A través de un informe de la Asamblea Nacional que dispone a la Fiscalía, Contraloría y UAFE informar sobre posibles procedimientos contra diversas autoridades locales, se habría activado un presunto cerco judicial en plena víspera de los comicios seccionales. Entre los despachos que constarían bajo este denominado “semáforo de alertas patrimoniales” figuraría la Prefectura de Cotopaxi, encabezada por Lourdes Tibán, a quien se indagaría por un supuesto incremento patrimonial no justificado.
Pese a sus conocidos acercamientos con el oficialismo —recordados por la escena del cuáquer en campaña—, han trascendido versiones extraoficiales sobre un presunto bloqueo de sus cuentas bancarias e intensas presiones para motivar su dimisión al cargo. Diversos sectores advierten que esta ofensiva legislativa apuntaría a mermar a potenciales candidaturas antes de gozar de inmunidad, dejando entrever que el respaldo político inicial no habría bastado para frenar las investigaciones estatales.
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