En el Ecuador que se acerca a las elecciones, la seguridad llega primero por la pantalla. El Gobierno difunde vídeos de operativos con uniformados, armas, detenidos y música de combate. Las imágenes se editan para transmitir control y victoria, mientras en los barrios continúan las extorsiones y los asesinatos. La campaña ya comenzó, Daniel Noboa convierte el miedo en el principal argumento para conservar el poder.
El operativo se transforma en espectáculo, se preparan cámaras, construyen relatos heroicos y condecoran a policías o ministros como prueba de eficacia. Mostrar acción reemplaza la obligación de explicar resultados: cuántas redes fueron desarticuladas, qué ocurrió con los procesos, cómo se redujo el lavado de activos o por qué la violencia persiste. La propaganda ofrece escenas de autoridad; la rendición de cuentas exigiría datos, responsabilidades y evaluación pública.
El miedo ya no se administra solamente mediante operativos. El congelamiento de cuentas de sindicatos, dirigentes sociales y candidatos convierte al sistema financiero en instrumento de intimidación. Una investigación exige indicios y debido proceso; resulta inadmisible que el afectado conozca la acusación después del bloqueo y deba probar su inocencia para recuperar sus recursos. La advertencia es general: organizarse, protestar o disputar una elección puede comprometer la subsistencia familiar.
La suspensión de partidos y movimientos profundiza el mensaje. Las resoluciones llevan las firmas de la Fiscalía, el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo Nacional Electoral, pero no son actuaciones independientes. El Gobierno ha debilitado la separación de funciones y utiliza instituciones formalmente autónomas para ejecutar su política. No necesita prohibir toda oposición: basta investigarla, impedirle inscribir candidaturas y obligarla a buscar otra organización. La apariencia legal encubre la restricción del pluralismo.
En la justicia se reproduce la misma lógica. Las destituciones y suspensiones contra jueces, junto con amenazas oficiales a quienes adoptan decisiones incómodas, envían un mensaje a toda la judicatura. El error inexcusable puede convertirse en una espada sobre el juzgador. Si resolver contra los intereses gubernamentales pone en riesgo el cargo, desaparece la independencia judicial y la obediencia ocupa su lugar.
La prensa también recibe la advertencia. Noboa desacredita a medios y periodistas críticos, atribuye sus investigaciones a intereses económicos y alimenta campañas de hostigamiento. Se suman inspecciones, pedidos de réplica, intervenciones administrativas y presiones sobre empresas periodísticas. Cuando investigar contratos públicos puede afectar al periodista, a su familia o al medio donde trabaja, la censura no necesita una orden escrita, funciona mediante el temor anticipado.
Estas medidas no son hechos aislados. Forman una política para reducir la crítica mientras avanza un programa favorable a la oligarquía, los grupos financieros y el capital extranjero. La fuerza estatal persigue al último eslabón del delito, pero no golpea con igual intensidad las redes económicas que lavan sus ganancias. El miedo desplaza el debate sobre salarios, salud, educación y desigualdad, y convierte la obediencia en virtud ciudadana.
Los sectores populares deben transformar el miedo en organización, la repulsión inducida en unidad y el resentimiento en conciencia de clase. Frente al congelamiento de cuentas, la exclusión electoral, la presión judicial y el hostigamiento periodístico, se necesita solidaridad entre trabajadores, pueblos, jueces independientes y comunicadores. Los derechos no dependen de un salvador. Sólo la organización popular puede impedir que el miedo se convierta en el programa electoral del Gobierno.
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