Argentina.— La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió una discusión que trasciende el debate sobre la edad de responsabilidad penal y las respuestas del Estado frente al delito cometido por adolescentes. En el fondo aparece una cuestión institucional de mayor profundidad: cuál es el límite de la intervención de los jueces frente a una ley nacional sancionada por el Congreso de la Nación.
La nueva legislación fue aprobada por el Poder Legislativo y puesta en vigencia conforme al procedimiento constitucional. Desde ese momento, sus disposiciones forman parte del ordenamiento jurídico nacional y deben ser aplicadas por los organismos correspondientes.
Sin embargo, algunas decisiones judiciales volvieron a colocar en el centro de la escena el papel de los llamados jueces “garantistas”, especialmente cuando sus resoluciones producen efectos capaces de demorar, restringir o cuestionar la aplicación de una norma nacional.
El problema no está en que los jueces controlen la constitucionalidad de las leyes. Esa función forma parte esencial del sistema republicano. El problema aparece cuando ese control puede transformarse, en los hechos, en una facultad para reemplazar la decisión adoptada por el Poder Legislativo.
La Constitución Nacional establece con claridad el principio de supremacía constitucional y determina las competencias de cada uno de los poderes del Estado. El Congreso tiene la atribución de legislar; el Poder Ejecutivo, de promulgar y ejecutar las leyes; y el Poder Judicial, de intervenir en las causas sometidas a su jurisdicción y controlar que las decisiones estatales respeten el orden constitucional.
Revisa también...
Ese equilibrio constituye uno de los pilares de la República
Por eso, frente a una decisión judicial que limita la aplicación de una ley nacional, la discusión no debería agotarse en la etiqueta de “garantista” ni reducirse a una disputa entre seguridad y derechos individuales.
La pregunta es mucho más concreta: ¿hasta dónde puede llegar un juez en el ejercicio de sus facultades sin avanzar sobre competencias que corresponden al Congreso?
Revisa también...
El control constitucional existe precisamente para evitar que el poder estatal actúe por encima de la Constitución. Pero ese mismo principio obliga a los magistrados a ejercer sus propias competencias dentro del marco constitucional.
Una cautelar puede proteger derechos cuando existe un conflicto concreto. Una resolución judicial puede declarar la inaplicabilidad de una norma cuando corresponde hacerlo dentro de una causa determinada. Lo que merece discusión es la posibilidad de que una decisión particular termine suspendiendo, en los hechos, la aplicación general de una ley aprobada por los representantes elegidos por el voto popular.
Ahí aparece el límite institucional
El Poder Judicial no es un poder subordinado al Ejecutivo ni al Legislativo. Tiene independencia y una función constitucional propia. Pero independencia no significa ausencia de límites.
Los jueces también están sujetos a la Constitución
En el caso del nuevo régimen penal juvenil, esta cuestión adquiere una dimensión todavía mayor porque se encuentran involucrados derechos de adolescentes, derechos de las víctimas y la obligación del Estado de garantizar seguridad, debido proceso y protección de las garantías fundamentales.
No existe contradicción constitucional entre garantizar los derechos de un menor sometido a proceso y exigir el cumplimiento de una ley vigente. Ambas obligaciones forman parte del funcionamiento de un Estado de Derecho. La discusión surge cuando una interpretación judicial puede terminar desplazando la decisión legislativa antes de que la propia ley pueda demostrar sus resultados.
Y allí la cuestión deja de ser solamente jurídica para convertirse también en institucional
Si una ley nacional puede ser suspendida en su aplicación general por la decisión de un solo magistrado, cabe preguntarse dónde queda el límite entre el control judicial y la sustitución de las facultades propias del legislador.
No se trata de negar el control constitucional. Se trata de recordar que ese control también tiene reglas
La República funciona a partir de un sistema de poderes que se controlan entre sí. El Congreso no puede actuar contra la Constitución. El Ejecutivo tampoco. Y el Poder Judicial, aunque tenga la misión de controlar a los otros poderes, tampoco puede quedar por fuera del marco que la propia Constitución establece. Por eso, el debate sobre los jueces llamados “garantistas” debería abandonar las consignas y concentrarse en sus resoluciones concretas.
¿Qué norma constitucional invocaron? ¿Qué derecho consideraron afectado? ¿Cuál era el alcance de su competencia? ¿La decisión resolvió un caso concreto o terminó afectando la aplicación general de una ley nacional?
Esas son las preguntas que permiten evaluar institucionalmente una resolución judicial sin convertir el debate en una confrontación política. La nueva Ley Penal Juvenil ya forma parte del derecho vigente. Ahora comienza una etapa diferente: la de su aplicación efectiva. Los jueces tendrán un papel fundamental. Deberán garantizar el debido proceso, proteger los derechos constitucionales y controlar la legalidad de los actos estatales. Pero también deberán hacerlo respetando el principio de división de poderes.
Porque en una República, la defensa de las garantías constitucionales no puede convertirse en una autorización para desconocer las leyes. Del mismo modo, la vigencia de una ley tampoco habilita al Estado a ignorar los derechos que la Constitución protege.
El equilibrio entre ambas obligaciones es precisamente lo que define al Estado de Derecho. La discusión que abrió el nuevo Régimen Penal Juvenil, por lo tanto, no debería reducirse a una pelea entre quienes reclaman mayor firmeza frente al delito y quienes defienden mayores garantías.
Prensamérica Internacional© ha limitado los comentarios en este sitio. Puedes comentar directamente aquí:
Ir a Contacto
