Dos jurisprudencias del Pleno establecen que, bajo la legislación penal de Coahuila vigente en 2006, el plazo de diez años para exigir la reparación comienza cuando la víctima es efectivamente notificada de la sentencia firme. También determinan que la cuantificación del monto debe realizarse dentro de ese mismo periodo.
La reparación del daño puede estar reconocida en una sentencia y, aun así, quedar pendiente una pregunta decisiva: ¿cuánto tiempo hay para determinar el monto y hacerlo efectivo? Dos jurisprudencias publicadas el 13 de noviembre de 2026 ofrecen una respuesta para los casos sujetos al Código Penal de Coahuila vigente en 2006: el plazo de prescripción es de diez años y comienza cuando la víctima recibe una notificación efectiva de la sentencia ejecutoria.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció estos criterios al resolver el amparo en revisión 433/2025, relacionado con una condena por secuestro dictada en 2006. La decisión aborda dos cuestiones vinculadas, pero distintas: cuándo comienza a correr el plazo de prescripción y por qué la cuantificación de la reparación debe realizarse dentro de ese periodo.
El caso que llegó al Pleno
De acuerdo con los antecedentes de las tesis, una persona cometió el delito de secuestro en 2002 y fue condenada en 2006. La sentencia ordenó pagar la reparación integral del daño a la víctima, aunque dejó pendiente la determinación de la cantidad exacta, que podía establecerse durante el procedimiento de ejecución.
En 2022, la persona sentenciada solicitó que ya no se ejecutara esa sanción, al considerar que había transcurrido el plazo legal de diez años. Sin embargo, el órgano jurisdiccional ordenó el pago de la reparación y la decisión fue confirmada en apelación. Posteriormente, un juzgado de distrito negó el amparo indirecto. El asunto llegó al Pleno después de que la Suprema Corte atrajera el recurso de revisión.
La controversia no consistía en determinar si la víctima tenía derecho a la reparación, pues este ya había sido reconocido en la sentencia. El debate se centró en cómo debía operar la prescripción cuando la condena ordenaba reparar el daño, pero todavía faltaba establecer el monto exacto.
Dos criterios sobre una misma controversia
Las tesis P./J. 225/2026 (12a.) y P./J. 226/2026 (12a.) resuelven esa controversia desde dos perspectivas complementarias.
La primera establece que la cuantificación de la reparación debe realizarse dentro del plazo de prescripción de diez años previsto en el artículo 178 del Código Penal de Coahuila, en su versión vigente en 2006. El hecho de que el monto pueda determinarse durante la etapa de ejecución no significa que el plazo quede suspendido, se interrumpa o comience a correr hasta que se liquide la cantidad.
La segunda precisa el momento en que inicia ese periodo: cuando la víctima es efectivamente notificada de la sentencia ejecutoria, es decir, de la resolución que quedó firme. No basta con presumir que conoció la sentencia; debe acreditarse que la notificación se practicó de manera efectiva.
En conjunto, ambos criterios establecen una secuencia: primero debe identificarse cuándo fue notificada la víctima; a partir de esa fecha comienza el plazo de diez años y, durante ese periodo, deben realizarse las actuaciones necesarias para determinar el monto de la reparación en el procedimiento de ejecución.
La notificación efectiva marca el inicio del plazo
El Pleno vinculó el inicio del cómputo con el conocimiento efectivo de la sentencia por parte de la víctima. La razón es que, para ejercer oportunamente su derecho a obtener la reparación, la persona afectada debe conocer la existencia de una condena y tener la posibilidad de participar en las actuaciones necesarias para cuantificar el daño.
Por ello, las tesis señalan que una notificación por lista o practicada a una persona que no sea asesora jurídica, autorizada o representante legal de la víctima no garantiza, por sí misma, que esta haya conocido la sentencia ejecutoria. Las autoridades deben revisar las constancias y los medios utilizados para determinar si existió una notificación personal y efectiva.
La fecha puede variar de un expediente a otro. Si existen varias víctimas, el cómputo debe realizarse individualmente, pues cada una pudo haber recibido la notificación en un momento distinto.
Si no hay certeza sobre la notificación, no debe considerarse transcurrido el plazo de prescripción. El criterio también contempla que el cómputo pueda comenzar a partir de una notificación posterior debidamente acreditada, incluso si ocurre durante la ejecución de la pena, en un recurso o en un juicio de amparo.
La cuantificación no amplía el plazo
La primera jurisprudencia aborda una dificultad práctica: la sentencia puede ordenar la reparación del daño sin establecer de inmediato la suma exacta. El monto puede determinarse posteriormente, dentro del procedimiento de ejecución penal, con base en los elementos que se aporten.
Sin embargo, conforme al criterio del Pleno, que la legislación permita cuantificar la reparación en esa etapa no modifica el periodo de prescripción. La determinación del monto debe impulsarse dentro de los diez años que comienzan a correr desde la notificación efectiva de la sentencia ejecutoria.
La resolución descarta la interpretación de que la prescripción solo comienza o puede operar cuando existe una cantidad líquida y exigible. A juicio del Pleno, aceptar esa lectura supondría incorporar una condición que no está prevista en la legislación aplicable y podría dejar sin efecto práctico el plazo legal.
Además, esa interpretación generaría incertidumbre sobre el momento en que una sanción deja de ser exigible. Si el plazo dependiera de que primero se liquidara la cantidad y esa operación pudiera posponerse indefinidamente, la posibilidad de cobrar la reparación podría prolongarse sin límite, incluso más allá de la duración de la pena de prisión, según la argumentación recogida en las tesis.
El impacto para las víctimas
El criterio sobre la notificación busca evitar que el plazo de prescripción comience antes de que la víctima tenga conocimiento efectivo de la sentencia firme. La distinción es relevante porque, durante la ejecución, puede ser necesario aportar pruebas y otros elementos para determinar el monto de la reparación.
Por ello, las constancias de notificación adquieren un papel central. No basta con que exista una sentencia ejecutoria: también debe establecerse si la víctima fue notificada, cuándo ocurrió y mediante qué procedimiento. Cuando hay varias víctimas, la revisión debe realizarse de manera individual.
Las tesis también ponen de relieve una dimensión práctica del derecho a la reparación: reconocerlo en una sentencia no resuelve, por sí solo, cómo se determina y cobra el monto. Para concretar la condena, la víctima debe tener una oportunidad real de conocerla e impulsar las actuaciones correspondientes dentro del periodo establecido.
La certeza jurídica para las personas sentenciadas
Al mismo tiempo, la Suprema Corte destacó que la prescripción cumple una función de certeza jurídica: establece un límite temporal para que una sanción penal pueda hacerse efectiva. La protección de los derechos de las víctimas debe armonizarse con los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos constitucionalmente.
Desde esa perspectiva, permitir que la cuantificación se prolongue sin límite dejaría a la persona sentenciada sin certeza sobre cuándo concluye la posibilidad de exigir el cumplimiento de la sanción. El Pleno consideró que no puede crearse, mediante interpretación, una regla que suprima o prolongue indefinidamente el plazo establecido en la legislación aplicable.
El fallo no plantea la reparación y la prescripción como principios que deban anularse entre sí. Establece un punto de equilibrio: la víctima debe ser efectivamente notificada para que comience a correr el plazo, pero, una vez iniciado, las actuaciones para cuantificar la reparación deben desarrollarse dentro de los diez años previstos por la ley.
Lo bueno, lo malo y lo feo
Lo bueno: El criterio impide que el plazo de prescripción comience sin que exista certeza de que la víctima conoció la sentencia firme. También exige revisar individualmente las notificaciones cuando hay varias víctimas, en lugar de presumir que todas tuvieron conocimiento al mismo tiempo. Para la persona sentenciada, establece un límite temporal: una vez iniciado el cómputo, la cuantificación debe realizarse dentro de los diez años previstos por la legislación aplicable.
Lo malo: La protección de la víctima depende, en buena medida, de que el expediente permita acreditar cómo, cuándo y a quién se notificó la sentencia. Si esas constancias son incompletas o controvertidas, la discusión sobre la prescripción puede trasladarse a la validez de la notificación. Además, las actuaciones para determinar el monto deben desarrollarse dentro del plazo, lo que vuelve especialmente relevantes las gestiones realizadas durante la ejecución.
Lo feo: Una notificación deficiente o difícil de comprobar puede generar incertidumbre para ambas partes. La víctima podría enfrentar demoras para concretar la reparación, mientras que la persona sentenciada podría permanecer sin claridad sobre el inicio del plazo. El criterio establece que, si no se acredita una notificación efectiva, no debe considerarse transcurrido el periodo de prescripción. Esta regla protege el derecho de la víctima, pero también evidencia cuánto puede depender el resultado de que las actuaciones judiciales y sus fechas estén debidamente documentadas.
En suma, las jurisprudencias buscan conciliar dos exigencias: garantizar el derecho de la víctima a obtener la reparación y preservar la seguridad jurídica de la persona sentenciada mediante un límite temporal para ejecutar la sanción. En la práctica, ese equilibrio dependerá de la calidad de las notificaciones y de la claridad de las constancias del expediente.
Una regla delimitada por la legislación de Coahuila de 2006
El alcance de estas jurisprudencias debe interpretarse con cuidado. Los criterios se refieren al artículo 178 y a las disposiciones relacionadas del Código Penal de Coahuila vigentes en 2006. Por tanto, no debe asumirse que el mismo plazo o las mismas reglas operan automáticamente bajo cualquier legislación, en cualquier periodo o para toda condena por reparación del daño.
En cada asunto pueden resultar determinantes las normas aplicables, las fechas de emisión y notificación de la sentencia, las constancias sobre la forma en que se practicó esa notificación y las actuaciones realizadas para determinar el monto. El propio criterio establece que el cómputo puede ser distinto para cada víctima.
Una decisión que pone el foco en las fechas y las constancias
El Pleno aprobó ambas jurisprudencias por mayoría de ocho votos contra uno. La decisión establece una regla temporal concreta para el marco legal analizado: la reparación debe cuantificarse dentro del plazo de prescripción y este comienza cuando la víctima es efectivamente notificada de la sentencia ejecutoria.
En la práctica, la exigibilidad de la reparación puede depender de la reconstrucción completa del expediente: cuándo quedó firme la sentencia, quién recibió la notificación, si esa persona estaba autorizada para actuar en representación de la víctima y qué gestiones se realizaron durante el periodo de prescripción.
La conclusión central es doble: el derecho de la víctima a obtener la reparación requiere una notificación efectiva que le permita conocer la condena y actuar; mientras que la seguridad jurídica exige que la cuantificación no mantenga abierta indefinidamente la posibilidad de ejecutar la sanción. Las tesis buscan hacer compatibles ambas exigencias dentro del plazo previsto por la legislación aplicable.
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