En un ambiente de extrema tensión, el bloque oficialista ADN logró imponer la polémica ley de apoyo militar en las calles, desatando el pánico colectivo ante el inminente riesgo de violaciones masivas a los derechos humanos en todo el país. La normativa entrega un poder desproporcionado a las Fuerzas Armadas, lo que defensores de los derechos civiles califican como la legalización del abuso de fuerza contra ciudadanos comunes
Lejos de buscar el consenso, el Gobierno activó una violenta maquinaria de ataque político, arremetiendo brutalmente contra los asambleístas de oposición que votaron en contra. Desde el oficialismo se los ha señalado falsamente de “cómplices de las mafias”, en un claro intento de criminalizar la disidencia y desviar la atención sobre el peligroso cheque en blanco que acaban de aprobar.
Ecuador entra así en una era oscura donde disentir se castiga con el linchamiento político y la seguridad civil queda sepultada bajo las botas militares.
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