El pedido del fiscal general encargado Carlos Alarcón, para archivar la investigación contra Noboa por el caso del Campo Sacha, expone el funcionamiento sin descaro de una narcodictadura con la justicia cooptada. La Fiscalía ha dejado de ser un órgano autónomo de control para convertirse en una simple sucursal de Carondelet, donde los fiscales funcionales tramitan impunidad a la medida del presidente. Ocultar los informes de archivo al denunciante y apurar el cierre del caso sin transparentar los documentos no es un procedimiento limpio, sino la maniobra procesal perfecta para tapar los negociados del gobierno y blindar a Noboa antes de que el escándalo avance.
Esta impunidad exprés tiene un objetivo claro: dejarle la cancha libre a Noboa para volver a entregar el Campo Sacha a dedo a consorcios transnacionales por 20 años, imponiendo cláusulas de arbitraje internacional prohibidas por la Constitución. No es casualidad tanta prisa por privatizar la joya petrolera del país; basta revisar a quiénes benefician estas concesiones para entender por qué todos los grandes negocios del Estado terminan sospechosamente orbitando alrededor del mismo grupo económico y familiar ligado al poder.
Cuando a un régimen le brota la opacidad por todos lados, la única forma de garantizar el reparto de los recursos estratégicos es utilizando a fiscales y jueces como operadores para validar los negociados. El Ecuador no está ante una resolución judicial, sino ante la consolidación de un sistema podrido donde la ley solo sirve para someter al pueblo y garantizar la impunidad de los delincuentes que nos gobiernan.
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