La “coalición” de Noboa y EE. UU. bombardea civiles sin pruebas.
QUITO.— Lo que el Gobierno de Daniel Noboa Azin y el Comando Sur de Estados Unidos presentan como un “triunfo decisivo de la Coalición Contra Cárteles”, ha quedado al descubierto ante la propia Función Judicial del Ecuador como una cadena sistemática de agresiones arbitrarias, detenciones ilegales y flagrantes violaciones a los derechos humanos en el Pacífico oriental.
Desde finales de agosto de 2026, las fuerzas militares combinadas han bombardeado al menos ocho embarcaciones ecuatorianas bajo la premisa de supuestas vinculaciones con el narcotráfico. Sin embargo, detrás del despliegue bélico no existen procesos penales, peritajes ni evidencia judicial formal: solo la sospecha convertida en orden de ataque.
LA JUSTICIA TUMBA EL MONTAJE: REVELAN DETENCIONES ARBITRARIAS Y TORTURA
La actuación de la función judicial penal desmontó la narrativa oficialista mediante dictámenes categóricos que exponen la ilegalidad de las incursiones.
Liberación Inmediata de 28 Pescadores: El pasado 5 de septiembre, un juez penal ordenó la libertad absoluta de 28 marineros capturados tras el ataque a los barcos OM2 y Conquista 2. El fallo judicial ratificó que las aprehensiones ejecutadas por tropas estadounidenses vulneraron la Constitución de la República y carecieron de elementos para sostener un delito flagrante.
Habeas Corpus y Exigencia Diplomática: Ante el recurso presentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Justicia ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores exigir explicaciones inmediatas al Gobierno de los Estados Unidos por operativos que, además de la destrucción de naves, dejan un trágico saldo de ocho pescadores desaparecidos.
Ataques Sistemáticos contra la Comunidad Pesquera: El CDH contabiliza al menos 181 pescadores atacados por tropas extranjeras con la complicidad del Estado ecuatoriano entre enero y septiembre de 2026. Los testimonios documentan abordajes violentos, aislamiento, uso de capuchas, tratos crueles e incautación arbitraria de bienes en rutas marítimas de pesca tradicional.
VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
La ejecución de ataques armados sin orden judicial rompe los pilares básicos del debido proceso y la soberanía del Estado ecuatoriano: Soberanía Jurídica e Inviolabilidad del Debido Proceso (Art. 76 de la Constitución).
Ninguna sospecha o informe de inteligencia exime al Estado de garantizar la presunción de inocencia. Destruir herramientas de trabajo y privar de la libertad sin la presencia de la Fiscalía ni un juez penal invalida cualquier procedimiento.
Garantía Inalienable contra la Tortura (Art. 66 Constitucional y Convención Americana): Las acciones de amedrentamiento, encapuchamiento y tratos degradantes aplicadas a tripulaciones vulneran las garantías de integridad personal y constituyen faltas graves e imprescriptibles.
Límites de los Convenios Bilaterales (Art. 424): La cooperación militar con gobiernos extranjeros no otorga inmunidad a tropas externas ni suspende las obligaciones constitucionales de la República. El articulado constitucional prima sobre cualquier pacto ejecutivo.
Alerta por Crímenes de Lesa Humanidad: El CDH advierte que la ejecución sistemática de ataques militares contra la población civil en altamar sitúa a las autoridades responsables ante la tipificación internacional de crímenes contra la humanidad
La narrativa del Comando Sur —que califica la voladura de embarcaciones como un “ejemplo del poder de la coalición”— se desmorona ante la falta absoluta de expedientes judiciales que respalden sus acusaciones. Interceptar, encapuchar, bombardear y dejar vidas a la deriva sin formulas de juicio no es justicia: es la imposición de la fuerza bruta por encima del Derecho.
Desde Voz Continental mantenemos nuestro compromiso inquebrantable con la verdad: combatir el crimen organizado no puede ser la fachada para ceder la soberanía marítima, pisotear la Constitución y condenar a la impunidad el atropello contra nuestros trabajadores del mar.
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