El Organismo Judicial de Guatemala ya no está en la etapa de “pensar” en inteligencia artificial: la está usando. Desde julio de 2025 empezó a comprar herramientas especializadas y en 2026 las extendió a amparos, agravios, apelaciones y casaciones. Hasta agosto de este año había gastado unos Q1.3 millones, casi todo adjudicado a una sola empresa, Business Development Group, que fue la única oferente en varios concursos.
El piloto corre en dos vocalías de la Corte Suprema: la de Clemen Vanessa Juárez Midence (presidenta de la Cámara de Amparo y Antejuicio) y la de Gustavo Adolfo Morales Duarte. El objetivo declarado es ayudar con expedientes enormes —a veces de cientos de folios digitalizados—, organizar antecedentes, extraer información y acelerar la parte mecánica de la “resulta” de las resoluciones. No está pensado para que la máquina decida el fondo del caso.
En marzo de 2026 se aprobó el Acuerdo de Presidencia 93-2026, un reglamento de 32 artículos que intenta ponerle freno al entusiasmo. La IA solo puede ser asistencial y de apoyo administrativo. No puede valorar pruebas, no puede sustituir el criterio del juez y no puede emitir resoluciones. El personal judicial debe revisar, confrontar y validar todo lo que salga del sistema. La Gerencia de Informática tiene facultades para auditar, detectar sesgos y apagar las herramientas si hay riesgo. El uso es discrecional, no obligatorio, y las infracciones pueden terminar en sanciones disciplinarias o denuncias penales.
Eso suena sólido en el papel. En la práctica hay varios huecos. El Organismo Judicial no ha publicado resultados del piloto: ni cuánto tiempo se ahorra, ni cuántos expedientes se procesan mejor, ni qué tasa de error hay. Tampoco hay metas claras de reducción de mora judicial. La normativa se conoció tarde y de forma limitada; gran parte de la información salió por solicitudes de acceso a la información, no por una política de transparencia activa.
Los abogados que litigan ante esas cámaras están divididos, pero coinciden en los riesgos. Las “alucinaciones” —invenciones convincentes cuando el modelo no tiene datos suficientes— siguen existiendo. También hay sesgos heredados del entrenamiento. Un error en un amparo no es un error administrativo: puede afectar un derecho fundamental. Varios litigantes piden que, al menos, se indique en qué partes de un proyecto se usó IA, para que quede claro que la decisión final es humana.
Hay un problema de fondo que la tecnología no resuelve sola. Los amparos en la Corte Suprema tardan mucho más que en primera instancia o en las salas. La inestabilidad en la integración de las cámaras, la acumulación de casos electorales y laborales, y la falta de personal estable pesan más que la capacidad de resumir un expediente. La IA puede aliviar la parte tediosa; no arregla la estructura.
A nivel institucional el Organismo Judicial ha ido más allá del piloto. Existe una política de gobernanza de tecnología e IA, un modelo de semáforos de riesgo inspirado en estándares internacionales y la idea de un consejo de supervisión. El discurso oficial insiste en que la potestad de juzgar sigue siendo humana e indelegable. Eso es correcto y necesario. Lo que falta es demostrarlo con datos, con auditorías públicas y con una comunicación más abierta hacia quienes usan el sistema todos los días: jueces, letrados, abogados y justiciables.
La pregunta no es si la IA debe entrar a la justicia guatemalteca. Ya entró. La pregunta es si el control humano, la transparencia y la evaluación de resultados van a ir al mismo ritmo que las compras de software. Por ahora, el gasto y el piloto avanzan más rápido que la rendición de cuentas.
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