce primeros reúnen la mayoría absoluta de los Estados parte del tratado con derecho a voto, mientras que los otros tres respaldan políticamente la iniciativa. El documento sostiene que la amenaza más inmediata y extendida para el hemisferio está representada por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico transnacional y al terrorismo. Sus actividades, argumentan los gobiernos firmantes, constituyen un riesgo para la paz y la seguridad continental.

La convocatoria se fundamenta en el artículo 6 del TIAR, que contempla la reunión del órgano de consulta cuando la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de un Estado americano se encuentran amenazadas por situaciones que puedan poner en peligro la paz del continente. No se trata, por tanto, de un mecanismo creado ahora por Trump. El TIAR fue suscrito en Río de Janeiro en 1947, en los primeros años de la Guerra Fría, cuando Washington promovía un sistema de defensa colectiva para el continente frente a las amenazas externas.

Su principio más conocido establece que un ataque armado contra un Estado americano puede ser considerado una agresión contra todos los Estados parte. La novedad consiste en que ahora se pretende utilizar ese instrumento dentro de una estrategia regional contra organizaciones criminales transnacionales, ampliando el concepto tradicional de seguridad hemisférica.

Las 24 organizaciones que Washington coloca en el centro de la iniciativa

Uno de los elementos más significativos del Escudo de las Américas es que Estados Unidos no plantea una cooperación abstracta contra el narcotráfico. La declaración conjunta de septiembre identificó 24 organizaciones criminales que pretende colocar en el centro de las acciones coordinadas.

Entre ellas figuran el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Mara Salvatrucha, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Comando Vermelho de Brasil y distintas disidencias de las antiguas FARC.

También aparecen organizaciones criminales de Ecuador, Haití, México y otros países latinoamericanos. La declaración contempla medidas como el intercambio de información, la cooperación económica, la coordinación de acciones contra estas estructuras y la eventual aplicación de sanciones.

La amplitud de esta lista revela que Washington pretende establecer un marco de actuación que no se limite a las fronteras nacionales. El problema, desde esa perspectiva, es la capacidad de estas organizaciones para operar simultáneamente en distintos territorios, aprovechar las debilidades institucionales y desarrollar redes económicas y logísticas internacionales.

Sin embargo, identificar organizaciones criminales y establecer mecanismos de cooperación no resuelve por sí solo las diferencias jurídicas y políticas entre los países participantes. Tampoco significa que todos los gobiernos tengan las mismas prioridades, capacidades institucionales o criterios para enfrentar estas amenazas.

China aparece en el trasfondo de la disputa

La dimensión geopolítica constituye uno de los aspectos más delicados de la iniciativa. Analistas de política internacional han advertido que el Escudo de las Américas debe interpretarse también dentro de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China por la influencia en América Latina.

La preocupación adquiere relevancia por el contenido de la declaración conjunta, que no se limita a asuntos policiales. También contempla cooperación económica, mecanismos de revisión de inversiones, protección de las cadenas de suministro de minerales críticos y regulaciones para proveedores de infraestructura digital. Estos puntos tienen una lectura que va más allá del combate al narcotráfico.

América Latina dispone de recursos estratégicos, minerales indispensables para las nuevas tecnologías y posiciones geográficas relevantes para las cadenas comerciales internacionales. China ha ampliado considerablemente su presencia económica en la región, mientras Washington busca preservar su influencia y reducir dependencias consideradas estratégicamente sensibles. La coincidencia temporal entre esta iniciativa y los encuentros de los principales líderes mundiales en el contexto de la APEC añade otro elemento de interés.

La convocatoria del TIAR se produce, además, cuando la relación entre Washington y Pekín continúa atravesada por disputas comerciales, tecnológicas y de influencia internacional. En ese escenario, la cooperación contra el crimen organizado puede convertirse también en un instrumento de acercamiento político entre los gobiernos que participan en el proyecto estadounidense.

Chile y las interrogantes sobre su política exterior

Para el gobierno chileno, la incorporación al Escudo de las Américas ha generado cuestionamientos sobre los compromisos asumidos y sus eventuales consecuencias. El canciller Francisco Pérez Mackenna había explicado ante el Congreso que la participación de Chile permitiría mejorar el intercambio de información sobre bandas criminales, fortalecer la capacitación de Carabineros y la Policía de Investigaciones y aumentar la coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú.

Esa explicación puso el acento en la cooperación policial y la seguridad fronteriza. Pero la declaración conjunta difundida por Estados Unidos incorporó elementos adicionales, particularmente la intención de recurrir al TIAR para constituir un órgano de consulta y estudiar acciones colectivas contra las organizaciones consideradas narcoterroristas. La diferencia entre ambos planteamientos alimentó el debate político chileno.

Incluso antes de concretarse la solicitud ante la OEA, la adhesión de Chile había despertado reparos entre antiguos responsables de su política exterior. Algunos cuestionaron que el país ingresara a una iniciativa cuya proyección estratégica y eventuales alcances no estaban suficientemente definidos. El gobierno, por su parte, ha insistido en que la participación respeta la legislación nacional, la soberanía de los Estados y las obligaciones internacionales vigentes.

¿Una nueva arquitectura de seguridad continental?

La solicitud presentada ante la OEA establece expresamente que la acción colectiva que se pretende promover no estará dirigida contra ningún Estado miembro ni implicará el uso de la fuerza armada.

También señala que la iniciativa busca comenzar el proceso de consulta previsto en el TIAR y que no anticipa las medidas que eventualmente podría adoptar el órgano de consulta. Esta precisión es relevante. La reunión solicitada no equivale a una autorización para realizar operaciones militares ni supone que los países hayan acordado intervenir en otros territorios. No obstante, deja abierta una discusión sobre los alcances posteriores del mecanismo.

El artículo 8 del TIAR contempla distintas medidas colectivas, que incluyen desde la ruptura de relaciones diplomáticas hasta otras acciones de carácter económico y diplomático. Cualquier decisión deberá ajustarse al tratado y a las obligaciones internacionales de los Estados participantes. La primera decisión pendiente es, por tanto, institucional: el Consejo Permanente deberá resolver la convocatoria solicitada para el 19 de noviembre.

Lo que ocurra después permitirá conocer si el Escudo de las Américas consigue transformarse en una estructura efectiva de coordinación regional o si termina siendo, principalmente, una expresión de alineamiento político con Estados Unidos. Por ahora, doce países han decidido avanzar utilizando un instrumento concebido hace casi ocho décadas para responder a las amenazas contra la seguridad continental.

La pregunta de fondo sigue siendo si América Latina está construyendo una respuesta propia y coordinada frente al crimen transnacional o si está ingresando a una nueva etapa de subordinación de sus agendas de seguridad a las prioridades estratégicas de Washington.

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