Mientras cientos de pacientes denuncian que en los hospitales públicos no encuentran losartán para controlar la presión arterial, medicamentos para la diabetes, paracetamol y otros tratamientos básicos, estos mismos productos estarían siendo entregados en brigadas médicas de Andrés Guschmer y Cynthia Viteri.
Las autoridades deben revisar los lotes, registros sanitarios, facturas y actas de entrega para esclarecer su procedencia, de confirmarse que son medicamentos destinados a hospitales públicos, estaríamos ante un posible y descarado uso de recursos estatales para beneficiar una estrategia política. Resultaría indignante que las medicinas no aparezcan cuando los pacientes acuden a una casa de salud, pero sí estén disponibles en actividades que pueden servir para promocionar nombres e imágenes de posibles candidatos.
Además, si estas brigadas buscan posicionar figuras políticas antes del periodo autorizado, el CNE debería investigar una posible campaña anticipada y determinar cómo fueron financiadas. La ayuda médica no puede utilizarse como propaganda electoral ni convertirse en una herramienta para captar votos aprovechándose de las necesidades de la población.
El Ministerio de Salud, el CNE y los organismos de control tienen la obligación de pronunciarse y presentar documentación. Si los productos fueron comprados de manera privada, sus responsables deben demostrarlo pero hasta el momento no existe pronunciamiento, pero si salieron de hospitales o fueron adquiridos con dinero público, deberán establecerse responsabilidades administrativas y penales.
