Se destruyen lanchas en Manabí, pero nadie toca a los gigantes de la fruta.
MANTA /.— Mientras la Armada y las fuerzas de cooperación internacional interceptan, ametrallan y destruyen pequeñas embarcaciones de pescadores artesanales en Manabí bajo el simple pretexto de “versiones de inteligencia” y discursos televisivos, los grandes buques exportadores de banano —vinculados a verdaderas investigaciones judiciales internacionales por contaminación masiva de cocaína hacia Europa— navegan con total impunidad y jamás sufren el impacto de un solo proyectil.
La doble moral de la política de seguridad nacional ha quedado al desnudo. Las autoridades del Ministerio de Defensa y los voceros del Comando Sur de los Estados Unidos lanzan acusaciones sin presentar expedientes judiciales ni peritajes de laboratorio que justifiquen el ataque contra los marineros artesanales de Manta. Sin embargo, cuando se trata del verdadero tráfico a gran escala, la respuesta oficial es el silencio, la lentitud procesal y la protección.
DOS VARAS PARA LA JUSTICIA: EL TRATAMIENTO AL SECTOR PESQUERO VS. LAS BANANERAS
Las estadísticas y los expedientes judiciales europeos revelan una asimetría indignante en la aplicación de la fuerza del Estado: Juzgamiento Sumario en Altamar contra los Humildes.
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A los pescadores de Manabí se los sentencia en pantallas de televisión sin orden previa de un juez, sin flagrancia comprobada y sin derecho a la defensa. Se destruyen sus herramientas de trabajo y se los califica de criminales con declaraciones mediáticas que violan de forma flagrante la presunción de inocencia (Art. 76, Num. 2 de la Constitución).
Imprenable Blindaje a la Gran Industria Exportadora: En contraste, investigaciones periodísticas e informes de inteligencia internacional han rastreado toneladas de drogas ocultas en contenedores de fruta pertenecientes a firmas exportadoras ligadas a Fruit Shippers Limited, holding offshore vinculado directamente al grupo empresarial de la familia del presidente Daniel Noboa. En estos casos, donde la evidencia material ha sido decomisada en puertos de Bélgica, España e Italia, ningún barco ha sido destruido ni una sola licencia de exportación ha sido revocada de forma inmediata.
LA VIOLACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL
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El contraste en el actuar de las Fuerzas Armadas y las tropas estadounidenses vulnera principios fundamentales de la legislación ecuatoriana: Infracción a la Presunción de Inocencia (Art. 76, Num. 2 de la Carta Magna).
Se trata a los ciudadanos del mar como culpables antes de que exista una sentencia dictada por un juez de la República.
Usurpación de Funciones de la Función Judicial (Art. 167 de la Constitución): Ni el Ejecutivo ni ejércitos extranjeros poseen facultades de juzgamiento para decretar la destrucción de bienes privados en altamar sin autorización judicial explícita.
Infracción al Principio de Igualdad ante la Ley (Art. 11, Num. 2 de la Constitución): La ley penal se aplica con violencia desmedida contra el pequeño pescador, mientras las estructuras logísticas de los grandes grupos económicos disfrutan de la dilación en la Fiscalía General del Estado.
EXIGIMOS HECHOS, NO DISCURSOS
Desde este medio de comunicación reiteramos: la lucha contra el crimen organizado se fundamenta en pruebas técnicas, peritajes y fallos judiciales. Si el Gobierno nacional y las fuerzas extranjeras pretenden sostener la legalidad de sus operativos en Manabí, deben presentar las pruebas ante los tribunales. Hasta que eso no ocurra, destruir la herramienta de trabajo del campesino del mar mientras se ignora la contaminación en las grandes flotas comerciales no es combate al narcotráfico: es abuso de poder y persecución selectiva.
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