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El nombramiento del exministro macrista en el Banco de Córdoba ocurrió en junio, pero el escenario político cambió. Con La Libertad Avanza disputando poder y el PRO buscando su lugar rumbo a 2027, aquella decisión de Martín Llaryora vuelve a despertar interrogantes. La millonaria pauta oficial destinada a los grandes medios suma otro elemento a la discusión.

En política, algunas decisiones pasan casi inadvertidas cuando se anuncian. Meses después, sin embargo, adquieren otro significado. La incorporación de Hernán Lacunza al directorio del Banco de Córdoba es uno de esos casos.

El gobernador Martín Llaryora dispuso su llegada a Bancor en junio, junto con la de Ércole Felippa como vicepresidente de la entidad. La explicación oficial estuvo vinculada a la experiencia económica, financiera y empresarial de los nuevos integrantes. Una justificación que, por supuesto, puede sostenerse desde el punto de vista de la gestión.

Pero los nombres también tienen historia. Y la de Lacunza está ligada directamente al gobierno de Mauricio Macri, de quien fue ministro de Hacienda.

La pregunta sobre un posible entendimiento político entre Llaryora y el expresidente comenzó a circular entonces. No existe una prueba pública que permita afirmar que hubo un pacto para concretar aquella designación, y el propio Lacunza negó que su llegada al banco respondiera a un acuerdo con Macri.

Sin embargo, el tema merece volver a discutirse. No porque el rumor se haya convertido en una certeza, sino porque el escenario político en el que se produjo el nombramiento ya no es el mismo.

Un movimiento que puede leerse de otra manera

La Libertad Avanza modificó el tablero político argentino y obligó al resto de los espacios a revisar sus estrategias. El PRO enfrenta el desafío de preservar una identidad propia, mientras Mauricio Macri mantiene su lugar en la discusión nacional y comienzan a perfilarse las disputas de cara a 2027.

Córdoba no está al margen de ese escenario.

Llaryora conduce una provincia con peso electoral y procura sostener la identidad del cordobesismo en medio de una disputa política en la que los libertarios buscan ampliar su presencia. En ese contexto, la incorporación de un exministro macrista a una institución estratégica como Bancor adquiere una dimensión que excede lo estrictamente administrativo.

¿Fue una decisión exclusivamente profesional? ¿Hubo también una lectura política? ¿Puede aquella incorporación formar parte de una relación más amplia entre dirigentes que hoy necesitan definir sus posiciones frente al avance libertario?

Son preguntas legítimas. Lo que no sería correcto es presentar las respuestas como hechos comprobados cuando no hay documentación pública que las respalde.

La pauta oficial también forma parte de la discusión

Hay otro aspecto que merece atención cuando se analiza la relación entre el poder político y los actores con capacidad de instalar temas en la agenda pública: el destino de los fondos de publicidad oficial.

Los registros de la pauta del Gobierno de Córdoba muestran montos millonarios destinados a los principales grupos de comunicación. Entre ellos se encuentra Radiodifusora del Centro, la empresa vinculada a Cadena 3.

Los datos publicados sobre el ejercicio 2025 registraron más de mil millones de pesos facturados por esa empresa al Estado provincial en concepto de publicidad. Una cifra que obliga a discutir los criterios de distribución, la transparencia de las contrataciones y la necesidad de que los ciudadanos puedan conocer con claridad cómo se utiliza el dinero público.

La cuestión no consiste en afirmar que recibir publicidad oficial determine la línea editorial de un medio. Para sostener algo así harían falta pruebas concretas. El interrogante es otro: ¿qué mecanismos garantizan que la pauta se distribuya con criterios objetivos, transparentes y ajenos a cualquier conveniencia política?

La publicidad oficial debe servir para comunicar información de interés público, no para establecer relaciones de dependencia ni para premiar o castigar posiciones periodísticas. Por eso, los montos, los destinatarios y los criterios de contratación merecen un control público permanente, independientemente del gobierno que los administre.

Dos discusiones que se cruzan en Córdoba

El nombramiento de Lacunza y la distribución de la pauta oficial son cuestiones diferentes. No hay elementos suficientes para afirmar que formen parte de una misma operación política. Pero ambas permiten plantear una discusión más amplia sobre cómo se construyen las relaciones entre el poder, las instituciones y los actores que intervienen en la vida pública.

Por un lado, un gobernador incorpora a una figura con trayectoria en el macrismo a la conducción del banco provincial. Por otro, su administración destina recursos millonarios a medios y empresas de comunicación. Son decisiones que deben analizarse con información, transparencia y preguntas concretas, sin confundir coincidencias con pruebas ni sospechas con conclusiones.

La política argentina ya empezó a mirar hacia 2027. La fuerza de La Libertad Avanza obliga al PRO, al peronismo cordobés y al resto de los espacios a definir qué lugar pretenden ocupar. En esa disputa, los movimientos institucionales también pueden tener consecuencias políticas, aunque sus responsables los expliquen desde la gestión.

Por eso, la llegada de Lacunza a Bancor vuelve a estar bajo la lupa. No porque hoy exista una confirmación de un acuerdo secreto entre Llaryora y Macri, sino porque el contexto permite volver sobre aquella decisión y examinarla con nuevas preguntas.

En definitiva, no se trata de dar por probado un pacto. Se trata de exigir explicaciones, conocer los antecedentes, revisar los documentos y observar cómo se mueven los protagonistas.

En una democracia, las decisiones de quienes gobiernan pueden y deben ser examinadas. Y cuando se trata de una institución financiera pública o de miles de millones de pesos destinados a publicidad oficial, el interés ciudadano no es una especulación política: es parte del derecho a saber.