LA PAZ.- El jueves, de madrugada, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó extender por 90 días el estado de excepción por conmoción interna que Rodrigo Paz decretó el 20 de junio. Cien votos a favor. Cincuenta y ocho en contra o en abstención. La medida vencía este viernes 18. Ahora corre hasta la segunda semana de diciembre.
Eso es lo que hay: no un debate económico, no un ajuste, no una reforma. Un permiso para gobernar con facultades de emergencia.El decreto original —el 5636— declaró la excepción en todo el territorio. El 5707 la prorroga y mantiene el mismo paquete. Policía al mando del orden público. Fuerzas Armadas en apoyo cuando el Ejecutivo lo disponga. Prohibidos los bloqueos de vías urbanas, rurales, departamentales e internacionales. Prohibido portar armas, explosivos, miguelitos, combustibles en envases no autorizados. Restricción temporal —si Gobierno y Defensa lo resuelven juntos— de la libertad de locomoción, circulación, tránsito y reunión. Concentraciones masivas sólo con autorización expresa. Arrestos de hasta ocho horas por incumplir el régimen. Puestos de control en carreteras, aeropuertos, hospitales, plantas energéticas, telecomunicaciones.
La Constitución dice que la excepción no puede suspender garantías fundamentales, debido proceso, derecho a la información ni derechos de las personas privadas de libertad. El decreto dice que las restricciones serán progresivas, proporcionales y diferenciadas por territorio. En la práctica, el margen lo escriben dos ministerios. Paz pidió la prórroga el lunes. Oviedo y Justiniano la defendieron el miércoles y el jueves ante el pleno.
Doce informes: ocho de la Policía, dos de Gobierno, uno de las FFAA, uno de Defensa. El argumento central es uno solo: si cae la excepción, vuelven los bloqueos. Oviedo habló de una “eventual reactivación y articulación” de marchas, paros y cortes con riesgo para combustibles, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica. Justiniano admitió que el país está más tranquilo que hace tres meses y, en la misma frase, que la conflictividad “no desapareció”. Citó 72 eventos bajo el régimen. Señaló El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
La sesión duró cerca de nueve horas. Hubo un intento de recortar la prórroga a 60 días para no empujar otras agendas legislativas. No pasó. Tomasa Yarhui, de Libre, fue la frase que quedó: el estado de excepción no funcionó; los conflictos se suspendieron con el diálogo. El Gobierno responde que el diálogo ya se agotó en junio y que el desbloqueo de más de cien puntos no encontró resistencia cuando salieron los contingentes mixtos.
Eso es el corazón de la medida. No es toque de queda nacional. No es suspensión total de derechos. Es un régimen que permite al Ejecutivo decidir dónde se puede circular, dónde se puede reunir y cuándo el Ejército sale a la ruta. Lo usó en junio para levantar el corte más largo de la historia reciente del país. Lo vuelve a usar ahora por si alguien intenta repetirlo.
Hasta diciembre, Bolivia no está en normalidad constitucional plena. Está en excepción autorizada. El Congreso ya firmó. El Palacio ya tiene el plazo. La calle, por decreto, no debería poder cortar el asfalto. Ese es el estado de excepción. Nada más. Y nada menos.
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