Mientras miles de ecuatorianos enfrentan dificultades para acceder a medicamentos, atención médica y educación de calidad, resulta necesario cuestionar si es justo que los altos funcionarios públicos reciban beneficios adicionales financiados con los impuestos de todos.
En Ecuador, un asambleísta percibe un sueldo mensual bruto de $4.759. Sin embargo, aquellos que cumplen los requisitos para recibir la compensación por residencia pueden obtener $1.446 adicionales, alcanzando un total de $6.205 mensuales, antes de descuentos. A esto pueden sumarse viáticos y otros gastos institucionales cuando corresponda.
No se trata de impedir que los legisladores trabajen o se movilicen por el país, sino de exigir austeridad, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Los gastos indispensables y debidamente justificados son distintos de los privilegios innecesarios.
Con remuneraciones de ese nivel, consideramos razonable que los asambleístas asuman una mayor parte de sus gastos personales, evitando que el Estado financie beneficios que no sean estrictamente necesarios. Cada dólar que pueda ahorrarse mediante una administración más eficiente debería priorizar las verdaderas necesidades del Ecuador: hospitales abastecidos, escuelas dignas y mejores servicios públicos. El servicio público debe ser un compromiso con el país, no una oportunidad para acumular privilegios.
Prensamérica Internacional© ha limitado los comentarios en este sitio. Puedes comentar directamente aquí:
Ir a Contacto
