Por qué Occidente no censura al sátrapa sanguinario Xi Jinping

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Hay una hipocresía en la política internacional que merece ser denunciada sin rodeos: para Occidente, no todos los dictadores parecen tener la misma categoría, no todos los autoritarismos despiertan la misma indignación y, sobre todo, no todos los violadores de derechos humanos reciben el mismo tratamiento.

Cuando se habla de Cuba, aparecen inmediatamente las palabras dictadura, represión, falta de libertades y violaciones de derechos humanos. Cuando se habla de Venezuela, se multiplican las condenas, las sanciones, las advertencias diplomáticas y las declaraciones de rechazo. Cuando se menciona a Daniel Ortega en Nicaragua, tampoco faltan los calificativos ni las medidas de presión internacional.

Pero cuando el nombre es Xi Jinping, cuando el escenario es China y cuando el acusado es el Partido Comunista que gobierna la segunda gran potencia económica mundial, parece que a la indignación internacional le sobreviene un repentino ataque de prudencia. ¿Dónde queda entonces la universalidad de los derechos humanos? ¿Acaso existe una categoría de dictadores a los que se puede sancionar y otra categoría a los que hay que tratar con guantes de seda?

La pregunta no es menor: ¿por qué el autoritarismo de los países pequeños merece escarnio, aislamiento y castigo, mientras que el de una potencia económica como China obliga a las grandes democracias a revisar cuidadosamente sus principios antes de abrir la boca?

No estamos defendiendo a Fidel ni a Raúl Castro, a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro o a Daniel Ortega. Sus respectivos gobiernos tienen expedientes de violaciones de derechos humanos que deben ser examinados y juzgados sobre la base de hechos documentados. Estamos cuestionando algo mucho más profundo: la utilización selectiva de la democracia y los derechos humanos como herramientas de política exterior.

CHINA: EL EXPEDIENTE QUE NO DESAPARECE PORQUE PEKÍN SEA PODEROSA

Xi Jinping ha consolidado una concentración de poder extraordinaria. Desde 2012, cuando asumió la secretaría general del Partido Comunista, fue acumulando autoridad sobre las estructuras políticas, militares y estatales. En 2018, China eliminó constitucionalmente el límite de dos mandatos presidenciales, abriendo la posibilidad de su permanencia indefinida en el cargo.

Pero el problema no se limita a la concentración del poder. Hay un expediente de derechos humanos que merece una atención internacional mucho más constante.

1. XINJIANG: DETENCIONES MASIVAS Y DENUNCIAS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

En agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una evaluación sobre la situación de los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas de Xinjiang. El documento examinó detenciones arbitrarias masivas, denuncias de tortura, malos tratos, violencia sexual, vigilancia generalizada, separación familiar y otras prácticas represivas.

La conclusión fue extraordinariamente grave: las violaciones documentadas podían constituir crímenes internacionales, particularmente crímenes de lesa humanidad. No fue una acusación de Washington. No fue una declaración de un partido opositor. Fue una evaluación de Naciones Unidas.

2. HONG KONG: LA LIBERTAD POLÍTICA BAJO PRESIÓN

China prometió mantener las particularidades institucionales de Hong Kong bajo el principio de «un país, dos sistemas». Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional de 2020 y las posteriores disposiciones de seguridad nacional han restringido severamente el espacio político.

En 2024, catorce activistas y exlegisladores prodemocracia fueron condenados por conspiración para cometer subversión. Periodistas y medios independientes también han enfrentado procesos y restricciones. La pregunta es inevitable: ¿por qué la protesta política es presentada como una expresión democrática en determinados países, pero como una amenaza a la seguridad nacional cuando desafía al poder chino?

3. TÍBET: IDENTIDAD CULTURAL Y LIBERTAD RELIGIOSA

Organizaciones internacionales han documentado restricciones a la libertad religiosa, a la expresión de la identidad tibetana y a la educación en lengua propia. La soberanía territorial de un Estado no significa que sus autoridades estén exentas de respetar los derechos fundamentales de sus habitantes.

4. PERIODISMO BAJO CONTROL

El Partido Comunista mantiene un control muy amplio sobre los medios de comunicación y el espacio digital. La censura de publicaciones, las restricciones a periodistas, la persecución de voces críticas y la vigilancia de las comunicaciones forman parte de un sistema que limita severamente la libertad de prensa. ¿Puede llamarse democrática una estructura política en la que el periodismo no dispone de independencia efectiva para investigar al poder?

5. VIGILANCIA Y CONTROL SOCIAL

La expansión de los mecanismos de vigilancia, las restricciones a las comunicaciones y la utilización de disposiciones de seguridad nacional contra personas críticas del Gobierno plantean serios interrogantes sobre las libertades individuales. El problema no es que China tenga leyes de seguridad. Todos los Estados las tienen. El problema aparece cuando la seguridad nacional se convierte en un argumento para blindar al poder frente a la crítica.

EL DOBLE DISCURSO OCCIDENTAL: CUANDO LOS PRINCIPIOS SE ENCUENTRAN CON LOS NEGOCIOS

Aquí está el verdadero núcleo de esta controversia. Estados Unidos ha mantenido durante décadas un embargo económico contra Cuba. Ha impuesto sanciones financieras, comerciales y petroleras a Venezuela. Ha establecido restricciones y sanciones contra funcionarios nicaragüenses y estructuras vinculadas al Gobierno de Ortega.

En el caso venezolano, las medidas estadounidenses comenzaron mucho antes de la crisis política actual y se ampliaron progresivamente hasta alcanzar sectores estratégicos de la economía, incluyendo el petróleo.

En Cuba, el embargo estadounidense constituye una política de presión económica de larga duración que afecta las relaciones comerciales y financieras de la isla con Estados Unidos. En Nicaragua, Washington y la Unión Europea han recurrido a sanciones contra funcionarios y personas vinculadas a la estructura gubernamental.

¿Y China?

Aquí conviene mirar los hechos sin simplificaciones. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá sí adoptaron sanciones contra funcionarios y entidades chinas en 2021 por las violaciones de derechos humanos denunciadas en Xinjiang. Pekín respondió sancionando a eurodiputados, investigadores e instituciones europeas. La reacción china tuvo consecuencias: el Parlamento Europeo congeló la consideración del acuerdo integral de inversiones entre la Unión Europea y China.

Es decir, sí hubo respuestas

Pero aquí aparece la diferencia fundamental: esas medidas se concentraron principalmente en personas, entidades y determinados productos o actividades. No se tradujeron en una política general de aislamiento económico comparable a la aplicada contra Cuba o a las amplias restricciones sectoriales impuestas a Venezuela.

China siguió siendo un socio comercial estratégico de las mismas potencias que denunciaban sus abusos.

Estados Unidos, por su parte, aprobó la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que restringe la entrada de productos vinculados al trabajo forzoso en Xinjiang. Una medida concreta, importante y que demuestra que sí existe presión económica. Pero también demuestra que Washington ha optado por instrumentos específicos, sin romper sus relaciones económicas generales con Pekín.

La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿por qué los derechos humanos justifican políticas de presión económica de gran alcance contra determinados gobiernos, mientras que frente a China la respuesta tiende a circunscribirse a medidas selectivas y negociaciones cuidadosamente calculadas? ¿Será que la violación de los derechos humanos es más condenable cuando el país acusado tiene menos capacidad de responder?

CINCO RAZONES QUE EXPLICAN ESTA DOBLE VARA

PRIMERA: CHINA ES DEMASIADO IMPORTANTE PARA CASTIGARLA COMO A LOS DEMÁS

China es una potencia industrial, tecnológica, comercial y financiera. Su participación en las cadenas globales de producción es determinante. Las empresas occidentales dependen de proveedores, fábricas, componentes, materias primas y mercados chinos. Una confrontación económica de gran escala con Pekín podría tener consecuencias para las economías que la promueven. En otras palabras, condenar a China puede resultar políticamente conveniente; castigarla económicamente puede resultar extraordinariamente costoso.

SEGUNDA: LOS NEGOCIOS TIENEN UNA VOZ QUE LOS DERECHOS HUMANOS NO SIEMPRE CONSIGUEN IGUALAR

Las relaciones comerciales con China involucran a grandes corporaciones, inversionistas, industrias tecnológicas y sectores estratégicos. Cuando se discute sobre Cuba, Venezuela o Nicaragua, el costo económico de una política de presión para las grandes potencias puede ser considerablemente menor.

Cuando se trata de China, el cálculo cambia. Y aquí está la pregunta que Occidente debería responder: ¿hasta qué punto está dispuesto a sacrificar sus principios cuando estos chocan con sus intereses empresariales?

TERCERA: CHINA TIENE PODER PARA RESPONDER

China no es un pequeño Estado latinoamericano. Es una potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y un actor central en el equilibrio geopolítico mundial.

Tiene capacidad de represalia comercial, diplomática y estratégica. La prudencia diplomática puede ser razonable; lo cuestionable es que esa prudencia termine convirtiéndose en indulgencia ante las violaciones de derechos humanos.

CUARTA: LA GEOPOLÍTICA PESA MÁS QUE LA UNIVERSALIDAD DE LOS PRINCIPIOS

Occidente mantiene con China una competencia estratégica, pero también una relación de interdependencia. Pekín es simultáneamente competidor, proveedor, mercado y socio indispensable en determinados asuntos internacionales. Esa combinación produce una política exterior llena de contradicciones: se condenan determinados comportamientos, se imponen algunas restricciones y, al mismo tiempo, se procura conservar intactos los canales económicos y diplomáticos.

QUINTA: EL AUTORITARISMO TAMBIÉN SE JUZGA SEGÚN QUIÉN LO EJERCE

En el debate político occidental, determinados gobiernos latinoamericanos se han convertido en símbolos del autoritarismo. Sus nombres son utilizados reiteradamente en discursos parlamentarios, campañas políticas, declaraciones oficiales y controversias mediáticas. China, por su parte, es presentada también como una potencia económica imprescindible.

El resultado es una jerarquía de la indignación: hay gobiernos cuyo autoritarismo produce una reacción inmediata y otros cuyo poder económico obliga a moderar la condena. Eso no significa que todas las denuncias tengan idéntico fundamento ni que todos los gobiernos sean comparables. Significa que los principios deben aplicarse con criterios consistentes.

¿DÓNDE ESTÁ LA MISMA INDIGNACIÓN?

Imaginemos por un momento que Cuba tuviera el peso económico de China, que Venezuela controlara una parte decisiva de las cadenas industriales mundiales o que Nicaragua fuera una potencia nuclear y un miembro permanente del Consejo de Seguridad.

¿La respuesta internacional sería exactamente la misma?

Es una pregunta hipotética, pero revela un problema real: el poder condiciona la manera en que los Estados ejercen sus principios. Y no es solamente una cuestión de China. Estados Unidos también debe responder por sus propias contradicciones históricas en materia de derechos humanos, intervenciones internacionales y apoyo a gobiernos autoritarios cuando sus intereses estratégicos lo han aconsejado.

Las potencias europeas tampoco tienen un historial impecable. Por eso, nadie debería arrogarse el monopolio de la democracia ni utilizar los derechos humanos como certificado de superioridad moral.

Pero tampoco puede utilizarse el pasado de Occidente para justificar los atropellos del presente en China, Cuba, Venezuela o Nicaragua. Una violación de derechos humanos no se vuelve menos grave porque quien la cometa sea enemigo de Washington. Tampoco se vuelve aceptable porque quien la cometa sea socio comercial de Bruselas.

NO SE TRATA DE DEFENDER A LOS CASTRO, CHÁVEZ, ORTEGA O MADURO, SE TRATA DE EXIGIR LA MISMA REGLA PARA XI JINPING

Hay que decirlo sin ambigüedades: los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen responsabilidades que deben investigarse y denunciarse. Las violaciones documentadas en sus respectivos territorios no desaparecen por señalar los abusos de China. Pero tampoco los abusos chinos desaparecen porque Occidente tenga una disputa ideológica con La Habana, Caracas o Managua. No se puede defender la libertad de prensa en Venezuela y mirar hacia otro lado ante la censura en China.

No se puede denunciar la persecución de opositores en Nicaragua y relativizar la represión política en Hong Kong. No se puede condenar las detenciones arbitrarias en Cuba y restar importancia a las denuncias de detenciones masivas en Xinjiang. La coherencia no consiste en repartir condenas para que todas las ideologías queden satisfechas. Consiste en defender los mismos derechos para todas las personas, independientemente del Gobierno que las vulnere.

LA DICTADURA NO TIENE PRECIO DE MERCADO

Hay una conclusión que Occidente debería asumir: los derechos humanos no pueden funcionar como una moneda diplomática que se utiliza con unos gobiernos y se guarda en el bolsillo cuando aparecen otros más poderosos. Si un gobernante concentra el poder, restringe las libertades, persigue a sus críticos y elimina las condiciones de una competencia política genuina, esos hechos deben ser examinados con el mismo rigor, sea cual sea la bandera que ondee sobre su palacio.

¿O acaso la censura cambia de naturaleza cuando la impone Pekín? ¿La represión se vuelve menos condenable cuando la ejecuta una potencia nuclear? ¿Las víctimas de Xinjiang tienen menos derecho a la solidaridad internacional que los ciudadanos de Caracas, La Habana o Managua?

La democracia no puede convertirse en una franquicia occidental. Los derechos humanos no son propiedad de Washington, Bruselas ni de ningún otro centro de poder.

Y aquí está la verdadera denuncia de esta editorial: Occidente parece haber desarrollado una capacidad extraordinaria para encontrar dictadores en los países que puede presionar y una cautela igualmente extraordinaria cuando debe enfrentarse a los que no puede castigar sin poner en riesgo sus negocios y su influencia.

Eso no es universalismo. Es realpolitik revestida de superioridad moral. A los Castro se les condena. A Maduro se le sanciona. A Ortega se le presiona. Y cuando se llega a Xi Jinping, comienzan las explicaciones sobre el comercio, las inversiones, la estabilidad internacional y los intereses estratégicos. ¡Qué curioso! Los derechos humanos parecen tener una voz muy fuerte cuando el acusado es débil y una voz mucho más moderada cuando el acusado es poderoso.

La dictadura no se vuelve aceptable porque sea rica. La represión no se vuelve legítima porque la ejerza una potencia. Y la dignidad humana no puede valer menos que un contrato comercial de miles de millones de dólares.

Si Occidente quiere seguir presentándose como defensor de la democracia, tendrá que demostrar que sus principios no están en venta. Porque los derechos humanos no deberían tener doble tarifa: una para los dictadores pequeños y otra, mucho más económica, para los grandes.

¿HÉROE O VILLANO? LA HISTORIA TODAVÍA TIENE PREGUNTAS PENDIENTES

Xi Jinping puede presentarse ante el mundo como el gobernante que combate la corrupción con mano de hierro, incluso llevando a funcionarios de alto rango hasta la pena de muerte. Pero detrás de esa imagen de implacable justiciero existe una pregunta que China todavía no responde satisfactoriamente: ¿quién garantiza que las acusaciones sean verdaderas, que las pruebas no estén manipuladas y que los condenados hayan tenido un juicio verdaderamente independiente?

En un país donde el Partido Comunista ejerce influencia determinante sobre los tribunales, donde se han documentado interferencias políticas en las sentencias y donde las cifras oficiales de ejecuciones permanecen clasificadas como secreto de Estado, la justicia no puede darse por demostrada simplemente porque exista una condena. Hay funcionarios efectivamente involucrados en grandes escándalos de corrupción, pero también existen graves cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos, las confesiones forzadas, las restricciones a la defensa y la utilización política del aparato judicial.

China ejecuta, pero el mundo no puede verificar plenamente cuántos, en qué circunstancias ni con qué garantías fueron condenados. Entonces, ¿Xi Jinping es el gran justiciero que limpia las estructuras del poder o el conductor de un sistema en el que el propio poder determina los límites de la justicia? ¿Héroe o villano? La respuesta no debería depender de la propaganda de Pekín ni de la animadversión de Washington, sino de pruebas independientes, transparencia y garantías judiciales. Y mientras esas garantías sigan bajo sospecha, ningún gobernante debería recibir un certificado de héroe por ejecutar a quienes su propio sistema declara culpables.

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