Organizaciones de derechos humanos denuncian ante la Corte Interamericana el incumplimiento de 20 resoluciones que ordenan liberar y proteger a 16 personas detenidas en Nicaragua
Siete nicaragüenses que permanecen bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) continúan en situación de desaparición forzada, mientras otras nueve personas beneficiarias permanecen privadas de libertad por motivos políticos, denunciaron organizaciones de derechos humanos durante una audiencia celebrada este 19 de agosto.
La audiencia abordó los asuntos “Juan Sebastián Chamorro y otros” y “Cuatro Indígenas Mayangna Privados de Libertad”, ambos relacionados con Nicaragua. De acuerdo con las organizaciones que acompañan a los familiares y beneficiarios, el Estado nicaragüense mantiene un incumplimiento sistemático de las medidas ordenadas por el tribunal regional.
La denuncia adquiere especial relevancia porque la Corte IDH ha emitido 20 resoluciones en ambos asuntos en las que ha ordenado al Estado garantizar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas y disponer su liberación inmediata. Sin embargo, las organizaciones aseguraron ante el tribunal que ninguna de las liberaciones ordenadas se ha concretado.
Nicaragua no acudió a la audiencia
El Estado de Nicaragua no se presentó a la audiencia, según informó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las organizaciones que participó en la representación conjunta.
More Read
Además de CEJIL, participaron el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Asociación Memoria y Justicia, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. También estuvieron presentes la comisionada Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Ariela Peralta, experta del Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas.
Las organizaciones sostuvieron que el riesgo para las personas beneficiarias no solo permanece, sino que se ha agravado debido a las condiciones de detención y a la falta de información sobre el paradero de quienes permanecen desaparecidos.
Alertan sobre condiciones de detención
Durante la audiencia fueron denunciadas condiciones carcelarias que, según las organizaciones, son incompatibles con la dignidad humana. Entre ellas mencionaron celdas selladas y sin ventilación, presencia de plagas, iluminación permanente, falta de agua potable y alimentación adecuada, ausencia de atención médica y aislamiento del contacto con familiares y abogados.
La situación sería especialmente preocupante para personas de mayor edad y con enfermedades crónicas. Las organizaciones también señalaron riesgos particulares para las mujeres beneficiarias de las medidas provisionales.
El caso de los cuatro indígenas Mayangna fue señalado como particularmente grave. Las organizaciones denunciaron restricciones para comunicarse en su propia lengua, humillaciones relacionadas con sus prácticas religiosas y presuntas agresiones por parte de custodios penitenciarios ocurridas en abril de 2026.
Cuatro muertes bajo custodia
La audiencia también puso sobre la mesa la muerte de presos políticos bajo custodia estatal. Las organizaciones reportaron al menos cuatro fallecimientos durante los últimos 12 meses, entre ellos el del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, ocurrido el 30 de mayo de 2026, después de más de 970 días en situación de desaparición forzada.
CEJIL indicó además que al menos dos personas beneficiarias de las medidas provisionales de la Corte IDH han fallecido bajo custodia estatal. La preocupación se extiende a otros beneficiarios. Durante la audiencia fueron leídos testimonios de familiares de Jaime Enrique Navarrete, Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia y Steadman Fagoth Müller. Este último, líder indígena, permanece encarcelado tras haber denunciado la invasión de territorios indígenas.
Piden pruebas de vida y nuevas órdenes de liberación
Ante la Corte IDH, las organizaciones solicitaron que las medidas provisionales continúen vigentes y que el tribunal vuelva a ordenar la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias. También pidieron que Nicaragua presente pruebas de vida con verificación independiente de las personas cuyo paradero se desconoce, además de que la Corte reafirme el desacato del Estado frente a sus resoluciones.
Entre las personas cuya liberación fue reclamada expresamente se encuentran José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete, quienes, según las organizaciones, ya cumplieron las condenas que les fueron impuestas. Finalmente, los denunciantes solicitaron que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los Estados parte de la Convención Americana adopten medidas para presionar al Estado nicaragüense a cumplir las órdenes de la Corte Interamericana.
La nueva audiencia coloca nuevamente el foco internacional sobre el incumplimiento de las medidas provisionales dictadas para proteger a opositores, indígenas y otras personas detenidas en Nicaragua, mientras permanece sin respuesta la exigencia de conocer el paradero y garantizar la integridad de quienes continúan en condición de desaparición forzada.
Ortega guarda silencio ante nuevas denuncias ante la Corte IDH
Hasta el momento, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha emitido una respuesta pública específica a las denuncias presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la situación de 16 nicaragüenses beneficiarios de medidas provisionales. Nicaragua tampoco participó en la audiencia de supervisión celebrada por la Corte, en la que organizaciones de derechos humanos denunciaron que siete de las personas protegidas permanecen en condición de desaparición forzada.
La ausencia de una respuesta ocurre mientras organismos internacionales continúan cuestionando las actuaciones del Gobierno nicaragüense. La Corte IDH ha señalado el incumplimiento de resoluciones que ordenan proteger y liberar a personas beneficiarias de medidas provisionales, mientras que la CIDH ha documentado durante 2026 nuevos casos de personas detenidas cuyo paradero no ha sido informado oficialmente por las autoridades. En agosto, la Comisión incluso solicitó ampliar las medidas provisionales para proteger al monseñor Juan Abelardo Mata y otras cuatro personas, tras denunciar que se desconoce el paradero del religioso desde su detención el 30 de junio.
