En el imaginario colectivo de los guayaquileños y del Ecuador entero, la tradición popular ha labrado un relato entrañable pero equívoco: “El sillón de Olmedo”, denominación que durante generaciones ha quedado asociada a la máxima autoridad municipal de la ciudad. En torno a él se ha construido una tradición profundamente arraigada en la memoria guayaquileña: la idea de que José Joaquín de Olmedo fue el primer alcalde de Guayaquil.
La tradición de hablar de “El sillón de Olmedo” posee una fuerza que no debe ser despreciada. Los pueblos necesitan símbolos para reconocerse a sí mismos. Sin embargo, cuando un símbolo sustutuye al documento, la memoria corre el riesgo de convertirse en leyenda, y la leyenda, con el paso de las generaciones, en una supuesta verdad histórica.
Es entonces cuando corresponde regresar a las fuentes, porque la verdad documental no coloca a Olmedo fuera de la historia municipal de Guayaquil. Por el contrario, lo sitúa en uno de sus momentos fundacionales, pero en una posición política diferente y superior a la que le atribuye la tradición.
Para entenderlo hay que regresar al origen mismo del gobierno local guayaquileño. Desde la fundación de Santiago de Guayaquil en el siglo XVI existió una institución destinada a gobernar los asuntos de la ciudad: el Cabildo, denominado también Ayuntamiento, que funcionaba en su propia sede que se conocía como la Casa Consistorial. Durante casi tres siglos constituyó el núcleo de la administración local y fue el espacio donde se discutían y resolvían asuntos relativos al orden urbano, la justicia, los servicios, la economía y la vida cotidiana de la población.
Aquel Cabildo colonial no era un municipio moderno ni estaba organizado alrededor de la figura individual del alcalde que hoy conocemos. Su estructura era corporativa. La cabeza era el Gobernador de la Provincia, quien era el representante directo de la Corona española y el jefe político y militar de la jurisdicción, contaba con dos alcaldes ordinarios, que funcionaban como jueces municipales de primera instancia y asumían el gobierno de la ciudad en ausencia del gobernador; 10 regidores cuyo trabajo era similar a lo que hoy hacen los concejales. Además, había un síndico procurador y otros funcionarios.
La antigua Casa Consistorial se encontraba, además, en el mismo solar histórico donde posteriormente se levantaría el Palacio Municipal de Guayaquil. Es decir, el lugar que hoy identificamos con la institucionalidad municipal de la ciudad, posee una continuidad histórica que se remonta a la época colonial. Y fue precisamente en ese escenario donde ocurrió una de las transformaciones políticas más extraordinarias de la historia guayaquileña.
Después de la Independencia de Guayaquil lograda el 9 de Octubre de 1820, la Casa Consistorial se convirtió en escenario de la deliberación pública. Allí se proclamó la independencia y se dio forma institucional al nuevo poder político de la ciudad cuya primera acción fue elaborar el Reglamento Provisorio de Gobierno de 1820, verdadero documento fundacional de la Provincia Libre de Guayaquil. La figura de administración local se mantuvo, pero con un detalle decisivo: el Reglamento dispuso expresamente que dicho Ayuntamiento sería regentado por el Jefe Político designado para presidir la Junta de Gobierno, y esa autoridad era José Joaquín de Olmedo.
Así, el prócer de la independencia, presidió el primer gobierno autónomo de carácter republicano establecido en el territorio que hoy forma parte del Ecuador. Desde esa posición tuvo que enfrentar una tarea gigantesca: organizar una provincia recién emancipada, establecer sus instituciones, administrar sus recursos, sostener su defensa y crear un ejército al que se denominó División Protectora de Quito, sin el cual no se hubiera logrado el triunfo en Pichincha el 24 de Mayo de 1822 (pero eso es tema de otro artículo).
En los últimos años de la Gran Colombia, el prócer José de Villamil estuvo al frente del Cabildo, y al constituirse el Estado del Ecuador en 1830, correspondió a José Baquerizo Coto presidir el Cabildo guayaquileño bajo el nuevo orden republicano. Años después, entre 1839 y 1840, recién Olmedo ejercería formalmente la Presidencia del Consejo Municipal de Guayaquil.
Pero entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué el sillón lleva el nombre de Olmedo?
La respuesta no debería buscarse en una supuesta condición de primer alcalde, sino en algo mucho más profundo. El Sillón de Olmedo representa una continuidad simbólica entre el hombre y la ciudad. Su nombre pertenece a Guayaquil, a sus calles, a sus instituciones y a sus problemas cotidianos. Por eso el Sillón de Olmedo puede y debe conservar su nombre. Lo que necesita ser corregido no es el símbolo, sino la interpretación.
El Sillón de Olmedo no es grande solo porque lo haya ocupado el patricio guayaquileño como alcalde de Guayaquil. Es grande porque recuerda a un hombre que, en uno de los momentos decisivos de nuestra historia, recibió la responsabilidad de ayudar a convertir la independencia en gobierno y la libertad en instituciones.
Y quizá esa sea la manera más justa de comprenderlo: no como el primer alcalde de Guayaquil, sino como uno de los primeros grandes arquitectos de su libertad política y uno de los hombres fundamentales en la construcción de la República del Ecuador.
La tradición le dio un sillón. La historia le debe un lugar mucho más alto.
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