Por: Dick Richard Sellán Bajaña para Prensamérica Internacional©.
El plazo venció el lunes 17 de agosto a las seis de la tarde. Hasta el último minuto, organizaciones políticas de todo el país corrigieron listas, sustituyeron candidatos y cerraron acuerdos que semanas antes hubieran parecido impensables. Un analista electoral lo comparó con el juego de las sillas: la música suena, los aspirantes caminan alrededor de los asientos disponibles y cuando se detiene, corren a ocupar un lugar, cualquiera, con tal de no quedar fuera de la papeleta del 29 de noviembre. La imagen es más precisa que cualquier discurso sobre ideología. En Ecuador, en este ciclo electoral, la casilla importa más que la causa.
Guayaquil ofrece el ejemplo más nítido. Cynthia Viteri, que había sido presentada como candidata por Centro Democrático, terminó representando a Acción Democrática Nacional, el movimiento del presidente Daniel Noboa, después de que este descartara a Niels Olsen, su apuesta original para la alcaldía. Casi al mismo tiempo, Fiorella Icaza inscribió su candidatura por el Partido Socialista Ecuatoriano con respaldo del correísmo, descartando de por medio a la Mónica Luzarraga, a quien, semanas antes, el Socialismo Ecuatoriano decía respaldar; ciudad puerto donde esas dos etiquetas, socialismo y correísmo, llevaban años sin sentarse en la misma mesa. Nadie explica estos movimientos con un manual de doctrina. Se explican con aritmética electoral y con la necesidad de ocupar un espacio antes de que se acabe el tiempo.
Pero reducir el fenómeno a saltos individuales de partido en partido sería quedarse en la superficie. Desde el 3 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió por nueve meses al movimiento Revolución Ciudadana, la fuerza que en las últimas elecciones generales concentró el voto opositor más numeroso. La suspensión le quitó el casillero y obligó a su dirigencia a buscar refugio bajo otras siglas, en silencio, por temor a que sus aliados también fueran sancionados. Gabriela Rivadeneira lo describió con una imagen futbolística que vale la pena recordar sin citarla textualmente: un partido donde el gobierno juega solo, con la cancha inclinada a su favor y el árbitro de su lado. El presidente Noboa respondió que si fuera un dictador nadie podría decírselo en público, y que las restricciones a ciertas organizaciones responden a investigaciones sobre delitos financieros, no a persecución política. Las dos versiones no se anulan entre sí. Conviven y esa convivencia es el síntoma. Hábilmente se autoposicionan como contrincantes políticos electorales, cuando en realidad subyace su esencia de ser operadores del sistema vigente, desplazando a las fuerzas de los colectivos sociales populares.
Porque el adelanto del calendario electoral, decidido por el Consejo Nacional Electoral y resistido por Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Unidad Popular, no fue un simple ajuste técnico. Comprimió los plazos para cambios de domicilio, inscripción de candidaturas y campaña, en un país donde 13,8 millones de personas están llamadas a elegir 5.749 autoridades locales. Quien controla el ritmo del proceso controla también quién llega a tiempo y quién queda rezagado. La salida de Diana Atamaint de la presidencia del CNE en junio, en medio de la polémica por la cancelación de partidos, y los relevos posteriores en ese organismo, no deberían leerse como anécdotas administrativas. Son parte del mismo movimiento: mientras Acción Democrática Nacional presume de no necesitar alianzas porque, según Noboa, construye desde sus propias filas igual que hizo en su momento la Revolución Ciudadana, el aparato estatal despeja el camino eliminando competidores por vía judicial y recalibrando plazos. Todo esto en el marco de un permanente estado de excepción como estrategia de gobierno y control político de las disidencias.
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Ahí está la diferencia entre el transfuguismo de siempre (venta y alquiler de casilleros electorales de los partidos y movimientos, locales y regionales) y lo que ocurre hoy en los cantones y provincias del país. El primero es viejo conocido de la política ecuatoriana: partidos sin estructura, candidatos invitados de última hora, lealtades que se disuelven apenas cambia el viento. Lo nuevo es que ese desorden coincide con un poder ejecutivo que no necesita pactar con nadie porque ha logrado, con instrumentos legales y administrativos, achicar el tablero antes de que empiece el juego. No hace falta construir una alianza cuando se puede desactivar al adversario desde un tribunal. Ahí se cruza la crisis de los partidos con una forma de autoritarismo que no se presenta como tal, que insiste en su propia pluralidad mientras fuerzas opositoras con estructura orgánica nacional quedan fuera de la papeleta en buena parte del territorio.
Frente a ese tablero de siglas intercambiables hay otra mirada, que no viene de los partidos sino de las organizaciones sociales y populares, y que conviene no despachar como ruido de fondo. En abril, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, dirigida por Marlon Vargas, se distanció públicamente de las maniobras de revocatoria contra Noboa impulsadas por sectores del correísmo. Dijo algo simple y a la vez incómodo para la clase política: la resistencia territorial y la construcción de poder desde abajo, que sus decisiones responden a un mandato orgánico de las bases, no a los cálculos individuales de dirigentes que buscan cámara, y que su prioridad es fortalecer la organización y resistencia. Ubicó las seccionales de noviembre como el espacio real de disputa, distinto tanto del ajedrez de alianzas entre cúpulas como de la revocatoria como atajo mediático. Para el movimiento indígena y para buena parte del sindicalismo y el gremialismo popular, el problema de fondo no es si un candidato saltó de Centro Democrático a Acción Democrática Nacional o si el socialismo se sentó con el correísmo. El problema es que ninguno de esos movimientos discute el modelo de gestión territorial que van a aplicar, el destino del agua y la tierra en los cantones agrícolas, el estado de los sistemas de salud pública municipal o la autonomía real de las juntas parroquiales rurales frente al poder central. Un visón alternativo de país al neoliberalismo salvaje queda fuera.
Esa distancia con el ruido electoral no es abstencionismo ni pureza ideológica. Es una lectura de clase y también histórica, sobre lo que representa el poder local para las comunidades que lo sostienen con su trabajo cotidiano. Mientras las élites políticas negocian casilleros y colores de camiseta según la coyuntura judicial del momento, las organizaciones de base insisten en que el gobierno de un cantón o una provincia no es un premio de guerra entre facciones sino un instrumento para sostener la vida comunitaria, la reproducción social, la administración colectiva de recursos que el mercado y el Estado central han disputado durante décadas. Esa visión no cabe en el lenguaje de las alianzas de última hora ni en el de la disciplina de partido. Cabe en la asamblea comunitaria, en la minga, en la memoria de resistencias territoriales que no empiezan ni terminan con un ciclo electoral.
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Lo que se disputa en noviembre no son solo alcaldías y prefecturas. Son los presupuestos municipales, la obra pública provincial, el control de las juntas parroquiales, el mapa administrativo desde el que se construye o se desactiva cualquier proyecto político nacional futuro. Por eso conviene desconfiar de la lectura que reduce todo esto a folclor electoral, a candidatos oportunistas cambiando de camiseta. Detrás de cada salto de partido hay un cálculo sobre quién va a administrar el territorio los próximos cuatro años, y detrás de cada suspensión judicial hay una correlación de fuerzas que decide, antes de la votación, quién puede competir y en qué condiciones. Queda por verse si las provincias, en noviembre, ratifican ese cerco o encuentran una grieta por donde colarse. Sobre todo, un repliegue estratégico de las organizaciones populares sobre su propia agenda para recuperar, reagruparse y construir su propia alternativa a las fuerzas del sistema dominante.
