La escasez de medicamentos, tanto en el Ministerio de Salud como en el IESS, constituye una evidencia irrefutable del colapso sanitario. A ello se suma la falta de turnos para atención médica, la reducción de las consultas a apenas diez minutos —incluso para pacientes de alta complejidad—, la disminución de hasta un 70% en las intervenciones quirúrgicas y la inadmisible exigencia de que los propios pacientes provean insumos básicos. Este conjunto de hechos no es aislado: configura una crisis estructural que compromete el derecho fundamental a la salud y subraya la irresponsabilidad de los dos gobernantes.
La incapacidad de respuesta del Estado y de los administradores del IESS revela no solo ineficiencia, sino una preocupante ingobernabilidad, acompañada de un evidente desdén por parte de las más altas autoridades del poder ejecutivo hacia la vida y dignidad de la población, en particular de afiliados y jubilados. Esta irresponsabilidad se manifiesta en decisiones que han debilitado la calidad del sistema, como la eliminación de exigencias académicas en la formación médica especializada y el desmantelamiento de instituciones clave para la salud pública.
A este escenario se añade la designación de autoridades en el ministerio de salud y el IESS sin el perfil técnico ni el conocimiento epidemiológico necesario, pero con cuestionables vínculos a intereses particulares, dos muestras: El nuevo ministro de salud y la vicepresidenta de la República. La salud pública y la del seguro de salud del IESS no pueden ser administradas desde la improvisación ni subordinada a lógicas de negocio o irresponsabilidades.
La crisis se agrava con decisiones legislativas que afectan directamente a los sectores más vulnerables, como el encarecimiento de medicamentos esenciales. En el caso del IESS, la deuda estatal supera los 32 mil millones de dólares, mientras el presupuesto destinado a salud resulta insuficiente o inexistente en áreas críticas. La conducción institucional carece de solvencia técnica y evidencia una peligrosa combinación de oportunismo e improvisación.
Frente a este panorama, resulta imperativo un llamado a la ciudadanía, a los afiliados y jubilados: defender el derecho a la salud es defender la vida misma. No se trata de un privilegio ni de una mercancía, sino de un derecho constitucional. Es momento de superar el miedo, rechazar la manipulación y exigir un sistema sanitario digno, eficiente y humano.
La crisis no es reciente, pero su profundización actual plantea un riesgo mayor: la progresiva privatización de la salud pública bajo el pretexto del colapso. Ante ello, la respuesta debe ser la unidad social y la firme defensa del interés colectivo. La salud no se negocia; se garantiza.
Señor presidente Noboa:
Le exhorto, con el mayor respeto institucional, a velar por la idoneidad de su equipo de gobierno y por el cumplimiento riguroso de sus responsabilidades frente a la ciudadanía ecuatoriana. El Ecuador es una república democrática, construida a lo largo de la historia con el sacrificio de generaciones que defendieron sus principios y libertades. En ese sentido, el conocimiento y la comprensión de la historia nacional no son elementos accesorios, sino fundamentos indispensables para el ejercicio responsable de la función pública. De ser necesario, resultaría pertinente recurrir al asesoramiento de especialistas en Historia Nacional, a fin de fortalecer una conducción del Estado informada, consciente y comprometida con su legado histórico, democrático y soberano.
Ramiro Beltrán. Docente jubilado. Miembro de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social. Ex miembro de organismos nacionales e internacionales de seguridad social.
Revisa también...
Prensamérica Internacional© ha limitado los comentarios en este sitio. Puedes comentar directamente aquí:
Ir a Contacto
