Por: Dick Richard Sellán Bajaña para Prensamérica Internacional©.
La derecha regional está de fiesta. En Santiago brindan por Kast. En Bogotá, Abelardo de la Espriella arma su gabinete de “mano de hierro”. En Tegucigalpa gobierna Tito Asfura, con la bendición pública de Donald Trump. En Lima, Keiko Fujimori acaba de jurar como presidenta de un país, que ha tenido ocho mandatarios en apenas diez años. Guayaquil, Asunción y San Salvador ya tenían mesa reservada desde antes. El continente que hace pocos años discutía si vivía una segunda marea rosa hoy discute, con la misma ansiedad, si queda alguna orilla que no haya virado.
Conviene decir esto sin el tono de sorpresa que usan las agencias internacionales, como si la derecha hubiera llegado empujada por el viento. No llegó por el viento. Llegó por el miedo administrado, por el estancamiento económico real, por el fraccionamiento crónico de una izquierda que en Perú ni siquiera logra ponerse de acuerdo sobre a quién indultar, y por una operación de sentido común, en términos gramscianos, que lleva años instalando la idea de que el orden solo lo garantiza la mano dura y el mercado sin ataduras.
Chile es el caso más nítido. José Antonio Kast, hijo de un militante del partido nazi alemán y cercano durante años al legado de Pinochet, ganó con casi el 60% de los votos tras una campaña centrada en el crimen organizado y la migración venezolana. No ganó explicando un programa económico. Ganó ofreciendo una promesa de seguridad que sustituye la política por la administración del pánico. Lo que queda, lejos de los discursos de victoria, es una agenda de deportaciones masivas, cárceles de máxima seguridad y una frontera militarizada que ya empieza a copiarse en otros países de la región.
Honduras confirma el patrón desde otro ángulo. Nasry Asfura ganó por un margen mínimo, en un escrutinio que se paralizó varias veces y terminó bajo la mirada pública de Trump, quien amenazó con “hacer pagar” a Honduras si el resultado no le convenía. El Partido Nacional, el mismo que gobernó entre 2010 y 2022 entre denuncias de narcotráfico que llevaron a un expresidente a una cárcel en Nueva York, vuelve al poder con el aval directo de Washington. Ahí no hay péndulo. Hay injerencia con nombre y apellido.
Colombia se sumó ayer mismo. Este 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumió la presidencia tras derrotar a Iván Cepeda por menos de un punto, en la elección más cerrada de la historia reciente del país. De la Espriella, abogado penalista devenido outsider de extrema derecha, llega prometiendo “mano de hierro” justo cuando Gustavo Petro deja el primer gobierno de izquierda en la historia moderna colombiana. El margen fue minúsculo, pero el resultado es el mismo: otro país suramericano se suma al bloque.
Perú, después de gastar ocho presidentes en una década, resolvió su crisis institucional entregándole el poder a Keiko Fujimori, hija del expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad, en una segunda vuelta marcada por acusaciones de fraude sin pruebas y un escrutinio que tardó semanas en cerrarse. Mientras tanto, Ecuador ya tenía a Daniel Noboa gobernando bajo estados de excepción sucesivos, Paraguay sostiene desde hace años el bloque más antiguo de la derecha continental con el Partido Colorado, y El Salvador exhibe a Nayib Bukele como modelo exportable de régimen de excepción convertido en marca política.
Nada de esto ocurre en el vacío. Ocurre en un momento de estancamiento económico regional, de bandas criminales transnacionales que prosperan justo donde el Estado se retiró, y de una izquierda que, salvo excepciones, no construyó una hegemonía cultural propia más allá de la gestión de gobierno. Gramsci lo explicaba con precisión: cuando una clase dirigente pierde el consentimiento activo y gobierna solo por coerción, se abre una crisis de autoridad en la que “lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”. La derecha regional no resolvió esa crisis. La capitalizó con eficacia publicitaria, con el respaldo de medios concentrados y con Washington.
