QUITO, Ecuador — «Pocas veces en mi vida he visto un sector empresarial con tanto miedo. No había sentido tanta desesperanza ni tanta resignación». Con estas contundentes palabras, María Paz Jervis sacudió al sector productivo ecuatoriano durante el aniversario número 90 de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), cuatro días antes de confirmar, el 28 de septiembre de 2026, su renuncia definitiva a la Presidencia Ejecutiva del gremio tras cuatro años en el cargo.
Durante su discurso, Jervis rompió la postura tradicional de la cúpula corporativa y cuestionó la pasividad del empresariado ante el Gobierno, advirtiendo que «el decir que hay cosas que cambiar no nos convierte en enemigos de nadie». La ejecutiva hizo un llamado urgente a defender la democracia y la libertad de prensa tras las agresiones a comunicadores y la intervención judicial a Diario Expreso.
Jervis fue enfática sobre la postura que debía asumir el gremio: «A mí me resulta incomprensible el silencio ante la persecución de periodistas, ante el acoso a los medios de comunicación. En democracia esto no debería ocurrir. Y si callamos no somos personas libres; es más, creo que corremos el riesgo de convertirnos en cómplices. Para mí y para esta institución sería mucho más costoso el quedarnos callados, el acomodarnos y peor aún el escondernos».
A este escenario político se sumó la grave crisis energética que golpea a las industrias. En la misma ceremonia, José María Ponce, presidente de la junta directiva de la CIP, denunció el enorme impacto financiero de los apagones y reveló que el sector privado ha tenido que invertir cerca de 900 millones de dólares en autogeneración eléctrica desde 2024, sin contar los gastos extra producidos por los cortes no programados.
Ponce dirigió un reclamo directo a las autoridades estatales señalando que «no se puede pedir al sector productivo que planifique si no cuenta con información clara y oportuna (…) no se puede exigir competitividad mientras una empresa desconoce si tendrá la energía necesaria para producir» y concluyó que el país no puede acostumbrarse a «administrar una emergencia tras otra».
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