La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) impulsó tres cambios en el orden del día de la Asamblea Nacional que desplazaron el debate sobre la crisis energética y la comparecencia del ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum. La decisión se tomó el 20 de octubre, mientras Ecuador enfrenta apagones, nuevas alertas por la reducción de las reservas en Mazar y las restricciones que afectan al sector productivo.
El pedido de fiscalización fue planteado por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, quien exigió explicaciones sobre la situación del sistema eléctrico y cuestionó los resultados de las soluciones de generación contratadas, entre ellas los proyectos vinculados a Progen y ATM. Sin embargo, el Pleno priorizó temas relacionados con contrataciones y servicios públicos municipales, que no son parte de sus competencias.
El accionar del Legislativo generó críticas sobre las prioridades del bloque oficialista y el papel de la Asamblea en el control político al Ejecutivo. Mientras las empresas enfrentan restricciones eléctricas y persiste la incertidumbre sobre el abastecimiento, la comparecencia del ministro quedó postergada, dejando sin respuesta legislativa inmediata las interrogantes sobre la gestión de la crisis energética
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