Ecuador llega a sus elecciones seccionales bajo la lupa de la CIDH: violencia, justicia y libertad política ponen a prueba al proceso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado ecuatoriano garantizar una competencia política plural e igualitaria de cara a las elecciones del 29 de noviembre. La advertencia llega en un país marcado por la violencia criminal, asesinatos de actores políticos, amenazas contra periodistas, organizaciones políticas suspendidas o canceladas y controversias sobre la independencia de las instituciones encargadas de administrar justicia y elecciones.
La democracia ecuatoriana se encamina hacia una nueva prueba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este 31 de agosto al Estado garantizar que las próximas elecciones seccionales se desarrollen bajo condiciones de participación política plural, igualdad entre los competidores y seguridad jurídica.
Los comicios, correspondientes al período electoral 2027, se realizarán anticipadamente el 29 de noviembre de 2026. Ese día los ecuatorianos elegirán prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé la elección de 5.749 autoridades principales.
La preocupación de la CIDH, sin embargo, va mucho más allá de la fecha de votación. El organismo interamericano ha puesto sobre la mesa una pregunta particularmente sensible para Ecuador: ¿puede existir una elección auténticamente democrática si determinados actores políticos quedan fuera de la competencia mientras existen cuestionamientos sobre las garantías judiciales, la independencia institucional y las condiciones de seguridad para participar?
Un calendario electoral que se adelantó
El proceso estaba originalmente previsto para febrero de 2027. El CNE decidió adelantarlo al 29 de noviembre de 2026, argumentando posibles afectaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño. La modificación redujo los tiempos disponibles para las elecciones internas de las organizaciones, la inscripción de candidaturas y la campaña electoral. Varias organizaciones políticas impugnaron la decisión ante las instituciones de justicia electoral y constitucional.
La Corte Constitucional inadmitió el 11 de agosto siete acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el adelanto. La decisión, sin embargo, no significó un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del adelanto, sino que respondió a cuestiones formales relacionadas con los requisitos de las demandas. Por ello, el calendario continuó vigente.
Para la CIDH, la rapidez con que se adopten las decisiones resulta especialmente importante: cualquier controversia que pueda modificar las condiciones de una candidatura o de una organización política debe resolverse antes de que sus efectos sean irreversibles.
Organizaciones políticas bajo presión
Uno de los puntos que explica la preocupación del organismo interamericano es la situación de varias organizaciones políticas. El 6 de marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso la suspensión provisional durante nueve meses de Revolución Ciudadana en el registro permanente de organizaciones políticas. La CIDH recoge expresamente la posición del Estado ecuatoriano según la cual la medida fue solicitada por la Fiscalía y no constituye una declaración de responsabilidad penal ni un pronunciamiento sobre el fondo.
Posteriormente, el 26 de abril, el CNE canceló la personería jurídica de Unidad Popular y Construye, argumentando el incumplimiento del número mínimo de afiliaciones establecido por la legislación. Aquí aparece uno de los aspectos centrales de la advertencia interamericana: para la CIDH, el problema no afecta únicamente a los partidos o movimientos sancionados. También afecta al ciudadano que acudirá a las urnas y que tiene derecho a encontrar una oferta electoral amplia y plural.
Es decir, la discusión no se limita a determinar si una organización incumplió o no la ley. La pregunta democrática es qué ocurre cuando una decisión administrativa o judicial elimina una opción política de la papeleta y si esa decisión contó con todas las garantías para ser revisada.
El caso de los políticos privados de libertad
El debate adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se observa la situación de dirigentes políticos que se encuentran encarcelados. El caso más emblemático es el del exvicepresidente Jorge Glas, quien permanece privado de libertad y cuya situación ha sido objeto de seguimiento internacional.
La CIDH mantiene medidas cautelares sobre Glas desde 2019 y en febrero de 2025 amplió su seguimiento después de una visita realizada a Ecuador. El organismo manifestó preocupación por su situación y por las condiciones de su detención. En julio de 2025, la CIDH llegó a solicitar a la Corte Interamericana medidas provisionales a su favor. Esto no significa que la CIDH haya declarado a Glas inocente de las condenas que pesan sobre él. Son cuestiones distintas.
Una persona puede encontrarse condenada o procesada y, al mismo tiempo, tener derechos que el Estado debe respetar. Precisamente por eso, cuando se habla de políticos encarcelados en el contexto de una democracia electoral, resulta fundamental separar tres conceptos: culpabilidad penal, debido proceso y derechos políticos.
La discusión también alcanza a otras figuras políticas judicializadas o sometidas a procesos que han provocado fuertes controversias en Ecuador. Para una democracia, el desafío consiste en evitar que la justicia sea utilizada para excluir arbitrariamente a adversarios, pero también en evitar que la invocación de una supuesta persecución política sirva para desconocer investigaciones y sentencias legítimas. La CIDH apunta justamente hacia las garantías: las decisiones que tengan efectos sobre la contienda electoral deben contar con motivación suficiente, garantías judiciales y recursos efectivos.
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La violencia: el otro gran obstáculo
Todo esto ocurre en un país donde hacer política se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Ecuador ya vivió uno de los episodios más dramáticos de la historia electoral latinoamericana reciente con el asesinato, en agosto de 2023, del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio. La propia CIDH calificó entonces el asesinato como un ataque contra la democracia y el Estado de Derecho. Villavicencio había denunciado amenazas antes de ser asesinado durante la campaña presidencial.
Pero el asesinato de Villavicencio no fue un episodio aislado. Durante los procesos electorales de 2023 fueron asesinados o atacados candidatos, autoridades y otros actores políticos. Un informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política registró 80 agresiones contra la integridad y la vida de actores políticos durante el proceso electoral de 2025, incluidos 46 asesinatos, según datos difundidos por Primicias.
La organización internacional ACLED también documentó un elevado número de hechos violentos contra políticos y funcionarios, con Guayaquil, Durán, Manta y Esmeraldas entre los principales focos. Según ese registro, durante los dos procesos electorales de 2023 murieron 99 personas en incidentes de violencia política.
El problema, por tanto, no es solamente quién aparece en una papeleta. Es también quién puede hacer campaña, quién puede recorrer un barrio, quién puede realizar una reunión política, quién puede denunciar a una organización criminal y quién puede hablar públicamente sin convertirse en objetivo de una amenaza.
Periodistas bajo presión
La situación de la prensa agrega otro elemento a este escenario. Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó cuatro casos de amenazas de muerte contra periodistas ecuatorianos entre enero y febrero de 2026, frente a tres amenazas registradas durante todo 2025 por una organización aliada.
Las amenazas han estado relacionadas, entre otros temas, con investigaciones sobre redes criminales, posibles irregularidades en administraciones municipales y asuntos vinculados con tierras. En algunos casos también fueron amenazados familiares de los periodistas. Uno de los periodistas amenazados, Jonathan Bonifaz, tuvo que trasladarse y mantener en secreto su ubicación después de recibir amenazas relacionadas con sus publicaciones sobre grupos criminales.
Otro caso, el del periodista Joffre Paredes Ronquillo, derivó en medidas de protección que incluyeron botón de pánico, escolta policial y patrullajes frente a su vivienda. Aun así, las amenazas terminaron afectando su trabajo y reduciendo su presencia en espacios públicos. RSF advierte además que las amenazas, los ataques y la impunidad han contribuido a empujar a algunos periodistas ecuatorianos al exilio y han provocado fenómenos de autocensura, especialmente en zonas donde la presencia del crimen organizado es fuerte.
¿Puede haber elecciones libres si hay periodistas que deben callar?
Esta es quizá una de las preguntas más importantes que deja el escenario ecuatoriano. Una elección no consiste únicamente en depositar un voto en una urna. Para que exista una competencia democrática real debe haber candidatos capaces de hacer campaña, partidos capaces de organizarse, ciudadanos capaces de reunirse, periodistas capaces de investigar y medios capaces de informar sobre los aspirantes sin miedo a represalias.
Si una organización criminal puede decidir quién habla y quién no; si un candidato debe modificar sus recorridos por razones de seguridad; si un periodista debe esconderse o abandonar el país después de una amenaza; o si una organización política queda fuera de la contienda mediante una decisión cuya revisión judicial llega demasiado tarde, la discusión sobre la calidad democrática adquiere otra dimensión.
Justicia electoral bajo escrutinio
La CIDH también ha llamado la atención sobre la necesidad de preservar la independencia de las autoridades electorales y judiciales. Este punto es particularmente sensible porque el Tribunal Contencioso Electoral y el CNE serán actores decisivos en los próximos meses: deberán resolver impugnaciones, calificar candidaturas, administrar el proceso y garantizar que las reglas sean aplicadas de manera uniforme.
La propia ONU ha recibido en 2026 comunicaciones relacionadas con preocupaciones sobre la independencia judicial en Ecuador. Entre ellas figura una comunicación relativa a alegadas represalias contra el juez electoral Fernando Muñoz Benítez por decisiones adoptadas durante el ejercicio de sus funciones en el TCE. Se trata de alegaciones, no de una conclusión internacional de responsabilidad.
La importancia de estos casos está en que muestran hasta qué punto la independencia de los árbitros electorales puede convertirse en un asunto de primer orden cuando el resultado de sus decisiones tiene consecuencias políticas.
La observación internacional
En este escenario, la observación electoral adquiere especial importancia. Las Misiones de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) pueden evaluar aspectos técnicos y políticos del proceso, entre ellos la organización de las elecciones, el funcionamiento de las instituciones electorales, la justicia electoral, la participación política y el cumplimiento de las reglas.
Su presencia no sustituye a las autoridades ecuatorianas ni determina quién tiene razón en una controversia. Pero puede aportar una mirada externa sobre si las instituciones están funcionando bajo estándares democráticos y si las condiciones de competencia son razonablemente equitativas.
Una elección que será más que una elección
El CNE ya tiene en marcha la preparación logística. El registro electoral actualizado contempla 13.827.643 electores, incluidos 496.308 ecuatorianos habilitados para votar desde el exterior. También avanzan las juntas provinciales electorales y la preparación de los recintos donde se desarrollará la votación. Pero la infraestructura electoral será solamente una parte del desafío.
El verdadero examen estará en garantizar que, hasta el 29 de noviembre, las reglas sean conocidas y estables, las candidaturas puedan competir en igualdad de condiciones, las decisiones judiciales sean independientes, los recursos puedan resolverse a tiempo y los ciudadanos tengan acceso a información suficiente para decidir su voto.
Ecuador llega a esta elección después de años de violencia política, expansión del crimen organizado, amenazas contra periodistas, asesinatos de candidatos y autoridades y profundas disputas sobre el funcionamiento de sus instituciones.
La advertencia de la CIDH coloca ahora ese conjunto de problemas bajo una misma pregunta: ¿podrá Ecuador garantizar que sus próximas elecciones no sean solamente una jornada de votación, sino una competencia política realmente libre, plural, segura y con garantías para todos?
Ese será, probablemente, el verdadero resultado que la comunidad internacional estará observando el 29 de noviembre.
