El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en tiempo récord —apenas siete días después de su entrega— la Proforma Presupuestaria 2027 por USD 50.213,09 millones, en medio de fuertes cuestionamientos por recortes en inversión universitaria, incumplimientos constitucionales en salud y supuestos ingresos sin respaldo. La decisión se concretó la tarde del viernes 6 de noviembre de 2026 con 83 votos a favor, 61 en contra y 2 abstenciones, tras un trámite legislativo acelerado que incluyó sesiones durante el feriado nacional.
Durante la sesión plenaria legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) cuestionaron que el trámite impidiera comparecencias de rectores universitarios y gremios sociales. La proforma llegó al Legislativo precedida por la emisión del Decreto Ejecutivo 527, mediante el cual el Gobierno flexibilizó las reglas fiscales aplicables a los sectores de salud, educación y justicia.
LAS CIFRAS DE SALUD Y EDUCACIÓN
EDUCACIÓN.- Aunque el discurso oficial sostiene que el presupuesto crece en casi USD 4.000 millones respecto a 2026 y prioriza el gasto social, parlamentarios y analistas advierten una reducción del 51,12 % en el Plan Anual de Inversiones (PAI) de las universidades y escuelas politécnicas públicas, lo que equivale a USD 148,5 millones menos para infraestructura, laboratorios e investigación en 31 de las 33 instituciones.
Entre las instituciones con mayores recortes en inversión figuran la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) con USD 19 millones menos, la Universidad Central del Ecuador (-USD 15,5 millones) y la Universidad de Cuenca (-USD 11,4 millones). Asimismo, la Universidad Intercultural Amawtay Wasi enfrenta un desplome del 69 % en este rubro, mientras sus estudiantes denuncian falta de planta docente.
SALUD.- por debajo del mandato constitucional: La proforma asigna USD 5.855,94 millones al sector salud equivalente al mínino de 4 puntos del PIB fijado en la constitución. Durante el debate, la asambleísta Cristina Jácome señaló que estas cifras incumplen la disposición constitucional de incrementar anualmente al menos un 0,5 % del PIB para el Sistema Nacional de Salud.
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