Migración, dinero y persecución: la otra cara del dólar que sostiene a la región. Una mujer revisa en una tableta el comprobante digital de un envío mientras, a su lado, un niño escribe en un cuaderno. La escena se repite miles de veces al día en Guayaquil, en Cuenca, en San Salvador, en Tegucigalpa. No hay banda sonora épica ni titular espectacular en ese gesto cotidiano. Hay, eso sí, la prueba material de que buena parte de América Latina se sostiene hoy sobre el trabajo de quienes se fueron.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) publicó este mes el informe decenal Sending Money Home, y la cifra central golpea: entre 2016 y 2025 las remesas que llegaron a América Latina y el Caribe crecieron 132 por ciento, hasta alcanzar 168.600 millones de dólares en el último año medido. A escala mundial, el monto se duplicó, de 364.700 a 728.600 millones de dólares, una cifra que ya supera con holgura toda la ayuda oficial al desarrollo que los países ricos entregan a los países pobres. Detrás de ese dato hay 220 millones de migrantes sosteniendo a 1.100 millones de familiares, uno de cada seis habitantes del planeta conectados por un giro bancario.
El caso ecuatoriano ilustra la magnitud del fenómeno. Según el Banco Central del Ecuador, el país recibió 7.729 millones de dólares en remesas durante 2025, un 18,2 por ciento más que el año anterior y el monto más alto desde que existen registros. Esa cifra equivale al 6,6 por ciento del PIB nacional y estuvo a punto de igualar a las exportaciones petroleras. El 78 por ciento del dinero llegó desde Estados Unidos. En el primer trimestre de 2026 el flujo siguió creciendo, aunque a un ritmo menor que el año anterior, señal de que el ciclo extraordinario empieza a agotarse.
Ese crecimiento no nace de la prosperidad sino de la necesidad y del miedo. El FIDA atribuye el aumento migratorio, un 41 por ciento más de emigrantes latinoamericanos en la década, al éxodo venezolano, a la inestabilidad económica, a la inseguridad y a los efectos climáticos que expulsan población de sus territorios. Economistas ecuatorianos como Fausto Ortiz lo han dicho sin rodeos: las remesas reflejan la salud de la economía donde vive el migrante, no la del país que las recibe. Cuando un Estado no genera empleo ni futuro, exporta gente y después administra el dinero que esa gente manda de vuelta.
Del otro lado de ese giro bancario hay un cuerpo que trabaja bajo amenaza constante. Estados Unidos, origen del 77 por ciento de las remesas que recibe Ecuador y motor central de todo el corredor latinoamericano, atraviesa la ofensiva migratoria más agresiva de las últimas dos décadas. Datos del propio ICE citados por medios estadounidenses indican 356.389 deportaciones durante el año fiscal 2026 hasta finales de julio, con 65.765 personas todavía en centros de detención. La cifra se encamina a superar el récord de 2013, establecido durante el gobierno de Barack Obama.
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Un informe de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) precisa quién carga con el peso de esa política. Entre enero y octubre de 2025, el 91 por ciento de las personas detenidas por agentes federales eran latinas, y aunque los indocumentados de origen latino representan entre el 76 y el 80 por ciento de esa población en el país, concentraron el 96 por ciento de las deportaciones. De 187.000 latinos detenidos, 126.000 terminaron expulsados. Entre los perfiles alcanzados aparecen beneficiarios de TPS con su protección cancelada, solicitantes de asilo que ingresaron por vía legal y personas casadas con ciudadanos estadounidenses o con hijos nacidos en ese país.
La persecución no se queda en la frontera ni en los tribunales migratorios. Reportes recientes citados por CNN describen un plan federal para intensificar las redada.
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