El 21 de septiembre, la Policía Nacional Civil activó un plan preventivo ante el avance de una caravana de unos 400 hondureños que había salido de San Pedro Sula con rumbo a Estados Unidos. El operativo no fue improvisado: puestos interinstitucionales en Corinto, Agua Caliente y Entre Ríos, refuerzo en rutas estratégicas —sobre todo la CA-9 Norte— y despliegue de unidades especializadas como DIPAFRONT, DIPANDA y la Subdirección General de Investigación Criminal.
La novedad más visible fue la tecnología. Agentes cotejaron huellas e imágenes faciales con bases de INTERPOL y del Centro Antipandillas Transnacional. El objetivo declarado era doble: verificar identidades y detectar a quienes tuvieran antecedentes o posibles vínculos con estructuras criminales. Al mismo tiempo, el Instituto Guatemalteco de Migración coordinó el flujo y el presidente Bernardo Arévalo dejó una regla clara: sólo entra quien cumple los requisitos; el resto vuelve a Honduras.
El cruce ocurrió principalmente por El Cinchado, en Izabal. De los cerca de 400 registrados, unos 250 lo hicieron de forma regular, amparados en los acuerdos de movilidad del CA-4 (DNI o pasaporte vigente para adultos). A más de cien se les impuso sanción de abandono del país por ingreso irregular. Unas 50 personas viajaban en unidades familiares con niñas, niños y adolescentes; ocho menores no acompañados fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación. La revisión de parentesco entre adultos y menores se convirtió en un eje del operativo, precisamente para prevenir trata y tráfico.
Mientras tanto, el grupo no se detuvo. Un primer contingente de una veintena de personas ya había recorrido 184 kilómetros y se encontraba en el kilómetro 235 de la ruta al Atlántico, en Morales. Caminaban con mochilas, un cambio de ropa, algo de comida y agua. Detrás, según ellos mismos, venían cientos más. Varios cuestionaron el plazo de 24 horas que, según relataron, les habrían dado para atravesar Guatemala a pie: “Es absurdo”, dijeron. Quieren tránsito, no un sprint imposible.
Las razones que repetían en el camino son las de siempre y las de ahora: falta de empleo, inseguridad, costo de la vida que se come el salario. Algunos ya habían sido deportados y volvían a intentar la ruta. Washington, por su parte, reiteró la advertencia: no se arriesguen; el ingreso irregular termina en deportación.
El operativo guatemalteco no es del todo nuevo. En mayo de este mismo año ya se habían reforzado los mismos puntos después de ataques contra policías en Honduras y se había incrementado el intercambio de información entre ambos países. Lo que sí cambia es la escala tecnológica y la insistencia en que la frontera no es un corredor automático.
La caravana sigue avanzando. Guatemala, por ahora, la está midiendo persona por persona: documento, huella, parentesco y destino. Quien no encaje en esa ecuación no cruza. Quien sí, continúa hacia México con el mismo cálculo de siempre: llegar más al norte, aunque el norte ya no sea el mismo de hace cinco años.
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