La proforma presupuestaria para 2027 evidencia, una vez más, el incumplimiento del Gobierno frente a sus obligaciones constitucionales con la seguridad social. El aporte estatal del 40 % para el Seguro de Pensiones no es una concesión gubernamental, sino una obligación destinada a garantizar el derecho de los jubilados a recibir pensiones dignas y oportunas.
El IESS solicitó USD 4.385,5 millones para cubrir esta obligación; sin embargo, el Gobierno de D. Noboa ha previsto asignar apenas USD 3.070 millones, dejando una diferencia de USD 1.315,5 millones. Además, presupuestar no significa transferir efectivamente los recursos.
Esta política de incumplimientos, arrastrada por distintos gobiernos, expresa irresponsabilidad frente a los derechos de los trabajadores y pensionistas, desconocimiento de los principios de solidaridad y sostenibilidad y una orientación neoliberal que pretende subordinar la seguridad social a los intereses mercantiles, desconociendo que el IESS administra un patrimonio constituido fundamentalmente por las aportaciones y el esfuerzo colectivo de sus asegurados.
Pese a la falta de transferencias estatales, el IESS ha continuado pagando las pensiones con recursos y reservas institucionales, sin embargo, esta capacidad no es ilimitada. Si persiste el incumplimiento, se corre el riesgo de comprometer la liquidez y la sostenibilidad del Seguro de Pensiones.
También preocupa que determinados pagos de la deuda estatal se reflejen mediante operaciones contables y financieras que no necesariamente representan disponibilidad efectiva de dinero. Cuando los recursos retornan al Estado mediante préstamos o adquisición de bonos públicos, el patrimonio puede mantenerse registrado, pero no necesariamente convertido en liquidez inmediata para responder a las obligaciones con los pensionistas.
A ello se suma una deuda estatal que, según estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, se ubicaría entre USD 42.000 y USD 46.000 millones, además de aproximadamente USD 3.800 millones de mora patronal. Son cifras que requieren conciliación y verificación, pero que evidencian la dimensión del problema.
La seguridad social no es una caja fiscal ni un negocio: es un derecho humano y un patrimonio colectivo que debe administrarse con autonomía, transparencia y responsabilidad. Su defensa exige organización, vigilancia y participación ciudadana. No podemos permitir que las decisiones de los gobiernos de turno ni las autoridades designadas por ellos debiliten una institución construida con el esfuerzo de generaciones de trabajadores.
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