Tres noticias dominaron la conversación pública en Ecuador durante los últimos días: el regreso de José Serrano, la sentencia del caso Sinohydro y el proceso contra Aquiles Álvarez. Pero, según un análisis de Martín Pallares publicado en Diario Expreso, mientras esas historias ocupaban titulares, otros problemas quedaron relegados: la inseguridad, la falta de medicinas y, sobre todo, el caso Progen.
¿Coincidencia o una enorme distracción política?
El primer golpe fue la llegada de José Serrano, deportado desde Estados Unidos y trasladado posteriormente a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. Después llegaron dos decisiones judiciales de enorme impacto: la condena de Lenín Moreno en el caso Sinohydro y el avance del proceso contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Las tres noticias ocuparon buena parte de la conversación nacional.
Pero mientras eso ocurría, había otro expediente que, según Pallares, resultaba especialmente incómodo para el Gobierno: PROGEN.
El caso por la compra de generadores eléctricos se complicó el 24 de agosto, cuando Fiscalía incorporó a 10 nuevos procesados a una investigación que inicialmente tenía 21 personas.
La cifra llegó así a 31 procesados.
Entre los nuevos involucrados aparecen José Manuel de Oliveira Allu, quien fue coordinador jurídico del Ministerio de Energía y posteriormente asesor de Roberto Luque, y Peter Dreher Pozo, quien también fue asesor de esa cartera. Ambos se encuentran fuera del país y Fiscalía solicitó medidas para su localización.
Pero había otro frente.
Mientras el caso penal avanzaba, la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización sobre Progen y Austral Technical Management con 80 votos a favor, 63 en contra y tres abstenciones. El informe descartó responsabilidad política de los ministros del Gobierno de Daniel Noboa.
Y ahí aparece la pregunta central del análisis: ¿Qué habría pasado con ese debate si la llegada de José Serrano no hubiera ocupado el centro de la conversación pública?
Pallares sostiene que Progen era precisamente uno de los temas que más necesitaba explicación política, junto con la inseguridad y la falta de medicinas. También menciona la posibilidad de nuevos apagones como otro asunto que quedó relegado.
El análisis no afirma que exista una prueba de que los tres acontecimientos hayan sido provocados para distraer a la ciudadanía.
Plantea algo diferente: que, coincidencia o no, tres noticias de enorme impacto terminaron desplazando de la agenda pública otros problemas que podían resultar incómodos para el Gobierno.
