El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras y las autoridades de Salud se acerca a un mes sin acuerdo, mientras los pacientes del sistema público siguen enfrentando retrasos, cancelaciones y nuevas esperas para consultas, controles y procedimientos programados. Por cuarta semana consecutiva, el gremio convocó a asambleas informativas en los centros de trabajo de todo el país, con jornada prevista de 7:00 a 19:00.
El Colegio Médico de Honduras estableció que emergencias y áreas críticas deben permanecer cubiertas, pero el resto de servicios puede sufrir interrupciones, aplazamientos o reprogramaciones. Para quienes necesitan una cita ordinaria, esa distinción se traduce en semanas extra de espera. Jorge Barrientos relató que lleva dos semanas intentando reagendar una consulta. “Por segunda semana no encuentro cupo, ya que no hay atenciones”, dijo.
En su caso, como en el de muchos otros, perder una cita no implica conseguir otra de inmediato. Quienes viven en municipios lejanos deben desplazarse, pagar transporte y dedicar un día entero al trámite; si la atención se suspende, esos costos se repiten.Rosa Zavala enfrenta una situación similar. Asegura que su estado de salud se deteriora mientras espera y pidió tanto a los médicos como a las autoridades que resuelvan el diferendo para que se restablezca la atención.
El Colegio Médico mantiene sus exigencias: cese inmediato de despidos, reintegro de profesionales separados de sus cargos, firma de contratos con gestores, centralización de las redes descentralizadas de salud y cumplimiento del pago de la base salarial en las instituciones donde laboran los médicos. También reclaman el reajuste salarial correspondiente al IPC y al componente bienal de 2026, un incremento para los médicos residentes, el pago de salarios atrasados, la formalización de interinatos pendientes y el pago de bonificaciones a jubilados.
El presidente del gremio, Samuel Santos, ha insistido en que el conflicto no se limita a un solo punto. Incluye deudas salariales, contractuales, presupuestarias y de organización del sistema. Una de las demandas centrales es que el 12 % del Presupuesto General de la República se destine al sector sanitario.
Mientras las asambleas continúan y las negociaciones no avanzan, las emergencias se mantienen operativas, pero la atención programada sigue afectada. Pacientes como Barrientos y Zavala ilustran el costo humano de un conflicto que ya se acerca al mes: cada consulta no realizada se convierte en otra espera, otro gasto de transporte y, en algunos casos, un deterioro evitable de la salud.
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