La relación entre políticos ecuatorianos y la prensa nacional atraviesa un nuevo retroceso: periodistas denuncian falta de acceso a funcionarios, investigaciones suspendidas y profesionales obligados a dejar su trabajo. El escenario se describe como una normalidad creciente en la que la exclusión, las presiones económicas y el ostracismo reducen el espacio para preguntar y fiscalizar al poder.
El conflicto se agrava porque el Gobierno y sus aliados pueden limitar entrevistas o responder solo en sus propios canales, mientras parte de la sociedad acepta esa dinámica por la polarización. El resultado es menos balance informativo y más dificultad para que los ciudadanos escuchen a las autoridades desde miradas críticas. La obligación de rendir cuentas sigue siendo una deuda pública.
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