QUITO / Este martes 15 de septiembre de 2026, el informe anual del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) ha emitido una de las alertas internacionales más severas sobre la crisis institucional del país: la violencia criminal y la militarización de la seguridad están erosionando de forma acelerada el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en el Ecuador.
De acuerdo con el reporte, el avance del crimen organizado transnacional ha dejado de ser un problema exclusivo de patrullaje para transformarse en una amenaza directa a las estructuras políticas, económicas y sociales. IDEA relaciona este deterioro democrático con la corrupción sistémica, el aumento descontrolado de bandas criminales, la infiltración de mafias internacionales y la pérdida total de control en el sistema penitenciario. La respuesta del régimen de Daniel Noboa —centrada en la declaración de conflicto armado interno y la militarización permanente— no sólo ha fracasado en devolver la paz, sino que ha generado graves cuestionamientos internacionales por la vulneración sistemática de garantías constitucionales y el progresivo acorralamiento a la libertad de movimiento, de expresión y de prensa.
EL FRACASO DEL MODELO DE EXCEPCIÓN Y LA PÉRDIDA DE DERECHOS
La advertencia de IDEA Internacional coincide con hechos que posicionan al país en un preocupante aislamiento en materia de derechos humanos. El pasado 25 de junio de 2026, el Ecuador ingresó por primera vez en su historia al Índice Global de Tortura, una marca que evidencia el costo humano y jurídico de la respuesta estatal frente a la inseguridad.
Deterioro del Estado de Derecho y Libertades: Se constata una regresión directa en la libertad de expresión, prensa y libre tránsito bajo el pretexto del conflicto armado interno, derivando en intimidación al libre ejercicio periodístico y censura ciudadana.
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Degradación del Sistema Penal y Garantías: La normalización del abuso de la fuerza estatal y las detenciones sin el debido proceso derivaron en el ingreso del país al Índice Global de Tortura, quebrantando la protección judicial básica.
Cooptación Democrática e Institucional: La penetración del crimen transnacional en las estructuras del Estado destruye la soberanía popular y convierte al aparato público en un mecanismo servil a la impunidad.
VIOLACIÓN DIRECTA AL MARCO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
El escenario descrito por los organismos internacionales pone de manifiesto la transgresión de los principios democráticos fundamentales. Deber Primordial de Seguridad Humana (Arts. 3 y 393 de la Constitución): El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad integral sin sacrificar los derechos humanos ni la convivencia pacífica. Reemplazar la política pública por estados de excepción permanentes vulnera el mandato de protección ciudadana.
Libertad de Expresión y Prensa (Art. 18 de la Constitución y Art. 13 de la CADH): Someter la labor informativa y el debate público a la intimidación o al control militar quebranta el Código de la Democracia y los convenios internacionales sobre libertades políticas.
Garantía de la Voluntad Popular y Soberanía (Art. 1 de la CRE y Art. 2.1 de la Carta de la ONU): La infiltración del crimen organizado en la política destruye la soberanía popular (Art. 2 de la LOE), convirtiendo a las instituciones en un cascarón servil al poder económico e ilícito.
LA DEMOCRACIA SE DEFIENDE CON DERECHOS, NO CON ABUSO DE PODER
El diagnóstico de IDEA Internacional es contundente: no hay seguridad posible cuando se destruye el Estado de derecho. Entregar las garantías ciudadanas, perseguir a la prensa y permitir que la violencia armada determine la vida política del Ecuador es el camino directo hacia la descomposición democrática.
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