La madrugada del martes 3 de noviembre de 2026, el Paraguay se despertó con una pantalla en blanco.Casi tres millones de personas —más de la mitad de la población adulta de un país de poco más de seis millones de habitantes— abrieron la aplicación de Ueno Bank y encontraron un sólo mensaje: “No podemos mostrar el saldo”. A las 3:24 de la madrugada el sistema había dejado de funcionar. Al mismo tiempo, el Banco Central del Paraguay anunciaba el inicio del procedimiento de resolución de la entidad. El sexto banco del país por volumen de depósitos, que en menos de tres años había pasado de financiera a uno de los actores más grandes del sistema, estaba quebrado.Ueno había crecido a una velocidad vertiginosa. Obtuvo licencia bancaria a finales de 2023, absorbió a Visión Banco en 2024 y, para septiembre de 2026, declaraba cerca de 2,9 millones de clientes.
Y aquí, hacemos pública las interrogantes del académico costarricense Carlos Alvarado Mata: ¿Qué pasaría en Costa Rica si algo así ocurriera?
Tenía más de 70 sucursales, patrocinaba equipos de fútbol, daba nombre al estadio principal del país y ofrecía cashback agresivo y cuentas digitales que captaron a una enorme parte de la población. Manejaba depósitos por alrededor de 17 billones de guaraníes (unos 2.800 millones de dólares). Dentro de esa cifra había entre 800 y 850 millones de dólares de fondos públicos, incluidos unos 355 millones del Instituto de Previsión Social, el dinero de las pensiones y la salud de los trabajadores.
El agujeroLa caída no fue un accidente de liquidez puntual. Una supervisión más estricta, intensificada después de que medios locales publicaran documentos que alertaban sobre préstamos a empresas vinculadas al grupo controlador (Grupo Vázquez), reveló el problema de fondo. Los reguladores encontraron préstamos mal documentados, operaciones con partes relacionadas que superaban los límites legales y sin garantías suficientes, y gastos contabilizados como activos. En un solo día de septiembre de 2025 se habían prestado casi 39 millones de dólares a tres empresas ligadas a los dueños.Cuando se corrigieron los libros, el índice de solvencia —que había estado por encima del 12 % mínimo exigido meses atrás— se desplomó al 5,56 %.
Menos de la mitad del mínimo legal. El banco tampoco pudo reponer un encaje legal de unos 70 millones de dólares. El 2 de noviembre el directorio del Banco Central votó por unanimidad abrir el proceso de resolución. Al día siguiente se ejecutó: cuentas congeladas, tarjetas inutilizadas, sucursales cerradas y la entidad intervenida.
El país en la calleEn cuestión de horas, Asunción se llenó de gente. Filas frente a otras entidades, cajeros vacíos, aplicaciones de otros bancos colapsadas por el pánico. Jubilados, trabajadores y pequeños comerciantes exigían acceso a su dinero. Hubo choques con la policía: gases lacrimógenos, agua a presión, gritos de “¡Queremos la cabeza de Peña!” y pancartas que pedían la devolución de los ahorros. El comercio sintió el golpe de inmediato; se habló de caídas de ventas de hasta el 35 % en algunos rubros porque una enorme proporción de los pagos electrónicos del país pasaba por Ueno.
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta unos 228 millones de guaraníes por depositante y por banco (alrededor de 34.000-38.000 dólares). Según las autoridades, eso alcanza al 97 % de los clientes en número de personas, aunque no necesariamente en el volumen total de dinero. El Banco Central comenzó a organizar pagos parciales de emergencia y a preparar la transferencia de cuentas y activos recuperables a otras entidades. Ocho altos ejecutivos, entre ellos el fundador Miguel Vázquez y el presidente del banco Juan Manuel Gustale, fueron detenidos. Se investiga a más personas por administración infiel y fraude.La tormenta políticaEl escándalo se volvió político de inmediato porque los vínculos eran evidentes.
El presidente Santiago Peña había sido accionista del grupo controlador hasta 2025. Cuando asumió en 2023, nombró presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien había dirigido la financiera predecesora de Ueno. Carvallo renunció en medio de la crisis. Peña había restado importancia a las advertencias en los meses previos.
El jueves 5 de noviembre el propio Partido Colorado, dividido pero con mayoría en el Congreso, le retiró el apoyo. Horacio Cartes, expresidente y líder del partido, respaldó el juicio político. Mientras Diputados debatía la acusación por mal desempeño y conflicto de intereses, Peña presentó su renuncia en un mensaje de video. Dijo que lo hacía por la estabilidad del país, la paz social y para preservar las instituciones. Pidió disculpas al pueblo y aseguró que su prioridad era la tranquilidad de quienes habían confiado sus ahorros en el sistema.
El guaraní se depreció, el riesgo país subió y el sistema financiero quedó bajo escrutinio. Moody’s calificó el episodio como negativo pero manejable para el conjunto del sistema, que mantiene niveles de capital y liquidez razonables. El Banco Central insistió en que el caso era específico de Ueno y no un problema generalizado.Lo que queda es una herida profunda: millones de personas con su dinero atrapado o en proceso de recuperación parcial, fondos previsionales bajo investigación, un gobierno que cayó en cuestión de días y la sensación, en las calles de Asunción, de que otra vez el poder y los grandes grupos se llevaron lo que la gente había ahorrado con esfuerzo. La resolución bancaria sigue su curso. La política paraguaya, también.
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