REDACCIÓN ECUADOR.- La mañana del 15 de octubre de 2026, cerca de las diez, una carroza funeraria ingresó al Centro Forense de Santa Elena. Después de 125 días —casi cuatro meses y una semana— el cuerpo de Monika Martyna Koniuszek, conocida en Ecuador como Monika Silva, fue retirado de la cámara frigorífica donde había permanecido desde que fue hallada sin vida el 8 de junio en su casa del barrio El Tigrillo, en la comuna de Montañita. Representantes autorizados por su madre, entre ellos Lita Martínez del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM Guayaquil) y el equipo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), gestionaron el procedimiento bajo medidas especiales por el tiempo transcurrido.
El féretro, acondicionado en un cofre térmico, partió hacia Quito para coordinar el vuelo de repatriación a Polonia. Afuera, amigos, comuneros, activistas y vecinos la despidieron entre lágrimas, flores, una serenata y el reclamo persistente de justicia. Alfonso Ortiz, de Mochica Sumpa y amigo cercano, resumió el momento: “Hoy Monika se va, pero queda sembrada en nuestros corazones por siempre”.
Monika había nacido en Polonia alrededor de 1985. Llegó a Ecuador hace más de una década y se asentó en Montañita, donde formó familia como madre soltera de dos hijas pequeñas. Fundó y dirigió la Fundación La Integridad, dedicada a la transparencia, el control social, la defensa ambiental y los derechos comunitarios. Desde esa plataforma documentó y denunció irregularidades en Santa Elena: ventas de tierras municipales sin subasta pública —entre ellas más de 700 hectáreas en Capaes vinculadas a la empresa Bellitec y a la gestión del entonces alcalde Otto Vera—, conflictos de propiedad, nepotismo en la Contraloría, obras sin permisos ambientales y redes de testaferrismo.
En 2026 amplió el alcance: investigó denuncias de cargamentos de cocaína hallados en contenedores de banano de Noboa Trading, el conglomerado frutícola de la familia del presidente Daniel Noboa, y alegó que altas autoridades judiciales habrían obstaculizado el avance de esas causas. Entregó un dossier a la embajada de Estados Unidos. Sus publicaciones y entrevistas señalaban también a figuras como Cynthia Gellibert y a estructuras locales de poder.Las denuncias vinieron acompañadas de amenazas. En marzo de 2026, mientras se encontraba en el Consejo de la Judicatura de Santa Elena, recibió advertencias sobre un plan de sicariato en su contra.
Responsabilizó públicamente al Estado ecuatoriano por no prevenirlo y por facilitar, en su visión, el riesgo. Mencionó vínculos con las mismas redes que habrían estado detrás del asesinato del periodista y activista Robinson del Pezo en noviembre de 2025. Amigos relataron que se sentía seguida, que los carteles habían puesto precio a su cabeza y que, años atrás, su entonces esposo se llevó a las niñas a Brasil ante amenazas contra la familia. Ella insistía en sus redes: “Aún con vida”, una frase que se volvió sello personal frente al hostigamiento.
El 5 de mayo reiteró las alertas. Tres días después, el 8 de junio, fue encontrada sin vida en su vivienda.Al día siguiente, el ministro del Interior, John Reimberg, declaró que la hipótesis inicial era de suicidio, basada en indicios hallados en la escena —incluida una soga alrededor del cuello—, antes de que existieran resultados de autopsia. La versión fue rechazada de inmediato por allegados y organizaciones. La autopsia médico-legal, practicada en Guayaquil, determinó muerte violenta por asfixia mecánica mediante constricción del cuello con mecanismos combinados, fractura del hueso hioides, golpe contundente en el cráneo y lesiones incompatibles con un ahorcamiento voluntario o autoagresión.
Se abrió investigación por femicidio. La Fiscalía de Polonia, que abrió su propio expediente en Olsztyn, recibió el informe preliminar y concluyó que la muerte fue resultado de una acción deliberada de terceros. La Unión Europea, la relatoría de la ONU sobre defensores de derechos humanos, la CIDH y la embajada polaca pidieron una indagación rápida, exhaustiva, independiente y transparente. No hubo detenciones. El caso avanzó con lentitud y permaneció bajo reserva.
El cuerpo no pudo ser entregado. Intentos previstos para septiembre se frustraron por inconsistencias en el poder otorgado por la madre desde Polonia: la Fiscalía exigió que el documento especificara de manera explícita la facultad de “retirar el cuerpo”. Hubo que activar la vía diplomática; el Consulado de Polonia en Lima envió notas a la Cancillería ecuatoriana para que notificara a la Fiscalía. Mientras tanto, el cadáver permaneció en la morgue de Santa Elena. Amigos y organizaciones denunciaron trabas burocráticas que, en palabras de Ortiz, sólo una “mano poderosa” pudo haber sostenido durante tanto tiempo. El 15 de octubre, finalmente, se autorizó la salida.
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El traslado no cierra la investigación en Ecuador, que sigue abierta sin responsables identificados. En Polonia, la familia recibirá los restos y las autoridades locales evaluarán si practican una segunda autopsia o exámenes adicionales para esclarecer las circunstancias. Lita Martínez ha insistido en que la entrega no termina el proceso por verdad, justicia y reparación, y que se exploran todas las líneas, incluida la del femicidio político vinculado a su activismo. El caso, ha dicho, “dice mucho de lo que está pasando en el Ecuador”: el silenciamiento de quien denunciaba corrupción y el peso de la impunidad.
Monika eligió Ecuador, defendió lo que consideraba justo y dejó dos hijas. Su cuerpo partió hacia Polonia después de más de cuatro meses atrapado en una cámara frigorífica. El legado, como dijeron quienes la despidieron en Santa Elena, permanece sembrado. La pregunta de quién la mató, y por qué el Estado no la protegió a pesar de las advertencias que ella misma formuló, sigue sin respuesta pública.
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