REDACCIÓN.- Dra. Carmen Castillo Taucher. La hoy tristemente célebre alcaldesa en ejercicio de San Felipe de Aconcagua, llegó con el currículum que en Valparaíso de Chile, no se discute en una esquina: médica, magíster en Salud Pública, directora del Servicio de Salud Aconcagua, ministra de Salud de Michelle Bachelet entre el 23 de enero de 2015 y el 11 de marzo de 2018. El 15 y 16 de mayo de 2021 ganó la alcaldía con el 33,13% de los votos. El 28 de junio de 2021 juró. Recibió el acta de traspaso de Patricio Freire Canto —el alcalde que salía de un proceso por notable abandono de deberes, suspensión y un interinato de Christian Beals— y prometió, con esa voz de gestora experimentada, “hacer bien las cosas”, “sacar adelante todo lo que está estancado” y terminar con “el amiguismo y el aprovechamiento”.
No era una candidata improvisada. El suyo era el plumaje dorado: La Moneda, hospitales, epidemiología, “capacidad de gestión alta”. La tercera mujer alcaldesa de la comuna. El mensaje era limpio: yo sé administrar lo público.
Cinco años después, Contraloría no le discute el título. Le discute el municipio. Porque varios informes que ya se revisan en nuestra sala de redacción, como el Informe 862, no describe un desorden heredado y cerrado en 2021. Describe 139 cheques cobrados entre 2022 y 2024 —es decir, con ella ya sentada en el sillón— por $160.521.040, sin contrato, sin prestación, vestidos en la contabilidad como agua y luz de los colegios. Describe, además, que la misma mecánica ya había sido detectada por el propio DAEM en 2020 y 2021: otros 232 cheques, $226.521.567. Total consignado a nombre de la exfuncionaria entre 2020 y 2024: $387.042.605.
¿CAIGA QUIEN CAIGA?
Cuando el municipio posó para ‘la fotica’, en septiembre de 2024, la alcaldesa Castillo fue en persona al Juzgado de Garantía, con el director jurídico Mario Fuentes y la directora del DAEM Natalia Leiva. Dijo “caiga quien caiga”. El número que el municipio puso en la calle fue otro: más de $25 millones. “Hace dos días hemos detectado”, dijo. Dos días. Como si el edificio acabara de enterarse.
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El expediente posterior no cabe en esos 25 millones. Y no cabe, sobre todo, en la tesis del hallazgo relámpago. Porque si una contratada para proyectos pudo, durante años de su administración, figurar como beneficiaria de cheques municipales, endosarlos y cobrarlos en el BCI mientras el sistema permitía cambiar el RUT del destinatario y las conciliaciones bancarias revisaban montos pero no el papel, la pregunta ya no es si hubo una funcionaria deshonesta. Eso lo verá el Ministerio Público, causa RUC 2410044518-9. La pregunta es otra, y le corresponde a quien manda:
¿Qué supervisión tuvo el DAEM entre 2021 y 2024?
¿Quién autorizaba los cheques?
¿Quién era apoderado bancario?
¿Por qué un software municipal no disparó una alerta?
¿Por qué el control interno —esa palabra que una exministra de Salud debería manejar como un reflejo— dejó pasar 139 documentos en tres años de su mandato?
Castillo no está acusada de haber cobrado esos cheques. Nadie en este texto lo afirma. Está acusada, en el terreno político que sí le pertenece, de presidir un municipio donde esos cheques se emitieron, se firmaron, se cobraron y se contabilizaron como servicios básicos escolares hasta que una auditoría interna —tardía— los encontró. Una alcaldesa no firma cada cheque. Una alcaldesa responde por el aparato que los deja pasar.
NO FUE HERENCIA DE PATRICIO FREIRE
El 26 de junio de 2026, el mismo día, Contraloría le dejó encima la mesa el 862 y el 251: los cheques y los intereses previsionales pagados por llegar tarde. En septiembre, el 501 le abrió otro frente: la pileta y el ornamento, estados de pago sin pronunciamiento, una multa de 106 días que el organismo no pudo reconstruir y $4.175.621 ejecutados que no entraron en la valorización municipal. En el 501, Contraloría no se limitó a observar. Ordenó procedimiento disciplinario. Eso no es “la herencia de Freire”. Freire entregó el 28 de junio de 2021. Los cheques de 2022, 2023 y 2024 son de esta casa.
Pese a los bombos, pese al plumaje de La Moneda, los expedientes no muestran una administración que detecta pronto, documenta fino y cierra. Muestran una alcaldesa que denuncia cuando el incendio ya está en la prensa —y que denuncia con una cifra que el informe posterior deja chica— mientras el control interno, las jefaturas, las firmas y el software siguieron funcionando como si el dinero de la educación municipal no exigiera el mismo rigor que un hospital.
No hay indulto de currículum. El título de ministra no cubre un DAEM sin manuales, sin conciliación real, sin alerta informática y con cheques a la orden de personas naturales. De este desprestigio no la podrán liberar sus asesores y red de contactos, de repercusiones mayores. El daño ya está hecho. Si la gestión era “alta”, que lo demuestre el expediente, no el discurso de asunción.
TRES INFORMES. UN HÁBITO / El control llega cuando el dinero ya salió.
Primero, la educación municipal —los $25 millones de la foto versus los $160 millones del reparo 2022-2024—. Después, los intereses previsionales que el municipio pagó por obligaciones que debieron enterarse a tiempo. Después, la plaza y la Alameda: partidas, multas, liquidaciones y firmas.
Esta serie no va a condenar a Carmen Castillo Taucher por un delito que no le ha sido imputado. Va a hacer algo que a una autoridad le incomoda más que una condena prematura: va a preguntarle, documento por documento, qué control existía bajo su mando, quién lo ejercía, cuándo se enteró y por qué el número público no era el número del expediente. La respuesta no está en el juramento de junio de 2021. Está en los papeles de 2026.
¡QUÉ LÁSTIMA!
Qué lástima que Aconcagua recién ahora empiece a hablar en voz alta. Porque el silencio nunca fue total. Fue selectivo. Fue cómodo. Fue el silencio de quienes miraban el edificio y preferían no leer el expediente. En el Concejo Municipal de San Felipe hay ediles que no esperaron a Contraloría para levantar la mano. En diciembre de 2025, cinco de seis —Basilio Muena, Ricardo Covarrubias, César Lazo, Guillermo Lillo y Juan Carlos Sabaj— pidieron la cabeza del administrador municipal Pablo Venegas y hablaron de gestión deficiente, de Educación Municipal desbordada, de un municipio que no responde oficios. El mismo Concejo rechazó el presupuesto 2026 por seis votos contra uno: el de la alcaldesa. Muena, que no se presenta como enemigo de cuna, lo dijo sin teatro: “mi principal muestra de lealtad es emitiendo la alerta”. Covarrubias, cuando cayó el Informe 501, no suavizó: la situación de la plaza y de la Alameda es “bastante seria”.
Eso no es “la oposición inventando”. Es el órgano fiscalizador local diciendo, en acta, que el aparato no está funcionando. Carmen Castillo Taucher está en su segundo período. Ganó en 2021. Se reeligió en 2024. La Constitución le permite, todavía, una reelección sucesiva más: el techo son doce años. No está “inelegible” mañana. Está, eso sí, en la pendiente final del reloj. Nació el 22 de octubre de 1954. Tiene 71. En tres semanas cumple 72. El currículum de La Moneda ya no abre puertas nuevas. El tiempo político se estrecha. Y cuando el tiempo se estrecha en un municipio, la tentación histórica de Aconcagua no es nueva: rodearse, apurar cargos de confianza, dejar el edificio ocupado por el círculo antes de que el círculo se disuelva.
No es una metáfora. El primer Concejo de su era, en julio de 2021, ya le rechazó una batería de honorarios millonarios para el equipo de confianza. Años después, funcionarios de planta acusaron que ese mismo círculo —administrador, jurídico, gente de absoluta confianza en el DAEM— intentó responderle a Contraloría cargándoles el muerto a quienes no redactaron la defensa. Natalia Leiva no es un nombre suelto en el relato municipal: es la directora del DAEM que acompañó a Castillo a presentar la querella de los $25 millones. El expediente 862, después, dejó esa cifra chica.
Y aquí está la ironía que no necesita adjetivo: en junio de 2021, todavía alcaldesa electa, Carmen Castillo acusó a Patricio Freire de disponer recursos “con personas específicas”, de amiguismo y de aprovechamiento, y prometió terminar con eso. Freire también fue advertido. Freire también tuvo concejales gritándole al oído. Freire también creyó que el sillón aguanta más que el papel. El papel, al final, pesó más.
Ahora los gritos están del otro lado de la mesa señores. Y la alcaldesa, según el registro público, ha preferido respaldar a los suyos antes que abrir el capó. Esta serie no va a hacer el trabajo del Ministerio Público. No va a sentenciar un delito que aún se instruye. Va a hacer lo que el silencio comunal no hizo a tiempo: poner nombre, cargo, fecha, decreto y firma al lado de cada peso que Contraloría ya dejó por escrito. La próxima entrega baja al primer piso. El mapa de responsabilidades del Informe 862: quién autorizaba los cheques, quién era apoderado en el banco, quién visaba, quién conciliaba sin mirar el papel, y cómo $25 millones de foto se transformaron en $160 millones de reparo —con otros $226 millones de 2020-2021 esperando quién los persiga—.
Los ciudadanos de Aconcagua pueden seguir callados. Los expedientes, no. Esperen la segunda entrega. Esta vez, con nombres encima de la mesa.
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