Valentina Centeno tuvo un papel protagonista en la aprobación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, enviada por el Gobierno de Daniel Noboa. Presidió la comisión que tramitó el proyecto, fue ponente ante el Pleno y sostuvo que la propuesta buscaba proteger la biodiversidad y fortalecer la conservación de las áreas naturales. La ley fue aprobada con 80 votos en julio de 2025.
Pero hoy la controversia ambiental está en Manabí, la provincia que Centeno representa, y específicamente en Playa El Murciélago.
La ampliación del Patio 600 contempla aproximadamente tres hectáreas junto a esta playa. Los cuestionamientos ciudadanos surgieron por la intervención de un sector relacionado con la anidación de tortugas marinas, una preocupación que no nació de la nada: durante la temporada 2025-2026 se monitorearon alrededor de 29 nidos en playas de Manta, con especial atención precisamente a El Murciélago.
Y aquí aparece la contradicción que Centeno debería explicar. ¿De qué sirve levantar la mano para aprobar una ley hablando de biodiversidad si, cuando una controversia ambiental estalla en la provincia que representas, no apareces públicamente encabezando la fiscalización?
Hasta este 19 de septiembre de 2026, en las búsquedas públicas realizadas no encontramos un pronunciamiento de Valentina Centeno sobre el Patio 600 ni un pedido suyo de comparecencias, documentos ambientales o fiscalización específica del proyecto.
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Y esto resulta todavía más llamativo porque Centeno conoce perfectamente el tema portuario. En julio de 2024 estuvo públicamente junto al entonces ministro Roberto Luque, Autoridad Portuaria de Manta y Terminal Portuario de Manta durante el anuncio de la renegociación del contrato de gestión delegada. En esa ocasión aseguró que permanecería “vigilante, fiscalizando” lo relacionado con los recursos obtenidos del Puerto de Manta.
Entonces, ¿dónde está ahora esa vigilancia?
La intervención del Patio 600 no quedó solamente en planos. Los trabajos comenzaron y el proyecto contempla una inversión superior a USD 2,3 millones. Antecedentes públicos de esta ampliación ya describían obras como relleno con material pétreo, asfaltado y cerramientos.
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Por eso hay una pregunta que merece una respuesta técnica, no política: ¿Qué ocurrió con el suelo intervenido antes de que la justicia frenara las obras?
Y, sobre todo: ¿alguien puede garantizar que durante esas primeras intervenciones no existían nidos, huevos o tortugas en el área afectada?
No existe evidencia pública revisada que permita afirmar que murieron tortugas o que fueron destruidos huevos. Pero tampoco corresponde inventar tranquilidad donde deberían existir estudios, monitoreos y documentos capaces de despejar esa duda. La presencia y anidación de tortugas en El Murciélago sí está documentada.
La pregunta debería ser sencilla: antes de mover tierra, rellenar o transformar cualquier parte del sector, ¿se realizó una inspección ambiental exhaustiva?, ¿quién la realizó?, ¿cuántos nidos existían?, ¿qué ocurrió con ellos?
Y mientras esas respuestas siguen siendo necesarias, fueron ciudadanos quienes terminaron llevando el conflicto a la justicia.
El 15 de septiembre, representantes de la Comisión de Defensa de Playa El Murciélago presentaron una acción de protección acompañada de una medida cautelar. La demanda invoca los derechos de la naturaleza y solicita que las obras no continúen mientras no exista un estudio técnico independiente capaz de acreditar que el proyecto no producirá una afectación grave e irreversible al ecosistema.
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Para el 17 de septiembre, la ampliación ya era reportada como un proyecto que enfrentaba una medida cautelar. Es esa actuación judicial la que hoy resulta determinante para la suspensión de la intervención; el Gobierno y TPM, por su parte, defienden que el proyecto cuenta con respaldo contractual y controles ambientales.
Y esto debe quedar clarísimo:
EL ÁREA TODAVÍA NO ESTÁ DEFINITIVAMENTE A SALVO
Una medida cautelar no equivale a una sentencia definitiva sobre el futuro del Patio 600. El conflicto sigue dentro de un proceso judicial y justamente allí se discutirá la legalidad, el alcance ambiental y las pretensiones planteadas por quienes buscan impedir que la intervención continúe.
Mientras tanto, Valentina Centeno carga con una contradicción política evidente: fue ponente de una ley presentada como herramienta para conservar la biodiversidad y hoy no consta públicamente liderando una fiscalización sobre uno de los conflictos ambientales más delicados de Manta.
Y hay otro punto que no puede confundirse: aquella Ley de Áreas Protegidas no convierte automáticamente a Playa El Murciélago en un área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni prueba por sí sola que Patio 600 esté violando esa norma. Lo que sí demuestra es el discurso ambiental que Centeno defendió públicamente y que hoy permite preguntarle dónde está esa misma convicción frente a un caso concreto de su provincia.
Si TPM tiene todos los permisos, que sean sometidos al escrutinio público. Si existen estudios que demuestran que no habrá afectación a las tortugas, que se conozcan íntegramente. Si antes de intervenir el suelo se verificó que no existían nidos, que se muestre quién hizo esa inspección y cuáles fueron sus resultados.
Y si Valentina Centeno aseguró alguna vez que estaría vigilante sobre lo que ocurre en el Puerto de Manta, este parece precisamente uno de esos momentos en que Manabí puede exigirle que cumpla esa promesa. Porque la biodiversidad no se protege únicamente aprobando una ley en Quito.
SE PROTEGE CUANDO EL PROBLEMA ESTÁ FRENTE A TI, CUANDO LA CIUDADANÍA TIENE QUE ACUDIR A UNA JUEZA PARA DETENER UNA INTERVENCIÓN Y CUANDO TODAVÍA EXISTE EL RIESGO DE QUE, TERMINADO EL PROCESO JUDICIAL, LAS OBRAS PUEDAN RETOMARSE.
Y esa es la pregunta que queda para la asambleísta:
VALENTINA CENTENO, ¿DÓNDE ESTÁ LA FISCALIZACIÓN QUE MANABÍ NECESITA AHORA?
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