Empiezo por la cifra más incómoda. En Ecuador, el 60% cree que el Estado está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado; otro 25% piensa que no se puede ganar. Sólo el 14% ve avances. Lo dice el Latinobarómetro 2026, mientras el Gobierno exhibe 858 operaciones militares y una baja del 35% en las extorsiones de Quito y Guayaquil. Son dos países hablando del mismo país.
El de la gente tiene números duros. El 37% fue víctima de un delito en el último año, la tasa más alta de la región. El 47% dice que donde vive hay bandas y el 70% vive con miedo permanente o frecuente. Con eso encima, el 60% pide mano dura. Quien ha pagado una vacuna para que no le quemen el local no va a pedir un seminario sobre garantías procesales. Ojo con un detalle: el 63% de mano dura y el 52% que toleraría un gobierno no democrático son promedios latinoamericanos, no ecuatorianos.
La cifra que debería quitar el sueño está en otro renglón. Sólo el 43% apoya la democracia, el 88% no se siente representado por la Asamblea y apenas el 11% confía en los partidos. La justicia cae al 11% de aprobación y la Policía al 24% de satisfacción, mientras la única institución con confianza mayoritaria es la militar: 53% en la encuesta de CIEES de junio. El uniforme gana donde la toga y el escaño pierden.
Ahí se abre la pregunta que el sentido común prefiere no hacerse: ¿a quién le sirve que la rabia apunte a jueces y legisladores? Un juez desacreditado no estorba a nadie. La desconfianza es un recurso político y alguien lo administra. Entretanto, la violencia se mueve por el mapa con otra lógica: según Radio Pichincha, los asesinatos en El Oro pasaron de 358 a 634 entre enero y julio de 2025 y 2026. Donde hay puertos, rutas y plata de por medio, los muertos suben. El dinero que lava el narcotráfico rara vez aparece en las estadísticas de los barrios donde se dispara.
Ecuador ya conoció gobiernos de casco y promesa de orden, y la factura la pagaron los mismos de abajo. Hoy el libreto cambió de vestuario: estados de excepción que se renuevan como quien renueva una suscripción, una alianza de seguridad con Washington bajo el nombre de Escudo de las Américas y una población agotada que firma lo que sea con tal de dormir tranquila. A este país nadie le arrebata la libertad. Se la están pidiendo prestada, sin fecha de devolución.
Una guerra necesita testigos, y a los incómodos se les está acabando el oficio. El viernes 9 de octubre circuló la última edición en papel de Expreso, tras 53 años. Su editora, Granasa, atribuye el cierre al acoso del Gobierno de Daniel Noboa: según la empresa, el Ejecutivo retiró la publicidad institucional, muchos anunciantes fueron amenazados con investigaciones tributarias y de lavado de activos, y el diario perdió cerca del 70% de ellos. Hay además una investigación de la Fiscalía abierta en 2025 por presunto lavado de activos y un proceso de la Superintendencia de Compañías para revertir una venta de acciones de hace seis años. Fundamedios habla de más de un año de acciones administrativas, judiciales y discursivas contra Granasa, y la SIP exigió al Estado que cese el hostigamiento a la prensa crítica.
Ninguna presión funciona sola. Hace falta que alguien ocupe el vacío. Radio Pichincha enumeró esta semana cómo cambió el mapa: La Posta y Radio Centro pasaron a empresarios vinculados a ADN, El Universo fue vendido en febrero a inversionistas extranjeros y Expreso se queda sin papel. Cada caso tendrá su explicación comercial. Juntos dibujan una prensa con menos ruido en la crítica y más coincidencias en el relato. Así se homogeniza una narrativa sin decreto ni censor visible: por asfixia publicitaria, por compra, por miedo a la auditoría. Mientras la ciudadanía pide mano dura, quien podría preguntar quién la empuña va quedando sin tinta.
El miedo es real. Los muertos también. Lo que sigue sin respuesta es quién se queda con el vuelto de tanta mano dura, y quién quedará en pie para preguntarlo.
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