El Consejo de la Judicatura resolvió este martes 27 de octubre de 2026, con cinco votos a favor y por unanimidad, destituir a los jueces Byron Uzcátegui, Silvana Velasco y Wiler Chóez, quienes integraron el tribunal que revocó la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier, dentro del denominado caso Goleada.
¿POR QUÉ FUERON DESTITUIDOS?
La Judicatura determinó que los magistrados incurrieron en error inexcusable, al considerar que excedieron los límites del Recurso de Apelación y realizaron valoraciones sobre aspectos de fondo de la investigación penal.
¿ESTÁ EN JUEGO LA INDEPENDENCIA JUDICIAL?
La resolución ha generado cuestionamientos sobre los límites de la potestad disciplinaria y la independencia de los jueces. Los magistrados habían defendido su actuación, mientras que la Judicatura sostiene que la sanción responde a una infracción disciplinaria y no simplemente al resultado de su decisión.
El 2 de abril de 2026, los tres jueces habían dispuesto medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Meses después, fueron suspendidos y finalmente separados de sus cargos. ¿Consideras que esta destitución está jurídicamente justificada o que podría sentar un precedente preocupante para la independencia judicial en Ecuador?
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