¿Puede salir de México una obra de Siqueiros? Justicia lo ha impedido

Cuatro tesis aisladas de un Tribunal Colegiado analizan las condiciones para exportar definitivamente una obra de David Alfaro Siqueiros declarada monumento artístico. Los criterios sostienen que la propiedad no otorga un derecho automático para sacar la pieza del país, pero tampoco establece una prohibición absoluta: la autorización puede concederse bajo condiciones vinculadas con el interés cultural de México.

Ser propietario de una obra de arte permite disponer de ella, pero ¿incluye el derecho a exportarla definitivamente cuando forma parte del patrimonio artístico nacional? Esa pregunta llegó a los tribunales después de que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) negara el permiso para sacar de México una obra de David Alfaro Siqueiros.

El caso dio lugar a cuatro tesis aisladas publicadas el 13 de noviembre de 2026. Los criterios abordan el derecho de propiedad, la protección del patrimonio cultural, las atribuciones del INBAL y la facultad del Ejecutivo para establecer condiciones de exportación. En conjunto, plantean un equilibrio: una obra puede pertenecer a una persona particular y, al mismo tiempo, estar sujeta a reglas especiales debido a su valor artístico y cultural.

El caso que llegó a revisión

Según los antecedentes de las tesis, una persona promovió un amparo indirecto contra el oficio mediante el cual el INBAL negó el permiso para exportar definitivamente una obra de su propiedad, realizada por Siqueiros. La producción gráfica, muralística y documental del artista había sido declarada monumento artístico nacional mediante un decreto publicado el 18 de julio de 1980.

La negativa se sustentó en el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como en el artículo 6 del decreto. Entre las razones expuestas por el INBAL figuraba la preocupación de que la salida definitiva de la obra afectara el acceso de la sociedad a ella y al patrimonio cultural.

El juzgado de distrito concedió el amparo. La presidenta de la República interpuso un recurso de revisión, en el que se discutió, entre otros aspectos, si las condiciones establecidas en el decreto restringían de manera desproporcionada el derecho de propiedad y si excedían los límites previstos en la ley.

Las cuatro tesis —registros digitales 2032906, 2032907, 2032908 y 2032909— derivan del amparo en revisión 999/2025, resuelto el 17 de abril de 2026 por unanimidad de votos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Una obra privada, pero de interés público

El asunto enfrenta dos intereses que pueden entrar en tensión. Por un lado, está el derecho de propiedad de quien posee la obra. Por otro, el interés nacional en conservar los monumentos artísticos y garantizar que las personas puedan acceder a la cultura y disfrutar de los bienes que integran el patrimonio cultural.

El Tribunal Colegiado sostuvo que la protección patrimonial puede justificar límites a la manera en que una persona dispone de una obra declarada monumento artístico. Sin embargo, esas restricciones no equivalen necesariamente a privarla de su propiedad ni a prohibir cualquier posibilidad de exportación. En el caso analizado, el decreto contempla una excepción que permite autorizar la salida definitiva bajo determinadas condiciones.

La clave está en que la regulación considera el valor cultural de la pieza y no únicamente la voluntad de su propietario. De acuerdo con los criterios, el Estado tiene la obligación constitucional de proteger el patrimonio artístico y procurar que la colectividad pueda acceder a bienes que forman parte de la identidad nacional.

La exportación definitiva es posible, pero no automática

El artículo 6 del decreto establece que el INBAL puede autorizar excepcionalmente la exportación definitiva de determinadas obras de Siqueiros cuando sean adquiridas por un museo o una galería de exposiciones de reconocido prestigio y se destinen a la exhibición pública en condiciones convenientes para el interés cultural de México.

Para el Tribunal, estas condiciones no eliminan la posibilidad de exportar la obra, sino que regulan la manera en que puede ejercerse esa opción. La pieza puede salir del país si la operación resulta compatible con el interés cultural nacional y favorece su exhibición pública.

El criterio distingue esta situación de una venta a un particular que pudiera mantener la obra en una colección privada, fuera del alcance del público. En la lógica de la resolución, su exhibición en una institución reconocida puede ampliar las posibilidades de que sea conocida por más personas, aunque se encuentre en el extranjero.

Esto no significa que la adquisición por parte de un museo o una galería garantice automáticamente la autorización. El INBAL debe evaluar cada solicitud y determinar si cumple las condiciones aplicables.

El permiso depende de una evaluación del INBAL

Otra de las tesis establece que la facultad del INBAL —y, en los casos que correspondan, del Instituto Nacional de Antropología e Historia— para autorizar la exportación temporal o definitiva de monumentos históricos o artísticos es discrecional.

En términos sencillos, la ley no concede a la persona propietaria un derecho automático a obtener el permiso por el simple hecho de solicitarlo. La autoridad puede concederlo o negarlo, pero debe hacerlo de manera fundada y motivada. Su decisión debe considerar la solicitud, los objetivos de la ley y las características de la obra, entre otros elementos.

La discrecionalidad, por tanto, no significa que la autoridad pueda resolver sin dar explicaciones. Los criterios reconocen un margen de evaluación, pero exigen que la decisión se apoye en razones relacionadas con el caso concreto y con los objetivos de protección cultural.

Por qué el Tribunal consideró válida la restricción

Para determinar si el decreto vulneraba el derecho de propiedad, el Tribunal aplicó un test de proporcionalidad. Consideró que estaban en juego, por una parte, el derecho a la propiedad y, por otra, el interés nacional en conservar los monumentos artísticos y garantizar el acceso a la cultura.

El escrutinio fue calificado como flexible, pues la norma no se basaba en una categoría sospechosa ni se identificó que la persona propietaria perteneciera a un grupo vulnerable. Bajo ese análisis, el Tribunal consideró que la medida perseguía una finalidad constitucionalmente válida: preservar el patrimonio cultural y facilitar el acceso de la colectividad a obras relevantes.

También estimó que exigir la exhibición pública en una institución reconocida era una medida idónea para alcanzar ese propósito. En cuanto a su necesidad, sostuvo que, sin reglas para autorizar la exportación definitiva, los monumentos artísticos podrían salir del país sin que el Estado conservara control sobre su permanencia en territorio nacional.

Finalmente, consideró que la restricción era proporcional en sentido estricto: limita la libertad de la persona propietaria para disponer de la obra como desee, pero no la priva de su propiedad ni le impide venderla en México. Tampoco cierra por completo la posibilidad de exportarla, sino que la sujeta a condiciones que, según el Tribunal, procuran un beneficio cultural.

El decreto y la facultad reglamentaria

Otro de los criterios examina si el artículo 6 del decreto excede lo dispuesto en la ley o vulnera los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.

El Tribunal concluyó que no. La razón es que el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos faculta al Ejecutivo para regular, mediante disposiciones secundarias, las modalidades y condiciones para otorgar permisos de exportación temporal o definitiva. El órgano jurisdiccional consideró que esa habilitación permite desarrollar aspectos específicos de la regulación.

Con base en ello, determinó que el decreto establece condiciones para otorgar los permisos dentro del marco previsto por la ley, sin introducir restricciones que lo excedan.

Lo bueno, lo malo y lo feo

Lo bueno: Los criterios reconocen que la exportación definitiva no está prohibida de manera absoluta. También explican que las condiciones para autorizarla buscan mantener la obra accesible al público mediante su exhibición en una institución de reconocido prestigio. Además, establecen que la discrecionalidad del INBAL debe ejercerse con fundamento y motivación, no de manera arbitraria.

Lo malo: La persona propietaria no puede disponer libremente de la obra como lo haría con un bien que carece de protección patrimonial. La obtención del permiso depende de una evaluación administrativa y del cumplimiento de condiciones específicas. Esto puede limitar las opciones de venta o traslado, incluso cuando la obra pertenezca legalmente a un particular.

Lo feo: Expresiones como «reconocido prestigio», «condiciones convenientes» e «interés cultural de México» requieren una valoración por parte de la autoridad. Aunque el Tribunal sostiene que el INBAL debe justificar sus decisiones, esos conceptos pueden abrir espacio a controversias sobre su aplicación en cada solicitud. En la práctica, el equilibrio entre el interés público y el derecho de propiedad dependerá de la calidad de la motivación administrativa y de las pruebas aportadas.

Alcances y cautelas

Estos criterios son tesis aisladas emitidas por un Tribunal Colegiado, no jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte. Se refieren a un caso concreto relacionado con una obra de Siqueiros y con el decreto que protege su producción artística. Por ello, no deben interpretarse como una regla general que resuelva automáticamente la exportación de cualquier obra de arte o monumento artístico.

La conclusión central es que ser propietario de una obra declarada monumento artístico no genera un derecho irrestricto a exportarla definitivamente. Sin embargo, la protección del patrimonio tampoco implica, en este caso, una prohibición absoluta: el decreto contempla una vía excepcional, condicionada a que la salida de la obra sea compatible con el interés cultural de México y garantice su exhibición pública.