El economista Pablo Dávalos advierte que en 2027 se profundizará el ajuste económico y la austeridad en Ecuador, con posibles consecuencias para las universidades públicas, los municipios, prefecturas y los trabajadores del sector público. La pregunta es inevitable: ¿quién terminará pagando el costo de estas medidas? Una vez más, el peso del ajuste podría recaer sobre los servicios públicos, las instituciones y los ciudadanos.
Mientras se habla de austeridad y compromisos con el FMI, los ecuatorianos tienen derecho a saber qué se está negociando, cuáles serán los recortes y cómo afectarán a la educación, los municipios y el empleo público. ¡La austeridad no puede significar menos derechos, menos servicios y más sacrificios para la ciudadanía!
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