Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo – Profesor de Historia – Psicopedagogo. @Soy_Profe_Feliz – psmiguel.rojas@hotmail.com
En cualquier región de Chile hay alguien que necesita ser escuchado y orientado. Un vecino que sale de una oficina pública sin entender la respuesta que recibió. Una familia que siente que sus derechos fueron vulnerados y no sabe dónde acudir. Para quienes pueden pagar asesoría privada, esa pregunta tiene más caminos posibles. Para quienes viven con lo justo, encontrar orientación puede convertirse en otra dificultad. Hay que conseguir permiso en el trabajo, dejar a los hijos al cuidado de alguien, pagar pasajes y explicar una historia que duele. Por eso, debilitar la presencia territorial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) debería preocuparnos a todos. Cualquiera puede necesitar esa puerta abierta.
Para entender lo que está en juego, conviene recordar qué hace el INDH. Su tarea es promover y proteger los derechos humanos de quienes vivimos en Chile: orientar a una persona que cree que sus derechos fueron vulnerados, advertir a las autoridades sobre prácticas que deben corregirse, educar para prevenir abusos y acudir a los tribunales cuando corresponde, dentro de sus atribuciones legales.
Basta recordar lo ocurrido en Quintero y Puchuncaví, donde los episodios de contaminación llevaron a familias enteras a temer por su salud. El INDH presentó un recurso de protección a favor de la población afectada, que fue acogido por la Corte Suprema en 2019 junto con otras acciones, ordenando a las autoridades adoptar medidas para enfrentar la emergencia. Allí, la defensa de los derechos humanos tuvo una expresión concreta: acudir a la justicia para proteger a comunidades cuya vida cotidiana estaba amenazada por la contaminación. Ese trabajo permite comprender por qué importan los equipos regionales: conocer lo que ocurre en un territorio y actuar para proteger a sus habitantes requiere profesionales y presencia efectiva.
Un segundo ejemplo de alcance nacional fue su labor ante la crisis del Sename. En 2017, el INDH visitó 171 centros y entrevistó a 405 niños, niñas y adolescentes para conocer sus condiciones de vida y posibles vulneraciones bajo custodia del Estado. Su informe abordó la violencia, el abuso sexual y las condiciones de cuidado, mostrando por qué es indispensable contar con equipos que puedan llegar a todos los territorios y escuchar a quienes más necesitan protección.
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El proyecto de ley presentado por el gobierno para “adecuar” el funcionamiento del INDH plantea una amenaza concreta. La referencia específica es el Informe Financiero N.º 231 de la Dirección de Presupuestos (Dipres), del 19 de octubre de 2026, páginas 4–5. Este señala una reducción proyectada del 50 % de la dotación regional y del 70 % de los abogados de la Unidad de Protección.
Tampoco basta con ofrecer un formulario en línea o una llamada. Hay personas sin conexión estable, sin habilidades digitales o sin privacidad para explicar lo que les ocurre. Otras necesitan que alguien revise sus antecedentes y les explique con paciencia. Una atención digna reconoce esas diferencias. No puede diseñarse suponiendo que todos disponemos del mismo tiempo, los mismos recursos y las mismas posibilidades de comprender el lenguaje de las instituciones.
Chile ya aprendió, dolorosamente, lo valioso de encontrar amparo cuando el Estado falla. Durante la dictadura, la Vicaría de la Solidaridad brindó asistencia jurídica y social a víctimas de la represión y sus familias. Escuchó testimonios, documentó atropellos y denunció violaciones de derechos humanos. Para muchas personas fue un lugar donde su sufrimiento encontró reconocimiento. Allí hubo profesionales dispuestos a acompañarlas cuando denunciar significaba exponerse a la persecución y al miedo.
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La Vicaría pertenecía a la Iglesia y actuó bajo una dictadura. El INDH es una institución pública autónoma en democracia. Son realidades distintas, unidas por una enseñanza común que sigue vigente: nadie debería quedar solo frente a los abusos del poder. Recordar esa historia nos obliga a cuidar los mecanismos de protección actuales. La memoria pierde sentido si honramos a quienes defendieron derechos ayer mientras aceptamos que hoy se debiliten las posibilidades de ejercerlos.
La democracia puede apagarse lentamente, como una vela cuya llama empieza a temblar. Pierde luz cuando alguien deja de denunciar porque cree que nadie lo escuchará; cuando una familia desiste porque no puede pagar el viaje; cuando una oficina conserva su nombre, pero pierde la capacidad de ayudar. Eso debería interpelarnos vivamos donde vivamos, pensemos como pensemos. Defender una atención digna es defender la posibilidad de encontrar respaldo cuando nos toque necesitarlo. La memoria de la Vicaría nos recuerda cuánto vale una puerta abierta. No esperemos a quedar inmersos en la oscuridad para descubrir que cada equipo reducido, cada atención postergada y cada persona abandonada fueron apagando una luz que nos pertenecía a todos y que teníamos la responsabilidad de cuidar juntos.
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