QUITO / Las principales centrales sindicales y gremiales del país han formalizado un frente común frente a la gestión del presidente Daniel Noboa Azin. Tras una asamblea nacional extraordinaria celebrada en la capital, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular anunciaron oficialmente una jornada de movilización nacional fijada para el próximo martes 8 de octubre de 2026.
La resolución gremial responde al deterioro acelerado de las condiciones laborales, las amenazas contra la estabilidad de la seguridad social (IESS), la falta de presupuesto para la educación pública y los intentos de reestructuración o entrega de sectores estratégicos del Estado al capital privado.
ARTICULACIÓN GREMIAL Y EL MARCO CONSTITUCIONAL DE LA PROTESTA
La convocatoria sindical se fundamenta en principios constitucionales irrenunciables de la República del Ecuador. Derecho a la Resistencia y la Huelga (Arts. 98 y 326, num. 14): La Carta Magna ampara el derecho colectivo de los trabajadores a la movilización, la resistencia y la huelga frente a medidas económicas o administrativas del Ejecutivo que afecten la estabilidad laboral y los derechos conquistados.
Intangibilidad de los Derechos Laborales y Seguridad Social (Arts. 326 y 367): La Constitución establece que los recursos del IESS son propios de los afiliados y prohíbe cualquier tipo de precarización o menoscabo en las conquistas históricas de la clase trabajadora y el magisterio.
ESTRATEGIA EN DESARROLLO Y LOGÍSTICA CIUDADANA
Durante la plenaria dirigente, los voceros de las organizaciones señalaron que en los próximos días se darán a conocer los puntos de concentración específicos, marchas y recorridos en las 24 provincias. Asimismo, la dirigencia precisó que la fecha del 8 de octubre se mantendrá sujeta a ajustes logísticos en función de una eventual ampliación o decreto del feriado nacional correspondiente a la Independencia de Guayaquil (9 de Octubre).
Con el ingreso del FUT, la UNE y el Frente Popular a la arena de la protesta pública, el escenario de conflictividad social contra la administración de Daniel Noboa entra en una fase decisiva, consolidando la presión popular desde el sector laboral y educativo antes de la conmemoración patria.
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